Una guerra anunciada

Hay que reconocer la incansable labor que las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), en conjunto con el Ministerio Público (MP), llevan a cabo en su combate frontal contra las pandillas, las extorsiones y el sicariato que mantienen atemorizada y en zozobra a la población. Prueba de ello, el operativo a gran escala denominado Escudo Regional 2, que se efectuó el 18 de abril de este año, en 13 departamentos del territorio nacional, el cual, produjo excelentes resultados, pues 95 personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con actos criminales.

Vale indicar que dicha acción, dirigida contra las estructuras delincuenciales también fue realizada en El Salvador y Honduras, con el objetivo fundamental de apresar a integrantes o colaboradores de la Mara Salvatrucha que se dedican a infundir temor entre los habitantes de la región centroamericana. En nuestro país, esa operación tuvo la participación de más de 2 mil elementos policiales, 136 investigadores de la PNC y 206 auxiliares fiscales del MP, quienes por medio de una investigación exhaustiva lograron la ubicación de cada uno de los hoy capturados en más de 200 allanamientos. Las pesquisas permitieron descubrir la implicación de Lucindo Chávez Cifuentes, comisario de la Policía Nacional Civil, de servicio en el departamento de Chimaltenango y de Ariel Salvador de León, coronel activo de la institución castrense, segundo comandante regional de Occidente, en Quetzaltenango, señalados de abuso de autoridad, lavado de dinero y de ser los principales cómplices de los pandilleros.

Toda vez que, con sus acciones al margen de la ley, no solo lavaron (disfrazaron) más de Q70 millones en el sistema bancario, sino fueron acumulando grandes cantidades de dinero como en el caso del militar que manejó Q14 millones y más de US $100 mil en diversas cuentas bancarias en 8 años. Sin duda, la guerra contra las maras está declarada y el esfuerzo de las autoridades encargadas de velar por la seguridad ciudadana y controlar a los antisociales que cometen actos de terrorismo urbano merece la cooperación de la población. En tal sentido, se necesita tanto del involucramiento de entidades internacionales que ayuden a investigar a los poderes paralelos incrustados en las instituciones estatales, como el de un sistema de justicia fortalecido y creíble, con jueces probos, transparentes e incorruptibles que no les tiemble la mano en el momento de dictar sentencia contra esos parásitos sociales, que han hecho de la muerte y del horror de las y los guatemaltecos su modus vivendi. Por ello, es necesario que como ciudadanos auténticos y comprometidos con nuestro país y su futuro generacional coadyuvemos con denunciar cualquier anomalía o persona que se dedique a delinquir, asesinar y extorsionar a gente honesta y trabajadora generando pánico, intranquilidad social e incertidumbre. No permitamos que las pandillas se adueñen de la nación, ya es tiempo de unirnos y acabar con esa pandemia que no solo contagia a nuestra niñez y juventud, sino que
diariamente las aniquila.

Fernando Lucero