Este fenómeno delictivo vulnera la percepción de seguridad ciudadana e inhibe la inversión.
La plaga de las extorsiones sigue causando estragos en el país y alarmando a la ciudadanía, ahora, ni las escuelas se salvan de ese yugo que tiene sometida a la población. Derivado del constante acoso que mantienen las pandillas en Jocotales y Tierra Nueva, jurisdicción del municipio de Chinautla, hay diversos establecimientos educativos que han decidido cerrar sus puertas por temor a que los estudiantes o maestros sufran algún atentando, al negarse a pagar el impuesto requerido (Q1 por alumno y Q15 por profesor) ¡Vaya semejante atrocidad de mentes diabólicas!
¿Hasta cuando comerciarán estás bandas delincuenciales con el miedo de las personas quitándoles la paz? Se ha vuelto común la infestación de pandillas extorsionistas en los pequeños y medianos negocios que funcionan en la ciudad y en algunos municipios.
Ello, obliga a las autoridades de Gobierno a reasumir un replanteamiento de las estrategias en el tema de seguridad ciudadana para hacerle frente a esas organizaciones criminales que se han adueñado del territorio nacional haciendo lo que les da la gana.
Sin duda, que el delito de la extorsión tiene efectos estructurales de alta intensidad que ponen en peligro a nuestra nación que demuestra su debilidad en estos momentos aciagos que atravesamos, tanto en lo social, como en lo económico. Aunado al daño psicológico y físico al que nos exponemos de no atender las exigencias de esas bandas delictivas.
Vale indicar que los esfuerzos que el Ministerio de Gobernación (Mingob) realiza en su lucha frontal contra el flagelo de las extorsiones no se detienen, pues las investigaciones y capturas continúan dando frutos.
Sin embargo, se necesita tanto del accionar del sector justicia, apegándose a derecho en sus resoluciones, para que concluyan en el encarcelamiento de estos parásitos sociales; y el de la población que debe presentar la denuncia de cualquier persona que se dedique a extorsionar o si conoce algún caso, en el cual alguien está siendo víctima de estos grupos creadores de la zozobra y el pánico.
En consecuencia, este fenómeno delictivo vulnera la percepción de seguridad ciudadana e inhibe la inversión de pequeños y medianos empresarios, pues ponen en riesgo el desarrollo económico nacional y regional.
Es imperativo que el Estado opere las políticas contra ese delito, pues la desestabilización que padecemos desde hace ya algún tiempo, y que nos mantiene a merced de los pandilleros, cobra cada día más impacto en la vida de las y los guatemaltecos.
Aquí la importancia de la construcción de políticas públicas y de seguridad ciudadana enfocadas en la criminalización y victimización, es decir, identificando las características de la relación entre víctimas y victimarios, que prevengan, desincentiven y combatan la extorsión garantizando el bienestar poblacional.
No permitamos que la situación se desborde y se salga de control, pues la avalancha de violencia y muerte entre más avance menos podrá contenerse. Recordemos que la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos.
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