Me comentó un compatriota que había leído una entrevista que se hiciera por El País, medio periodístico que se publica en España, al profesional que fuera contratado por la Organización de las Naciones Unidas para dirigir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, así como también un artículo anterior, aparecido en el mismo medio, y lo hizo en términos de tanto elogio que me llevó a su lectura.
Después de leerlos no pude sino sentir pena por el malinchismo de nuestro compatriota –no se nos quita el malinchismo–, puesto que la entrevista y el artículo no pueden merecer otro calificativo que el de deplorables, tanto por su contenido como por su ortografía.
Orfandad no se escribe con “h”, como escrito en la entrevista (“horfandad”, lo escrito), error incurrido en que no reparó el compatriota por tratarse de un medio de comunicación social extranjero: Lo extranjero, para todo malinchista, es poco menos que sagrado e infalible… Habríamos de quedarnos, concluida la CICIG, en “horfandad”.
Además del gazapo ortográfico (quizá “hortográfico”) contienen, entre la entrevista y el artículo, una serie de mentiras
–no creo que se trate simplemente de faltar a la verdad–, sino que se tiene la intención de hacerlo, mentiras que me permito comentar y poner al descubierto.
No es verdad –es mentira– que el hijo y el hermano del Presidente hayan sido condenados, no habiéndose producido hasta la fecha condena alguna en contra suya, especie que, falsamente, se afirma en la entrevista.
Tampoco es verdad –es mentira– que el Presidente Jimmy Morales haya sido condenado y, sin embargo, también se miente en este extremo y se afirma que lo fue, lo que jamas ha sido.
Se miente, también, cuando se afirma que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala “es un invento” de la Organización de las Naciones Unidas, cuando se trata de un ente establecido por acuerdo celebrado entre la República de Guatemala y esta Organización, acuerdo que no le confiere –ni le podría conferir, tal carácter–, no siendo invento de la ONU, como tampoco un órgano suyo, así como tampoco, quienes la integran, funcionarios o empleados de la misma. Mentira, así mismo, que se la haya “inventado” con propósito distinto que el de detectar y desarticular grupos y aparatos clandestinos de seguridad y perseguir los crímenes por estos perpetrados, limitación que debió de corregirse para abarcar otros campos lo prevenimos, a tiempo y dotarla, entonces, de los instrumentos adecuados para hacerlo, lo que jamás se hizo.
No se miente expresamente en la entrevista y en el artículo pero se oculta la verdad –lo que viene a ser lo mismo– cuando se refiere al caso en que se vino a involucrar al hijo y al hermano del Presidente y se omite que este se refiere a hechos ocurridos más de dos años antes de que el Presidente fuera Presidente y que estos, en consecuencia, nada tienen que ver con el actual gobierno, actos perpetrados, en todo caso, por el hijo y el hermano de quien, en ese entonces, era un empresario y artista (hijo y hermano pues, respectivamente, en ese entonces, José Manuel y Sammy Morales, de un empresario y artista, y no “del Presidente”).
Se miente también en el artículo cuando se afirma que el caso se refiere a “compraventa” de facturas, cuando quedó establecido por la propia acusación que ni el hijo ni el hermano obtuvieron ningún beneficio económico para sí (el hermano se habría limitado a hacer el favor –favor que no debió de haber hecho– pero que no lo convierte en criminal –el favor de haber facilitado, no vendido– facturas de la empresa que dirigía para que una pequeña comerciante que, como tal, carecía de estas, pudiera realizar una venta, facturas de las que fueron satisfechos todos los impuestos de ley y que, en consecuencia, no podrían constituir defraudación tributaria alguna.
Nada se dice, tampoco, que la persona que hizo uso de las facturas –pequeña comerciante que carecía de estas– madre de quien era la novia de José Manuel Morales (ambos de diecinueve años de edad, entonces) entregó el producto realmente vendido (de la calidad y en la cantidad ofertada) y que, en consecuencia, no se dio defraudación alguna en la compraventa realizada, persona que, en todo caso, si hubiere responsabilidades, las habría asumido todas para sí, ante juez
competente.
No se miente expresamente al respecto pero se omite señalar –lo que es lo mismo– que todo este caso se trata del fraccionamiento de una compraventa realizada por un órgano del Estado –infracción de la ley castiga con multa administrativa, pero que no constituye delito– y de la que son responsables los funcionarios que la hayan realizado: solamente estos sancionados por la ley y no los particulares con los que se haya contratado.
Continuará…
