EDITORIALES
Un Ministerio que dejaron en trapos de cucaracha
Desolador. Así puede calificarse el estado en que el anterior gobierno dejó el sistema educativo oficial. La gravedad de esa ingratitud no solo refleja incapacidad sino, peor aún, la escasa visión de país que caracterizó a Alejandro Giammattei y su equipo de trabajo.
Para demostrar el retroceso al que se llevó la enseñanza y el aprendizaje en los últimos cuatro años, conviene citar evaluaciones que hace la actual encargada del Ministerio de Educación (Mineduc), Anabella Giracca.
Veamos. Siete de cada 10 alumnos de primaria muestran un déficit en lectura y escritura. Más de 5 mil 300 establecimientos no cuentan con agua y 21 mil no tienen drenajes, mientras que otros 8 mil 587 mil están sin electricidad, las aulas de 19 mil planteles carecen de puertas y ventanas y en 17 mil hay goteras en los techos.
A cambio, se apostó por un seguro médico poco efectivo, que despertó muchas dudas en torno a la probidad con que fue manejado. Igualmente, nebulosa había sido la contratación de docentes y personal técnico y administrativo. En este proceso se priorizaban las recomendaciones y sugerencias políticas, en detrimento de los méritos académicos y del recorrido en las aulas.
Hoy, se busca revertir el colapso del sistema y promover otro más acorde a las necesidades nacionales, con catedráticos más comprometidos y con mayores capacidades, donde el alumnado reciba, verdaderamente, el pan del saber y salga preparado para tomar las riendas de un país que necesita de su talento humano para alcanzar mayores niveles de prosperidad y desarrollo.
Pero para retomar el rumbo correcto, es preciso empezar desde el inicio. Pensar en el país y no en los dirigentes. Buscar el traslado de conocimiento y no en repartir reinados. Hay que ofrecer escuelas dignas y programas sociales decentes y cristalinos que contribuyan a evitar la deserción y rechace el saqueo del erario. Es preciso, como bien dice la ministra Giracca, que el Mineduc retome la rectoría de la educación pública y encienda las luces donde ha reinado la oscuridad.
Para desplomar la infraestructura del país bastan un par de soplidos, es el chascarrillo recurrente que se escucha cuando se habla del constante derrumbe de puentes y carreteras. Lo cierto es que el tema, más que un chiste, es un asunto serio y delicado, sobre todo por las oportunidades de desarrollo que pierde el país con estos monumentos a la corruptela y al saqueo.
La reflexión viene a cuento luego de escuchar al ministro de la Defensa, Henry Sáenz, advertir la vulnerabilidad en que se encuentra la mayoría de estas plataformas, tanto por su mala calidad como por la despreocupación de las anteriores autoridades para darle el debido mantenimiento.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en su informe general por la época de lluvias, reportaba ayer que 31 puentes han resultado afectados y cinco destruidos; además de que 414 carreteras han sido dañadas a causa de las lluvias.
Lo cierto es que el reiterado número de desplomes y socavamientos debiera ser motivo para que un Ministerio Público (MP) independiente y comprometido inicie las pesquisas que permitan determinar si los daños son producto de la fuerza de la naturaleza o, como se cree, por la pésima calidad de las estructuras.
Claro, una Contraloría General de Cuentas comprometida con la decencia y probidad en la función pública estaría fiscalizando cada centavo invertido, para evitar el saqueo inescrupuloso del erario.
Los guatemaltecos merecen que los organismos del Estado den muestra de que, en verdad, no solo combaten las mafias, sino que persiguen a sus cabecillas y evitan, a toda costa, que se postulen a cargos públicos, dirijan las principales instituciones judiciales, investigativas, políticas o académicas de la nación o deambulen tranquilamente porque se saben inmunes y protegidos.
El panorama gris que enfrentan los ciudadanos, por la amenaza de un invierno potente e infraestructura frágil bastaría para que, en un acto de nacionalismo o expiación, el Congreso apruebe el reajuste del presupuesto que dote al Ejecutivo de los recursos que permitan que se refuercen o reparen esos reflejos del despojo.
