La decisión tomada por los congresistas en 2021, cuando aprobaron la Ley Temporal de Desarrollo Integral, implicó mucho más que un resarcimiento justo y digno para quienes defendieron la soberanía nacional, y se convirtió en un programa que ha dejado grandes avances en materia social y ambiental.
Desde el principio, dicha normativa, que en su momento también permitió mantener la tranquilidad en el país, ha tenido apoyos de sectores claves, los que vieron que el decreto hacía justicia a un grupo de exmilitares que tuvo una gran contribución en la consolidación de la República.
De esa cuenta, y en pleno respeto de lo ordenado por el Parlamento, el Organismo Ejecutivo ha cumplido con la planificación, ejecución y financiamiento de lo estipulado por los congresistas. Por ejemplo, delegó en los ministerios de Ambiente, Defensa y Desarrollo Social la elaboración de un plan que permitiera honrar las atribuciones delegadas.
En este sentido, se definieron y asignaron las labores pertinentes para que el grupo objetivo pudiera acceder a los beneficios. Básicamente, se crearon cuatro proyectos: Educación ambiental, Limpieza y clasificación de desechos sólidos, Producción de árboles para viveros y Reforestación de tierras estatales.
Seguidamente, se fijaron las condiciones de pago, las cuales se ajustaron a los controles que el Gobierno ha impuesto para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Como se sabe, cada excombatiente recibirá Q36 mil, cantidad que se entregará durante 3 años a razón de Q1 mil por mes, previa comprobación de que ha efectuado lo comprometido.
Lo cierto es que, de 2021 a la fecha, el Ministerio de Finanzas Públicas ha desembolsado Q262.9 millones, mediante 181 937 transferencias monetarias, las cuales han llegado a 42 mil militares en condición de retiro, lo que ha hecho justicia a quienes prestaron sus servicios a la patria.
