EDITORIALES
Un Gobierno que se ocupa de combatir el trabajo infantil
La orden de la vicepresidenta Karin Herrera, para que se consolide un plan integral contra el trabajo infantil, dimensiona la importancia que este Gobierno le da a dicho problema. El referido flagelo, que atenta contra el futuro de niños y adolescentes, es un asunto que ha preocupado a las anteriores administraciones, aunque no existen rastros concretos sobre avances en la materia.
Hoy, hay una visión y actitud distintas. Ahora, además de angustiar, el tema ocupa. El jefe de Estado, Bernardo Arévalo, y Herrera ponen manos a la obra y se giran instrucciones para que se ordene la información y planifiquen acciones que combatan, cuanto antes, este abuso.
El binomio presidencial sabe que no hay tiempo que perder. Que los menores no solo requieren oportunidades de crecimiento, sino, más importante aún, espacios y tiempos para estimular sus habilidades y competencias.
No es posible seguir tolerando las ingratas imágenes de niños parados en semáforos suplicando monedas. Mendigando por su sustento. Menos aún se puede seguir conviviendo con la impunidad que gozan algunos mayores, quienes se aprovechan de la inocencia de los pequeños para vivir a placer o financiar sus vicios.
El país debe cambiar. Guatemala necesita cerrar este y otros capítulos que frenan el desarrollo. Que se roban la niñez y la esperanza de un porvenir inclusivo y justo. Es inobjetable que esta es una responsabilidad del Estado, pero requiere que todos pongan sus granos de arena, en especial los pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes contratan a infantes a sabiendas que contribuyen a alejarlos de las escuelas, de la diversión y de la convivencia social.
“Establecer, de manera urgente, un plan para erradicar el trabajo infantil”. Esas son las instrucciones. Este es el mensaje que ha de resonar en las conciencias de los funcionarios a los que se ha llamado a enfrentar esta ingratitud.
Llevar a los niños y niñas a las aulas, al parque o a los campos deportivos debe ser la nueva realidad. La próxima tarea. El compromiso que nos ocupe y no solo preocupe.
Francamente, pavorosa. Así describe el encargado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, el estado de la infraestructura vial heredada. Una situación que, a todas luces, rebasa las capacidades ejecutivas de la cartera y la de cualquier institución pública y privada, nacional o extranjera.
La situación, ya de por sí crítica, se complica cuando fenómenos naturales evidencian la poca calidad con que se construyeron las obras. Costosas, valga decir.
Un informe del CIV, presentado ayer por Alvarado, revela datos escalofriantes. Datos que alarman y ponen en perspectiva por qué esta cartera era la preferida de las mafias. La preferida del pacto de corruptos, para decirlo con claridad.
Este es el detalle: de los 1 mil 260 puentes que hay en el país, todos, absolutamente, todos, tienen complicaciones. Claro, hay diferencias. El 2 por ciento de esos pasos presenta “daños graves” y un 7 por ciento deterioros de “consideración”. Tampoco se requiere un estudio minucioso para concluir que las carreteras atraviesen las mismas circunstancias, aunque de tajadas mayores.
Lo cierto es que la mala calidad y la manera tan despiadada en que anteriores ministros de Comunicaciones distribuyeron los trabajos ha sido denunciado constantemente por la prensa. Una y otra vez el tema ha sido noticia. Un asunto delatado por expertos, que ha
pasado desapercibido para los organismos encargados de fiscalizar y aquellos responsables de perseguir y dictaminar la culpabilidad o inocencia.
En fin, ha existido un silencio ensordecedor. Incluso, entre los principales usuarios de estas infraestructuras y de los gremios empresariales más cercanos al tema. No digamos de la clase política, que alentaba las contrataciones y no paró de aprobar estados excepcionales que facilitaban el gasto. Sin supervisión seria. Impune.
Este sector que cerró filas en pro de las adquisiciones, hoy une fuerzas para cuestionar la labor de un Gobierno que carga con el lodo ajeno. Con los efectos del saqueo del erario, a manos de un pacto de corruptos que se sabe intocable. Protegido. Que tiene el apoyo de un sistema de justicia a su servicio. Cómplice.
En un inicio no se entendía por qué la dirigencia magisterial se oponía a que se divulgaran los avances en la discusión del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, la cual comenzó el 29 de febrero entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (Mineduc).
