Cortesía: Vicepresidencia

Durante una reunión con diputados del Congreso de la República, la vicepresidenta Karin Herrera presentó la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Penitenciario (SP), que busca proteger a los menores de la trata y violencia sexual.

Con estas propuestas la funcionaria, por medio de la Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas (SVET), pretende que el Estado aumente los cuidados en los centros de privación de
libertad.

El anteproyecto incluye medidas como la delimitación de visitas, la regulación y prohibición de ingreso de menores a los centros carcelarios.

“Es fundamental para fortalecer la prevención de que niñas, niños y adolescentes puedan ser víctimas de explotación”, comunicó, recientemente, la vicegobernante por medio de sus redes sociales.

Raúl Barrera, diputado electo por el Movimiento Semilla, explicó que han identificado que se permite, indebidamente, el acceso de menores de edad para que tengan relaciones íntimas con prisioneros, por lo que se quiere evitar la visita de quienes nos sean familiares de los reclusos.

Giovanni Pérez

Fotos: SCSPR

La próxima elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es trascendental para Guatemala. Por ello, se espera que sea transparente y limpia.

El pasado martes, el Congreso de la República convocó a conformar la Comisión de Postulación para la CSJ y Corte de Apelaciones. De acuerdo con la ley respectiva, este llamado debe hacerse seis meses antes de que los togados de turno cumplan su período, el cual vence el 12 de octubre de 2024.

“Entendemos que es un proceso fundamental, porque nos estamos jugando el futuro de la democracia del país. Con una fase sin presiones por parte de grupos criminales, vamos a tener la posibilidad de rescatar las instituciones de Justicia”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo, después de una cita en Santa Elena, con alcaldes de Petén.

“En esto, esperamos contar con el concurso de todos los actores del Estado, pero habrá que pedirles que tengan claro de qué lado están: de la democracia y el pueblo o de los corruptos de siempre”,
agregó el jefe de Estado.

Electricidad y Fonpetrol

Luego de décadas de mal servicio en el fluido eléctrico en Petén, se hicieron las pruebas finales para la construcción y conexión de una línea de transmisión que beneficiará a gran parte del mencionado departamento.

“Esta conectará a Morales, Izabal, hasta Modesto Méndez, y agregará 25 megavatios más a la potencia anterior”, expresó el gobernante.

En relación con el Fondo del Petróleo (Fonpetrol), el mandatario afirmó que el tema fue abordado con los alcaldes. “Les hicimos ver que es un fondo en el que contribuye el conjunto de la actividad petrolera del país, no únicamente un pozo como Xan que está por ser cerrado, por operar ilegalmente en una zona protegida.

En el fondo contribuyen todas las compañías petroleras, especialmente las que están empezando a encontrar gas natural en Petén”, destacó el dignatario.

Recordó que Perenco opera ilegalmente el pozo Xan, gracias a una extensión del contrato que se hizo de manera ilegal hace 15 años. “No se van a extender permisos que no estén en plena legalidad”, puntualizó.

En cobán

Más tarde, el dignatario se reunió en Cobán, con jefes ediles de Alta Verapaz. Con ellos revisó el estado de proyectos que incluyen agua y saneamiento.

El presidente aseguró que el gobierno que dirige junto a la vicemandataria Karin Herrera continuará con estrategias y programas que contribuyan a reducir los índices de desnutrición en ese departamento.

Se trabaja en estrategias con las que esperan mejorar las condiciones de vida de los altaverapacenses, concluyó.

Proyectos bajo análisis

Las obras paralizadas en el departamento de Petén fue uno de los temas abordados ayer por el presidente Bernardo Arévalo con alcaldes del mencionado departamento.

“Se les hizo ver que están en proceso de revisión los contratos para entender las razones por las que han sido suspendidos y no tienen fondos asignados.

Se define si un problema de corrupción o administrativo ha generado el retraso”, afirmó Arévalo.

En relación con algunos planes de desarrollo, dijo que no están detenidos porque se ha autorizado que esa labor que cumplen los gobernadores sea ejecutada por los directores de los consejos de desarrollo.

Wendi Villagrán

El desembolso de 22 millones 278 mil 777.1 quetzales en concepto de indemnización y pago de prestaciones a nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado malestar social y críticas entre los guatemaltecos.

El abogado Edgar Ortiz calificó esta acción como una “mala práctica” que debe ser eliminada. Según Ortiz, resulta ilógico indemnizar a funcionarios que ocupan cargos de período fijo, ya que su cese está programado y es parte inherente de su función.

“Le exigimos a la Corte Suprema que revise esos acuerdos, pues no tiene ningún sentido que los magistrados gocen de esos beneficios y debe ser algo que cambie con la actual magistratura”,
declaró Ortiz.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, respaldó estas opiniones y argumentó que las
autoridades no deberían recibir dichos privilegios, en especial, cuando existen instituciones equivalentes donde los mandos no gozan de tales ventajas.

Nueve años en el poder

El período en el que los exmagistrados ocuparon sus cargos se prolongó debido al retraso en la elección de togados a la CSJ y Salas de Apelaciones, entre 2019 y 2024.

Esta demora obligó a la magistratura designada para el período 2014-2019 a extender sus funciones, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la prórroga.

En 2023 asumió la actual Corte, lo que desentrampó el proceso para liquidar las prestaciones e indemnizaciones a los salientes.

Desde los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad del OJ, se informó que fueron indemnizados únicamente nueve de los 13 exintegrantes de la Corte, pues uno de ellos fue reelecto y los otros tres eran suplentes.

Por indemnizaciones se entregaron 8 millones 999 mil 553.76 quetzales a los funcionarios judiciales, y por concepto de prestaciones fueron desembolsados 13 millones 279 mil 223.30.

La expresidenta de la CSJ Silvia Valdés fue la magistrada que recibió la mayor compensación, con más de 3 millones de quetzales, mientras que los otros ocho recibieron 2.5 millones de quetzales cada uno.

Luis Carrillo Fotógrafo: Archivo