En sus primeros 58 días, el gobierno que lideran el presidente Bernardo Arévalo de León y la vicemandataria Karin Herrera ha evidenciado su disposición de combatir a los cárteles de la droga. En ese tiempo, esta administración ha logrado resultados históricos en materia de incautación, los que conviene analizar.
El primer récord se registró el 28 de febrero pasado, cuando se interceptaron 1 mil 497 paquetes de cocaína en Coatepeque, Quetzaltenango, el mayor decomiso terrestre registrado en Guatemala.
El otro golpe ocurrió el pasado lunes, luego de que las fuerzas combinadas de seguridad detuvieron una embarcación a 400 millas náuticas (740.8 kilómetros) de las costas del Pacífico, que representa la mayor confiscación de estupefacientes sobre el nivel del mar.
La explicación de estos avances es sencilla, aunque conviene mencionarla. En primera instancia, obedece a la firme decisión política de evitar el trasiego de sustancias ilícitas que amenazan la gobernabilidad de la nación y representan un riesgo para los connacionales; en especial, niños y jóvenes que pueden ser captados por las mafias o convertirse en adictos.
Otra interpretación tiene que ver con la confianza y el respeto, nacional e internacional, que generan las autoridades del Organismo Ejecutivo.
Esa credulidad permite a otros Estados coordinar con el país operativos contra el narcotráfico, con la certeza de que la información que se intercambia tendrá un solo fin: el sometimiento de estas bandas transnacionales.
Seguramente, habrá más lecturas sobre estos hechos, pero conviene destacar que las incautaciones no necesariamente han requerido la inversión en equipo de combate y movilización, aunque sí más compromiso de quienes dirigen y ejecutan las acciones.
En fin, estamos frente a una lucha que entre sábado y lunes dejó el despojo de 2.3 toneladas de droga y la certeza de que nos conducimos por el camino correcto.
