Por: Acisclo Valladares Molina
Pero qué ofrecía, obviamente, grandes réditos mediáticos.
La propia denuncia que fuera presentada se puso en entredicho y se colocó a sí misma la etiqueta de política, ilegítima y espuria cuando se hizo en conferencia de prensa ¡Luz, cámara, acción! en el preciso momento en que el Presidente de la República instaba del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, no la remoción del comisionado –no era ese el propósito del viaje– pero sí, y para el fortalecimiento de la institución y la deseada consecución de fines perseguidos, la necesaria evaluación y auditoría de su mandato.
“Coincidencias” como están no existen –el mismo día, a la misma hora– y este abuso de lo mediático, tan impropio de la acusación penal, fue uno de los temas, precisamente, que se trataban en la reunión de Nueva York.
A pesar del sabor político, ilegítimo y espurio que se dio al antejuicio por la forma misma de presentarse –casi insuperable–, cabe señalar que el hecho de que una persona sea la representante legal de una entidad no la hace, necesariamente, responsable de sus actos y máximo cuando, como en el presente caso, sería poco menos que imposible pretender que un candidato presidencial, quien además hacía una campaña electoral modesta, lo que implicaba de su parte un esfuerzo personal superlativo, llevara –además– las cuentas del partido.
Para ello, el contador general (contadora) –su nombramiento fue comunicado al Tribunal Supremo Electoral– el secretario de Finanzas y el órgano de fiscalización financiera.
El contador general –Contadora– ni siquiera conoció al secretario general del partido, candidato presidencial.
Este, el actual Presidente de la Republica, dejó la Secretaría General del mismo el 9 de enero de 2O16, cuando aún no se había vencido el plazo de tres meses para presentar el informe final de campaña, responsabilidad recaída –en consecuencia– en el nuevo secretario general.
Bien hará la Comisión Pesquisidora en recomendar al Congreso de la República que se declare sin lugar el antejuicio y bien hará el Congreso en declararlo sin lugar, contundente mensaje para que deje de usarse la acusación penal con usos mediáticos, aberración que, además, compromete los resultados.
La lucha en contra de la corrupción y de la impunidad debe realizarse con la ley en la mano que, de no hacerse así, se corre el riesgo no solamente de fracasar en el esfuerzo, sino, incluso, de hacerse delincuente quien las combate. A la queja del retardo de tres meses que se diera en la presentación del antejuicio anterior que se intentara en contra del Presidente, retardo que se hizo para hacerlo coincidir con eventos políticos de singular importancia, sus reuniones con el presidente Macron, de Francia, y con el vicepresidente Pence, de los Estados Unidos de América, rechazado que fue por la Corte Suprema de Justicia, vinieron a sumarse cuatro más, tres ya rechazados por ese el Alto Tribunal y el que ahora conoce el Congreso, repitiéndose en este, una vez más, el vicio denunciado: abuso de la acusación penal con fines mediáticos y, además, incluso, quizá por ello, inconsistente, el más grave enemigo que pueda darse de la lucha que se libra en contra de la corrupción y de impunidad y que, de no corregirse, puede arrastrarlo hasta el fracaso.
