La decisión del Gobierno guatemalteco de conceder certificaciones de permanencia humanitaria a 207 mexicanos que optaron por desplazarse al país, para evitar ser víctimas del enfrentamiento entre narcotraficantes que se registra en sus comunidades, es oportuna para agradecer la solidaridad que esa nación ha tenido con miles de connacionales.
Esta relación, que supera los normales vínculos de convivencia entre los Estados, se hizo evidente a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando más de 46 mil connacionales huyeron despavoridos de las olas de represición planificadas por los gobernantes de turno. Aquellos eran los tiempos del enfrentamiento armado interno que azotó este territorio, el cual provocó un dolor que se cuenta con miles de muertos y desaparecidos.
Aunque el listado de compatriotas que se asilaron en la vecina nación es interminable, conviene recordar que la mayoría formaba parte de la llamada materia gris que existía en esos tiempos. Como suele ocurrir en los exilios, muchos conciudadanos no solo salvaron sus vidas y las de sus familias, sino que terminaron desarrollándose en sus áreas de conocimiento y forjaron una existencia plena, aunque lejos de sus raíces.
Hoy, Guatemala lamenta la violencia que ocurre en las zonas fronterizas mexicanas, pero acoge fraternal y responsablemente a las familias que necesitan ayuda, entre quienes se contabilizan niños y mujeres, sectores que siempre son los más vulnerables.
Tristemente, las salidas forzadas no quedaron en la historia nacional; al contrario, en estos momentos el propio gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera da fe de la persecusión.
Decenas de connacionales han debido enfrentar el exilio por las políticas que la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), jueces y magistrados emprenden contra quienes critican un sistema de justicia que persigue la decencia y custodia la corruptela.
Sin embargo, conviene confiar que, en un futuro cercano, el traslado a otros países sea motivado por asuntos de índole personal y no por actos criminales, como los descritos con anterioridad.
