EDITORIALES
Urge romper el lesivo monopolio de medicamentos
Las angustias de doña María, uno de los personajes centrales del Reporte especial publicado ayer por este diario, deben terminar. Su narrativa, que refleja las preocupaciones que viven miles de guatemaltecos en la búsqueda de medicamentos a precios accesibles, debería ser suficiente para llamar la atención de todos. Sin demoras.
De acuerdo con el trabajo periodístico citado, en El Salvador se encuentran los mismos fármacos que se comercializan en Guatemala hasta un 70 por ciento más baratos. ¿Por qué ocurre tal situación? ¿Qué influye para que haya tanta diferencia en los precios? ¿Qué tiene que hacer el país para que esto ya no siga pasando?
Las explicaciones a estas interrogantes abundan. Y la mayoría de autoridades de los distintos organismos del Estado lo tiene claro, aunque opten por callar. Por dar largas. O, tal vez, porque sus capacidades económicas o las prerrogativas que ofrecen sus cargos les impiden pasar por estas penas. Lo cierto es que se han vuelto insensibles ante el dolor de los connacionales, irónicamente, quienes los eligen o pagan sus salarios.
Pero no todos cierran los ojos. No todo está perdido. Hay algunos que han puesto manos a la obra y enfrentan a ese monstruo de mil cabezas que camina a placer. A sus anchas, sin que nadie les haya plantado cara. Lo expuesto por el presidente Bernardo Arévalo pone en perspectiva el afán del Ejecutivo de frenar esos abusos. De parar la indolencia de quienes tienen la responsabilidad de minimizar la congoja de los enfermos.
Un buen inicio en este largo camino por recuperar la esperanza pasa por identificar el origen del problema y ofrecer soluciones. La génesis de la contrariedad la resumió Arévalo de esta forma: “El mercado está controlado monopólicamente y de manera corrupta”. En cuanto a las salidas, el Gobierno también presenta avances mediante la diversificación del mercado y la compra de fármacos a organismos internacionales, lo que permitirá abaratar las curas y ampliar la oferta.
Priorizar la salud es un compromiso de todos. Evitar que se siga comercializando con el pesar ciudadano es innegociable. Aliviar estas angustias debe convocar a todos. El Gobierno ha puesto el ejemplo. Ahora resta que el Congreso haga lo propio. Por humanidad. Por doña María.
EDITORIALES
La historia de codicia contada por el Presidente
El discurso ofrecido ayer por el presidente Bernardo Arévalo no tiene desperdicio. Duele, aunque explica con mucha precisión la calaña de esos personajes de cuello blanco y conciencia negra que asaltaron el poder. Sí, literalmente saquearon el erario, ante el resguardo de los organismos llamados a perseguir y juzgar la corrupción.
La franqueza con la que el mandatario recreó los saqueos impresionó a quienes están acostumbrados a ver y denunciar estos abusos. Expertos que conocen las dimensiones de la mezquindad hecha codicia, quienes se reunieron en el Congreso Internacional de Innovación y Participación Ciudadana: Hacia un Sistema Nacional Anticorrupción.
Aunque los casos descubiertos son incontables, basta parafrasear al jefe de Estado para entender la gravedad del asunto. En cada archivo que se lee se encuentra “una historia de codicia, de robo desmedido y de descaro”. Cada gaveta, escritorio o casillero esconde lo más bajo del ser humano. Su ferocidad. El delirio por acumular riquezas y llenar caletas.
Cientos, cientos de plazas fantasmas. Con funciones y salarios asignados a aparecidos que revivían, puntualmente, mes a mes, para cobrar salarios que, posteriormente, financiaban partidos políticos y campañas electorales. Que servían para pagar apoyos y conciencias.
Mafias que se aprovecharon de las necesidades humanas. Que no respetaron las plagas ni las pandemias, como ocurrió con el negocio de la compra de vacunas contra la Covid-19, transacción que se negoció al más alto nivel, aunque no se quiera ver, investigar e iniciar los procesos penales respectivos.
Estas historias de infamia, desconocidas, se hace necesario contarlas. Sacarlas a luz, para que no se olviden, para que no se repitan. Aunque a algunos los canse saber sobre la corrupción que pululó en otros gobiernos.
Enfrentar la codicia y mezquindad que campeó en las administraciones anteriores. Pero aquí no cabe el silencio, la complicidad. Está visto que Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera no están dispuestos a voltear la vista, a hacerse los desentendidos.
