Es necesaria voluntad política para la evaluación y orientación a resultados de la administración pública.
Nos jugamos mucho como país y como sociedad si no afrontamos la transformación de la administración pública. No se trata de hacer cambios superficiales en un Ministerio, sino de modificar de manera razonable y ordenada sus funciones, su desempeño y su relación con los ciudadanos. No solamente es reducir trabas administrativas o colas para gestionar un documento, sino de hacer de la administración un agente económico y social más eficiente, más avanzado y más cercano a los ciudadanos. Es una transformación central para la sociedad actual y en ella debemos participar todos, tanto los que la gestionan, como los que la necesitamos para vivir en una sociedad democrática.
Sin una acción decidida y coordinada por parte del Estado, nunca vamos a tener un sector público con un papel bien definido y que funcione adecuadamente. Del sector público depende, directa o indirectamente, la educación, la salud, la seguridad, las infraestructuras, el trabajo, la competitividad o el entorno en el que vivimos y trabajamos, de la calidad del aire que respiramos o del agua que bebemos.
En el proceso de transformación es clave contar con referentes cercanos que sirvan de ejemplo y se puedan adaptar a otros ámbitos similares. En este sentido, es igualmente importante articular mecanismos de intercambio de información que faciliten la generalización de cualquier avance en materia de modernización.
Transformar la administración pública es cambiar sobre la base de lo que ya se ha hecho, pero debe ser un cambio equilibrado pero no de revolucionar, recortar o destruir, sino de potenciar y mejorar lo que ya existe. Un proceso de transformación bien planificado para acelerar los proyectos que ya funcionan, redirigir lo que no encaja e incorporar nuevas prácticas que contribuyan a la modernización del sector público.
Es necesaria voluntad política para la evaluación y orientación a resultados de la administración pública, cambio de cultura en los empleados públicos y en los políticos que conduzcan a enfrentarse a la evaluación de resultados e impactos como un proceso esencial de la toma de decisiones, basado en los efectos directos e indirectos logrados por una determinada iniciativa política o programa que permita agilizar la comunicación y la participación de los que trabajan en la función pública, así como llevar a cabo procesos de evaluación
De un sector público eficiente, depende que las sociedades puedan progresar salvaguardando la justicia, la seguridad y la libertad de los individuos.
