En el Palacio Nacional de la Cultura se firmará hoy el Pacto Ambiental 2016-2020, impulsado por el gobierno de transición, con lo cual se sellarán los compromisos para atender la temática del entorno guatemalteco.

Y es que Guatemala está en una situación crítica, debido al uso inadecuado de los recursos naturales. La brecha entre lo que se extrae y lo que la naturaleza puede dar sin dañar crece de manera acelerada. De continuar así, el vulnerable y frágil sistema colapsará y, consecuentemente, la economía, el tejido social y la dignidad.

Por ser este territorio un miembro más de la comunidad global de países se debe, y puede, ser parte de la solución del problema. Como bien lo dijo el presidente Alejandro Maldonado Aguirre: “El papel del Estado en la gestión ambiental es clave, pues un entorno sano, capaz de brindar bienes  y servicios de manera continuada es un bien público; por lo tanto, es al Estado al que le corresponde velar por su uso sostenible”.

El Pacto Ambiental 2016-2020 es un acuerdo político entre todos los sectores, alrededor de una visión de sostenibilidad y de acciones urgentes para comenzar a reconstruir el basamento del desarrollo, con el resultado de una Guatemala verde, limpia, competitiva y re-
siliente para todos. Por ello, este proyecto cuenta con la participación democrática de ecologistas, la academia, el sector privado, organizaciones indígenas, cooperativas, gobiernos municipales, de desarrollo rural, así como de funcionarios públicos. 

Con este acuerdo se espera apoyar, facilitar y promover la implementación de la Agenda Ambiental 2016-2020; buscar medidas para hacer más efectiva la institucionalidad respectiva; contar con suficiente financiamiento para el fin; construir una alianza para acompañar la implementación del Pacto y apoyar esta iniciativa para impulsar el desarrollo sostenible.

Con el Pacto se pretende poner en marcha dicha Agenda en los próximos cinco años, girando alrededor del cuidado del agua, la reducción de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad, la mejora de la gestión ambiental, limpiar el país de residuos sólidos, producción sostenible y preparación para el cambio climático.

Se recalca que el papel del Estado es clave, y en ese sentido, el Gobierno debe jugar el papel que le corresponde. Es urgente generar legislación apropiada y oportuna; conducir procesos administrativos eficientes y transparentes, prevenir y combatir la corrupción y permitir y aprovechar la riqueza que viene de la participación social, como lo manifiesta el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La agenda está planteada. Le toca a las autoridades que tomen posesión el 14 hacerla suya y tomarla como columna vertebral de su gestión en el ramo.