Un tribunal laboral tendría la última palabra si el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) no da marcha atrás en su intención de participar en las decisiones administrativas del Ministerio de Educación (Mineduc), tema que enfrenta a ambas partes en las negociaciones del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo.
Para empezar, los exfuncionarios convergen en que dicha facultad legal solo le asiste a la cartera educativa. Los comentarios surge luego de que el Diario de Centro América (DCA) volviera a divulgar detalles sobre las negociaciones (lea: Seguimiento constante).
“Las facultades administrativas, de dirección y decisión no es posible y admisible delegarlas o dejarlas condicionadas a la opinión del sindicato”, afirmó Luis Linares, exministro de Trabajo y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
El experto añadió que “fue un error de las administraciones anteriores hacer estos pactos colectivos con mucha irresponsabilidad”, en referencia a cederle derechos a los sindicalistas durante las conversaciones y consensos del mencionado instrumento legal.
“La función pública no es delegable, eso lo prohíbe la ley. Por mandato legal, el funcionario público está obligado a ejecutar directamente las funciones que la normativa le asigna y es responsable de su ejecución y de los resultados de esta. Por consiguiente, esa excepción de facultades que se había dado al sindicato está, totalmente, al margen de la ley”, aseguró Anabella Morfín, exministra de Trabajo.
Camino a seguir
Linares comentó que si no se llega a acuerdos en las negociaciones se puede plantear un conflicto económico social en los tribunales de conciliación y arbitraje, contemplados en el Código de Trabajo, para que se decida quién tiene la razón. Al ser consultado sobre que dicha cesión de facultades al STEG ya está contemplada en acuerdos laborales anteriores, respondió que esta es sujeto de revisión y que la cartera educativa tendría la razón al plantear que no puede delegar su función.
“Entonces, si no se alcanzan acuerdos, no pueden decir, bueno, entonces no hay pacto. Lo que corresponde es acudir a un tribunal de conciliación y arbitraje”, agregó el analista de Asíes.
“Por supuesto, para eso están los tribunales de trabajo”, respondió Morfín, al preguntarle sobre los desacuerdos en torno a la autonomía en la toma de decisiones, el tema podría llevarse ante estas instancias judiciales.
Seguimiento constante
Durante cuatro entregas, la última publicada ayer, el Diario de Centro América ha develado lo que el sindicato magisterial quiere mantener en secretividad, posición que ha sido respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
En las entregas del 26, 27 y 29 de agosto pasado, se pusieron al descubierto las intenciones del gremio de conservar o ampliar privilegios, forzar la confidencialidad de los acuerdos y decidir en temas que solo competen al citado despacho.
