Es una apuesta por el futuro. Inclusiva. Una inversión pensada en los niños y los adultos mayores. Pero también en las mujeres y en los enfermos de cáncer. Incluye financiar programas sociales que llegarán a los sectores más vulnerables. En fin, el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2025 es el plan de desarrollo que anima al gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera.
Basta revisar la iniciativa, que incluye un techo de 148 mil 526 millones de quetzales, para constatar que está pensando en el futuro y el desarrollo del país, así como en el bienestar inclusivo. Además, mejora las asignaciones para el sector justicia y el de los órganos llamados a desempeñar un papel de contrapeso de los organismos que reciben fondos del Estado.
Hay más. El 67 por ciento de la inversión proyectada se financia con ingresos provenientes de los impuestos y contiene estrictos controles que garantizan la auditoría social y cimientan la transparencia en las dependencias públicas.
¿Por qué el anteproyecto es valiente? Porque permitirá romper con la mafia que hay detrás de la compra de medicamentos. Un mecanismo que encarece la adquisición de fármacos a costa del vil enriquecimiento de unos pocos, quienes encuentran en esos renglones la fórmula para financiar campañas y comprar voluntades.
La propuesta ordena que se priorice la compra o adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos, equipo médico e insumos, por medio de convenios, con entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o con agencias del Sistema de las Naciones Unidas, entre otras.
Lo mismo ocurre con los acuerdos para dotar de alimentos a familias vulnerables o de insumos agropecuarios a campesinos. La iniciativa, valga decirlo, es un golpe contra los corruptos y un impulso por devolver la decencia a las instituciones públicas.
Con seguridad, este es un anteproyecto perfectible. Que se puede mejorar si se piensa en los connacionales. Sin embargo, no admite retrocesos en materia social y, menos, los infames saqueos que sostienen al pacto de corruptos.
