El gobierno abierto es fundamental para la política general de gobierno.
Cuando hacemos mención al gobierno abierto nos referimos a la acción gubernamental orientada al fomento de la participación ciudadana, en la administración pública del país, por medio de brindar desde el ámbito gubernamental, espacios o conductos formales y permanentes para que la misma pueda acceder a la información de la institucionalidad político-administrativa, misma, que puede ser utilizada para una mejor toma de decisiones públicas que mejoren la situación administrativa del Estado y contribuya a hacer más transparente el ejercicio de la función pública por medio de fomentar la auditoría social y la rendición de cuentas.
El gobierno abierto puede contribuir con el logro de resultados plasmados en las prioridades contenidas en la actual política general de Gobierno, como lo son la prioridad de la cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado, ya que por medio de la creación de una Comisión de esta naturaleza impulsada por la Alianza para la Transparencia, y la implementación de un programa de gobierno electrónico, se puede acercar el Gobierno a la ciudadanía de mejor manera en el uso de las tecnologías de información y comunicación, contribuyendo con ello no solamente a hacer más transparente el ejercicio de la gestión pública, sino al hacer más accesible la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, lo cual fomentará el acceso a la información, la desconcentración administrativa, la gobernanza y la legitimidad política.
Existen algunos instrumentos internacionales no vinculantes en el país porque no han adquirido fuerza jurídico-legal, pero de los cuales Guatemala, ha sido firmante y que pueden contribuir a fomentar el gobierno abierto, tales como la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico; la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano con Relación a la Administración Pública, del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo -CLAD-, que es un organismo público internacional respaldado por la Asamblea General de Naciones Unidas, del cual el país forma parte y que deben ser de plena observancia para la implementación de este tipo de iniciativas gubernamentales.
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