EN EL PAÍS
Trasladan a Guatemala sentencia contra exmilitares
EFE
La Misión de Solidaridad de Bélgica en Guatemala inició este martes una visita al país centroamericano para trasladar la sentencia de cadena perpetua que un tribunal de la ciudad de Lovaina dictó en diciembre de 2023 en contra de cinco exmilitares de alto rango por el asesinato, desaparición y tortura de tres sacerdotes belgas en el país en 1980, durante el conflicto armado interno (1960-1996).
La delegación integrada por seis representantes de la misión denominada Guatebelga, busca difundir la sentencia y ”darle el seguimiento judicial y político que merece para fortalecer la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad”, según indica un comunicado de la organización.
Reuniones con grupos de sociedad civil, universidades, así como con entidades del Estado es parte de la agenda que tendrá esta misión del 17 al 22 de septiembre.
El 14 de diciembre del año pasado, un tribunal penal de la ciudad de Lovaina encontró culpables al general y exjefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García, el exministro de la defensa Ángel Cabrera, el exministro de Gobernación Donaldo Ruiz, al exjefe de inteligencia Manuel Callejas y al exjefe policial Pedro García Arredondo del asesinato y otros crímenes cometidos contra cuatro sacerdotes de la Congregación del Inmaculado Corazón de María.
De acuerdo con testimonios, el sacerdote Walter Vordeckeres fue asesinado por las fuerzas armadas el 12 de mayo de 1980 frente a la parroquia del poblado de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento (provincia) de Escuintla en el sur de Guatemala.
Además, el religioso Ward Capiu fue asesinado el 22 de octubre de 1981 en el poblado indígena de San Lucas Sacatepéquez donde se desempeñaba como misionero y Serge Berte fue desaparecido en enero de 1982 en una avenida principal de la Ciudad de Guatemala, lo llevaron a un centro clandestino de detención, fue asesinado y hasta la fecha su cuerpo sigue sin aparecer.
Mientras que el también sacerdote Paul Schildermans fue detenido arbitrariamente el 4 de enero de 1982 en la misma provincia, fue torturado en una cárcel clandestina de la región y liberado dos días después.
Dos décadas buscando justicia
Las familias de los misioneros asesinados iniciaron un proceso penal en Bélgica en 2001 contra los altos mandos militares de Guatemala que se encontraban activos durante la comisión de los crímenes, amparados en la ley sobre la Represión de Violaciones Graves al Derecho Internacional Humanitario, que permite juzgar delitos cometidos contra ciudadanos belgas en cualquier parte del mundo.
El juicio celebrado en diciembre pasado no contó con la presencia de los acusados debido a que actualmente se encuentran presos en Guatemala bajo condenas por otros delitos de lesa humanidad y algunos de ellos, como el general Lucas García, aún tienen juicios pendientes por delitos como genocidio cometido contra pobladores indígenas del norte del país.
De acuerdo con la organización Guatebelga, esta visita también es un homenaje y agradecimiento de las familias de las víctimas con los guatemaltecos que decidieron declarar en el juicio ante un jurado de 12 ciudadanos belgas.
Los escuadrones de la muerte
Entre 1970 y 1990 operaron en Guatemala estructuras paramilitares manejadas por el Estado bajo secreto, que se encargaban de manejar redes de espionaje y coordinar secuestro, tortura y asesinato de personas que supuestamente pertenecían a la insurgencia, de acuerdo con el informe Guatemala: Nunca Más del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, REMHI.
En 1999, Estados Unidos reveló un documento denominado ‘Diario Militar’, el cual contenía registro de las ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1983 y 1985 en Guatemala.
Actualmente, existe un proceso penal contra nueve implicados en el asesinato y desaparición de más de 199 personas, pero avanza lentamente dentro de los tribunales guatemaltecos.
“Guatemala está con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela merece un futuro libre de violencia y persecución.
La democracia es la única vía”, indicó el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, donde informó que sostuvo una llamada telefónica con Edmundo González y María Corina Machado, principales opositores de Nicolás Maduro.
Además, habló con sus homólogos de Paraguay y Uruguay, Santiago Peña y Luis Lacalle, respectivamente.
Foto: @olenazelenska_official
Actuar urgentemente en la protección de la niñez pidió Lucrecia Peinado, esposa del presidente Bernardo Arévalo, durante su participación en la Cuarta Cumbre de Primeras Damas y Caballeros, en Kiev, Ucrania.
Peinado pidió unidad y utilizar esfuerzos conjuntos, con el fin de actuar por la seguridad, protección y bienestar de los menores, especialmente de los ucranianos. “Mi expectativa y contribución es que aumentemos la visibilidad y el sentido de urgencia, actuar ahora por la protección y bienestar de la niñez”, expresó.
Foto: PNC
En seguimiento al caso de dos ejecuciones extrajudiciales en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) reportaron la captura de tres personas.
Las detenciones se registraron ayer como parte de las investigaciones por la muerte del canadiense Milton Nelson Santamaría y Eldin Leonel Choc Xi, vecino del citado municipio, presuntamente a manos de agentes de la PNC de ese distrito, el pasado18 de abril.
Los aprehendidos son Jorge Alexánder Callejas Guerra y Josué Francisco Buch Cúmez, a quienes se les sindica de obstaculización a la acción penal, y Ángel Mario Roquel Sajbochol, por ejecución extrajudicial.
“Estos arrestos representan un avance significativo en la investigación, que tiene como objetivo no solo capturar a todos los implicados, sino esclarecer las circunstancias bajo las cuales ocurrieron los crímenes”, detalla un informe de la PNC.
El incidente que desencadenó en esta investigación ocurrió en la citada fecha, cuando la Inspectoría General de la PNC detuvo a cuatro agentes, quienes fueron señalados por la supuesta comisión de actos de violencia que terminaron con la vida de las víctimas y dañaron la imagen de la Policía.
La intervención se realizó en la subestación 74-15 de San Andrés Itzapa, tras el reporte de un incidente en el interior del recinto.
Por el hecho, también está en prisión el inspector policial Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien fue deportado el pasado 5 de agosto de Estados Unidos, a donde había huido luego del hecho contra el canadiense y el vecino de San Andrés Itzapa.
