Una función primordial

Garantizar derechos fundamentales implica el fortalecimiento de la administración pública.

El Congreso conoció el martes 16 de febrero el informe anual de gestión de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el cual es de suma importancia, ya que el mismo refleja el cumplimiento,  la función y el quehacer de los distintos entes administrativos, debido a que los mismos se instituyen principalmente para garantizar y proteger los derechos humanos de la población.

No solamente la PDH y la CC, instituciones que surgen con la Constitución Política de la República, del 31 de mayo de 1985, son responsables de proteger los derechos individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos, y por el otro, de defender los mismos que se encuentran consagrados en la Constitución, sino todos los órganos administrativos deben orientar su función a la  garantía de los derechos fundamentales de la población, ya que no existe actualmente en un verdadero régimen democrático institución pública alguna que no oriente su fin al cumplimiento de los derechos humanos. El fin de la administración pública es servir a la sociedad, a través de generar las condiciones necesarias para que los Estados cumplan con su deber, por medio de la prestación eficiente de servicios que se traducen en mejoras en las condiciones de vida de la población. Al analizar dicho  informe, podemos concluir que deben fortalecerse las instituciones públicas que son las principales instancias que hacen efectivos los derechos humanos, generando acciones tendentes a erradicar los vicios en la administración pública que generan desconfianza e incapacidad para el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Si bien existen mecanismos para iniciar procesos al momento de que las instituciones no cumplan con brindar la atención necesaria para que se respete y proteja el cumplimiento de estos derechos, los funcionarios al frente de las instituciones públicas deben tener siempre en consideración que toda acción administrativa debe orientarse persiguiendo este fin.

Actualmente, es imperante seguir con iniciativas gubernamentales, como las políticas públicas en materia de derechos humanos y en educación en derechos humanos (2006-2015) fortaleciendo dentro de las mismas el componente de las obligaciones y responsabilidades de la administración pública con respecto a los derechos humanos.