Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
Cada 30 de julio, el mundo recuerda la urgencia de actuar frente a una de las formas más crueles de violencia actual: la trata de personas, también conocida como “la esclavitud moderna”. Esta práctica delictiva, que explota y somete a miles de víctimas cada año, se ensaña especialmente con las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellas, las personas con discapacidad enfrentan riesgos desproporcionados debido a la exclusión, la dependencia forzada y la falta de acceso a información y recursos.
Históricamente, la respuesta institucional ha girado en torno a la protección, pero hoy se vuelve urgente avanzar hacia un enfoque que priorice el empoderamiento. Empoderar a las personas con discapacidad implica garantizar su autonomía, brindarles acceso a educación, información accesible, espacios seguros de participación y fortalecer su capacidad de decisión. Solo así podrán identificar riesgos, denunciar abusos y convertirse en protagonistas activos en la prevención del delito.
Es indispensable que el derecho no solo exija la protección, sino que también promueva el empoderamiento.
Las redes de trata se aprovechan de quienes no cuentan con apoyos suficientes, de quienes viven en el aislamiento o dependen completamente de terceros. En este contexto, las personas con discapacidad pueden convertirse en blancos fáciles de los tratantes, quienes utilizan métodos de coerción, manipulación o violencia para someterlas.
Sin embargo, esta vulnerabilidad no es inherente a la discapacidad, sino al entorno que no garantiza condiciones equitativas. En Guatemala, el delito de trata de personas está tipificado en el artículo 202 ter del Código Penal, y su abordaje es liderado por instituciones como la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) y la Comisión Interinstitucional Contra la Trata de Personas (CIT).
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