Para la diputada Laura Marroquín, electa por el partido Semilla, el informe de la Alianza por un Congreso Eficiente muestra la manera en que algunos partidos que han gobernado, representados en el Organismo Legislativo, han “torpedeado” el trabajo del binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Para argumentar su criterio, la parlamentaria cita que solo el anterior ministro de Salud, Oscar Cordón (renunció el 12 de junio pasado), atendió 331 requerimientos, lo que hizo imposible que se concentrara en sus responsabilidades. Adicionalmente, advierte de situaciones parecidas que atraviesan otros integrantes del Gabinete, lo cual, concluye, paraliza la función pública.
Entre las conclusiones del citado grupo, compuesto por las organizaciones Guatemala Visible, Fundación Proyecto de Vida y Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, destaca que los representantes del pueblo utilizan más tiempo en convocar funcionarios e inquirir al Ejecutivo, que en el análisis de iniciativas que promuevan las mejoras sociales y económicas que necesita el país.
Además, vislumbran que en el segundo semestre del Legislativo se pueda abusar del derecho de interpelación, lo que redundaría en mayores retardos en el Gobierno.
Las democracias, sistema que impera en Guatemala gracias a la oposición social a la intentona golpista que surgió tras las elecciones generales de 2023, definen claramente las funciones de los Organismos del Estado y muestran, con mucha claridad, el papel de cada uno para conseguir el bienestar total de los ciudadanos.
De esa cuenta, sería torpe cuestionar el papel fiscalizador de los diputados, siempre y cuando ese derecho, como todos los demás, no limite o impida funciones consagradas en la Constitución Política de la República, como pareciera suceder cuando se interpreta el informe de la Alianza.
Además, conviene que los diputados, antes de ordenar casas ajenas, arreglen la propia, y noten que su ejecución presupuestaria a mayo era la más baja de los últimos cinco años, que 14 de las 38 salas no recibieron proyectos de ley y que de los 12 decretos solo dos vinieron del actual Pleno.
Sí, los pesos y contrapesos son indispensables para el funcionamiento respetuoso y efectivo de las instituciones, pero cuando se utilizan para otros fines debe reprobarse y, por el bien del país, exigir que sea corregido.
La descripción que hace el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, de la red vial del país es clara y contundente. Según el funcionario, el país vive, valga el término, una “tormenta perfecta” producto de irresponsabilidades de anteriores administraciones como el abandono de puentes y carreteras,
poco mantenimiento y pésimas construcciones, sumado a la actual imposibilidad del Estado
para ejecutar los recursos de los que dispone ante la ausencia de partidas presupuestarias que avalen legalmente la inversión.
En una cita de trabajo en el Congreso de la República, el funcionario describió el desastre del sistema de conexión terrestre heredado por los últimos gobiernos, el cual priorizó el saqueo de fondos públicos.
Alvarado destacó que la época de lluvias apenas comienza y aunque los aguaceros no son extremos, las carreteras ya resienten los daños. Lo ocurrido en el tramo ubicado en el kilómetro 44 de Palín, Escuintla, y en el puente Colorado, El Progreso, Jutiapa, dimensionan los estragos que las precipitaciones pueden causar en infraestructuras que, en apariencia, no tuvieron los diseños, trabajos y mantenimientos que las condiciones ameritaban.
La debacle se termina de complicar por los términos de los contratos suscritos, los cuales dejan en clara desventaja al Estado y en franca superioridad a los contratistas. Si esto fuera insuficiente, hay que recordar que en la actualidad el Organismo Ejecutivo cuenta con los fondos para atender la emergencia, pero no puede invertirlos puesto que necesita que el Congreso autorice las partidas que legalicen los desembolsos.
La emergencia que atraviesa Guatemala requiere acciones prontas y compromisos serios de funcionarios, políticos y parlamentarios. Aprobar el Estado de Calamidad que permita prevenir desastres mediante la rápida intervención de la infraestructura que lo requiera y disponer de fondos para reparar la que se desplome es el primer paso.
El segundo, de capital importancia, es que se persiga y castigue a los responsables de estas perversidades, cuyos nombres y rostros son altamente conocidos, aunque, al parecer, muy cuidados por jueces y fiscales.