Guatemala se merece mejores recuerdos. Reescribir su historia, pero sin dejar de señalar a quienes llevaron al país a la pobreza, al subdesarrollo, al despeñadero.
EDITORIALES
Guatemala necesita un periodismo libre, sin censuras
La firma de la Declaración de Chapultepec permite reflexionar sobre la necesidad de que los periodistas ejerzan su trabajo de manera libre. Sin temor a ser perseguidos o silenciados. O, en el peor de los casos, que se autocensuren para evitar represalias de quienes se creen y se sienten intocables. Es un acto que premia la complicidad y reprende a quien señala errores o descubre corrupción.
En ese marco se debe juzgar lo expresado por el presidente Bernardo Arévalo, quien se niega a que el sistema intimide y amenace a quienes se desempeñan en el mejor oficio del mundo, como lo dijera en su momento el laureado Gabriel García Márquez.
Frenar el trabajo de la prensa tiene el mismo sinsentido que pretender evitar que el médico cure, el ingeniero construya o el maestro enseñe. Es querer quitarle al fiscal su obligación y derecho a investigar o a un juez la facultad de juzgar.
Por eso, es bueno recordar y tener presente que no existe en el mundo una democracia que conviva con la mentira, que persiga, sin consecuencias, las libertades de prensa y expresión. Los guatemaltecos ya no toleran los abusos y el descaro de quienes juegan a reyes, de dictadorzuelos. De quienes no toleran la crítica.
Hoy, como lo advierte Arévalo y lo ha expresado la vicemandataria Karin Herrera, Guatemala avanza, se desarrolla, en pensamiento y obra. El Organismo Ejecutivo está abierto a los juicios de valor. Conoce la trascendencia del libre juego de ideas. De las visiones plurales. Escucha y medita. No persigue, no calla, no intimida.
Suscribir la Declaración de Chapultepec va más allá de un asunto de principios. Es la creencia absoluta de que la verdad siempre debe prevalecer. Por muy dura que sea. Se oponga quien se oponga.
Después de las malas experiencias recién vividas. Tras la obvia criminalización del ejercicio, el Gobierno abraza el decálogo de principios que vienen con el citado documento.
En especial, lo relativo a que la prensa “y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”. Y, menos aún, que se sancione la crítica o que se persiga a quienes denuncien el abuso de poder. Sobre todo, cuando el poder ha sido abusivo, corrupto y, además, intolerante.
EDITORIALES
Oportuno apoyo para bajar déficit de vivienda
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo y Karin Herrera ha iniciado con mucho entusiasmo y determinación, proyectos que permitan a miles de familias, tener acceso a créditos para la compra de una casa.
La visión de la actual administración es fortalecer el Fondo para la Vivienda (Fopavi) y, paralelamente, darle vida a un programa con 750 millones de quetzales, administrados por el Crédito Hipotecario Nacional para que los núcleos familiares de menos ingresos puedan gestionar préstamos a tasas de interés más blandas.
Como parte de estos planes, el mandatario ya inauguró el Programa Mi Primera Casa, mientras que el Fopavi, también ha empezado a darle mayor facilidad a las personas que solicitan un subsidio en esa entidad.
Sin lugar a dudas, el gran problema del pasado, que ha impedido que los ciudadanos con menos capacidades económicas logren el sueño de tener una morada, ha sido la eterna corrupción.
La dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ha sido foco de saqueos durante las administraciones gubernamentales anteriores, maniobras que ahora el presidente Arévalo trata de impedir. Hoy, hay más controles al momento de desembolsar el aporte subsidiario.
Se establece que los 35 mil quetzales que cada grupo hogareño recibe se destinen, específicamente, a la adquisición de una unidad habitacional, pero también que esa construcción reúna los estándares mínimos de calidad, pues anteriormente, a los pocos meses de su entrega, ya tenían problemas estructurales como filtraciones de agua en paredes o daños en los techos.
Por supuesto que, en cuatro años, el déficit habitacional, que supera 1.5 millones, no será resuelto, pero por el momento sí se cuenta con una visión diferente de cómo afrontar estas carencias.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, en los cuatro años de la actual administración, se espera que unas 10 mil familias cuenten con una casa digna. Este año se prevé financiar 350 construcciones y en 2025, llegar a las 3 mil 500.
En términos más amplios, también se impulsa la atracción de más inversiones nacionales y extranjeras que puedan dejar una derrama económica más amplia y, con ello, también elevar el nivel ingresos de los trabajadores que no tienen donde vivir.