No obstante, cuando comienzan a trascender las exigencias del STEG —que van más allá de la defensa laboral— se comprende por qué demanda que haya hermetismo y que la ciudadanía honrada no se entere de lo que se negocia.
Como bien señalan exfuncionarias y expertos en el tema consultados por el Diario de Centro América, corresponde a los sindicalistas representar a los trabajadores y al Mineduc definir las políticas educativas, programas, contenido de los libros de texto y uso de los recursos en temas de tecnología, entre otros aspectos, pero no atar esta discusión a un tema laboral. No hay razones, legales ni éticas que permitan que el Mineduc ceda o comparta sus atribuciones, pues el artículo 154 constitucional señala claramente que la función pública no es delegable.
Mientras el STEG pelea porque el nuevo convenio regule y norme sobre determinados programas, como el del Seguro Médico Escolar que jurídicamente ya no existe, las actuales autoridades tienen claro que eso no es posible porque fue derogado según el Acuerdo Ministerial 36-2024 que a su vez creó el Programa de Salud Escolar ahora a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Es correcto que el pacto establezca horarios de trabajo, extensión de las jornadas, descansos, beneficios económicos y procedimientos que impliquen mejoras para miles de docentes, ya que su labor es en extremo importante, puesto que son quienes forman a las nuevas generaciones.
Sin embargo, legalmente no es posible que un documento de esta naturaleza esté por encima de la autoridad que las leyes les confieren a los ministros para modificar o suprimir programas de los que se les dio uso clientelar y que fueron cuna de actos corruptos que llevaron al enriquecimiento de unos cuantos.
La defensa de la legalidad, del Estado de derecho y del buen uso de los recursos de todos los guatemaltecos que han sido entregados con sus impuestos, es prioridad en el gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Y no ceder a las presiones de un gremio que sobrepasa las demandas a las que tiene derecho, es parte de la responsabilidad de la ministra de Educación, Anabella Giracca.
Oportuna y necesaria es la campaña informativa en la que participó ayer la vicepresidenta Karin Herrera a favor de la migración regular y segura. Básicamente, la iniciativa advierte sobre los riesgos que implica la búsqueda de oportunidades laborales cuando no se cuenta con los documentos legales para emprender nuevas experiencias.
La estrategia, denominada Que el sueño de migrar no se convierta en pesadilla, involucra a 16 instituciones públicas y priorizará los departamentos de Guatemala, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango y Alta Verapaz, donde se registran los mayores índices de retorno. Además del español, los avisos llegarán en idiomas mam, kaqchikel, q’eqchi’ y q’anjob’al, lo que garantiza una cobertura culturalmente pertinente.
El traslado irregular de indocumentados se ha convertido en uno de los principales retos que afronta el mundo, sobre todo por la poca capacidad de los gobiernos para procurar la satisfacción de los ciudadanos. Esa migración forzada, que implica la ruptura temporal de millones de familias, es aprovechada por cárteles criminales que convierten el sueño en pesadilla, como refiere la campaña citada.
La situación alcanza grados de complicación extraordinarios, cuando se aborda desde la perspectiva política y criminal. Como registra la historia reciente, algunas autoridades de las naciones receptoras de ciudadanos emprenden campañas de persecución inclementes dentro y fuera de sus territorios. De hecho, vemos con asombro cómo el tema se convierte en un asunto que desborda el populismo, en un imán con el que se consiguen los votos de una ciudadanía poco solidaria y nada empática.
Ya lo dijo el presidente de España, Pedro Sánchez, en un discurso ante congresistas de su país: “No se odia a los migrantes por ignorancia, sino por interés”. El segundo aspecto es aún más cruel y toca lo sanguinario. La violencia sexual que viven algunos y la prostitución a la que se somete a otros es un problema que se debe combatir con severidad, pero también con inteligencia y precaución.
De esa cuenta, es sano y necesario que los connacionales conozcan los peligros que implican esos viajes que, además, dejan deudas de por vida. Aquí radica la importancia de que el Estado guatemalteco advierta, informe y, sobre todo, masifique los acuerdos bilaterales que abran las puertas de naciones que respetarán a quienes contribuyen con el desarrollo y la prosperidad ajena.
