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COLUMNAS

¿Preeminencia de la Constitución?

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Ya que se quiere hablar de la preeminencia de la Constitución –incluso a nivel editorial–, hablaremos de esa preeminencia, pero no lo

haremos a medias, como a medias lo hace el editorial que me permito refutar y así, afirmo y comparto con ustedes que, sobre la Constitución Política de la República no existe absolutamente nada (me refiero a lo humano), siendo esta superior –en Guatemala– a cualquier otra ley, convención o tratado, sean estas y estos de la naturaleza que sean, que tal es lo establecido por el artículo 204 de nuestra Constitución, el pacto de paz social entre nosotros, artículo que textualmente dice que “Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado”, artículo este, el 204, que es el que regula la jerarquía de la Constitución Política de la República con respecto a todas las normas.

El mandato es para los tribunales de justicia (todos los tribunales de justicia y no solo para algunos, lo que incluye al Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad), principio que observarán obligadamente (no solo si quieren hacerlo o cuando quieran), preeminencia sobre cualquier ley o tratado (no solo sobre algunos sino sobre todos, absolutamente todos, sean de la naturaleza que sean, lo que incluye a los que se refieran a derechos humanos).

El artículo 46, por el contrario, no se refiere a la jerarquía de la Constitución, jerarquía de la que se encarga el 204, sino a la que tienen las convenciones y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por Guatemala (sin nuestra ratificación carecen en Guatemala de valor alguno) con respecto a nuestro Derecho interno, incluidos otras convenciones y tratados ratificados por Guatemala sobre otras materias.

El artículo, en consecuencia, permanece tal cual y siendo literalmente lo que establece, la competencia de los tribunales militares sobre todos los delitos o faltas perpetrados por los integrantes del Ejército de Guatemala y que incluso la reforma que intentó limitar esa competencia, fue rechazada por el pueblo; la Corte de Constitucionalidad consideró y resolvió que pese a que el mandato constitucional continúa intacto y que no limita su competencia –mandato que literalmente afirma lo contrario– y que su reforma (reforma para limitarla) fue rechazada por el pueblo –debe entenderse que la competencia de los tribunales militares se limita única y exclusivamente– a delitos y faltas militares perpetrados por los integrantes del Ejército de Guatemala, excluyendo de su conocimiento cualquier otro tipo de delitos o de faltas por estos perpetrados. 

¿Podría haber algo más contrario a la literalidad del mandato? ¿Algo más contrario que esto a la preeminencia “literal” de la Constitución?

Entiendo que cuando un editorialista es callado con una contundente refutación como esta, guarde silencio puesto que ¿qué podría decir?

Se cita la preeminencia de la Constitución, pero se hace a medias y, así, se aboga por su aplicación –literal– en el caso de Zury Ríos –lo que no se hizo ni se hace en el citado– y que se aplique en su contra la canallesca prohibición –prohibición que leída la Constitución, como debe leerse, sin necesidad de reforma alguna– nunca existió, ni existe, impidiéndosele, en consecuencia, optar a la Presidencia de la República, tal y como se impediría que opte a esta su hija e incluso, si llegaren a nacer, los nietos y bisnietos suyos.

Ni siquiera en los juicios de Nuremberg, inventado el Derecho y el procedimiento a aplicar – ni siquiera estando el holocausto de por medio –se condenó y limitó en sus derechos a los parientes de los encausados–, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de los mismos.

La justicia israelita hizo justicia por su mano y ejecutó a Adolf Eichmann, pero en ningún momento se le pasó por la imaginación condenar a sus parientes, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Leído como debe leerse el artículo 186, literal –sí– pero, integralmente, entenderá el magistrado lo que entiende todo ser humano de buena fe, cuando lo lee: que la prohibición se refiere a los parientes, sí, pero tan solo en un momento determinado, cuando estos ejercen el poder, tal y como se refiere a los parientes del Presidente y del Vicepresidente de la República en el período constitucional en que estos lo ejercen o lo han ejercido.

Esto y no otra cosa es que manda la Constitución –incapaz nuestro pacto de paz social de ordenar una injusticia– y, precisamente por ello, por la preeminencia de la Constitución –pero no a medias–, es que debe ordenarse y sostenerse la inscripción de Zury Ríos, preservada la igualdad de todos ante la ley, el derecho de elegir y ser electos, y lo que manda el artículo 186, leído con la integridad que debe leerse.

Las normas buscan la protección de un bien jurídico que con estas queda protegido (no se emiten por capricho) y en el caso que nos ocupa, el bien jurídico protegido no es ni más ni menos que la posición de poder, legítimo o fáctico, no afecte un proceso electoral, ejercida en favor de unos, sobre otros. Ya supo leer la Corte de Constitucionalidad sobre la supuesta literalidad de algunos artículos, el artículo 219 ya citado, en lo referente a los tribunales militares, y el artículo 27 que se refiere a la extradición, limitada la prohibición de extraditar a guatemaltecos, única y exclusivamente, si requeridos por delitos políticos y comunes conexos que, de no leerse así, inconstitucionales serían todas las extradiciones por narcotráfico, hechas y por hacerse, ya que no es este un delito de lesa humanidad o contra el derecho internacional; y, si supo leer la literalidad correcta de tales artículos sea pues que, de igual forma –y formulo por ello mis mejores votos– sepa también leer, el 186.

Constituye esta una ocasión propicia para rechazar categóricamente las imputaciones que se hacen en contra de la magistrada Gloria Porras sobre una intencionalidad política de su parte, magistrada que en el 2003 votó en contra de la inscripción de Sandra Torres quien era postulada, tal y como ocurre ahora, por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pese a que había sido nombrada para el ejercicio del cargo en ese gobierno y pese a que, en el momento en el que Sandra Torres solicitó su inscripción, se trataba de una persona que carecía de cualquier parentesco con el entonces Presidente de la República, fallo emitido en su criterio, de conformidad con la ley y –sobre cualquier duda– en comunión con su conciencia.

Discrepé de aquel fallo –sobre todo– porque se accedió a la inscripción de Harold Caballeros, quien había sido ministro de religión o culto pero que había dejado de serlo cuando solicitó su inscripción, tal y como Sandra Torres había dejado de ser pariente, cuando solicitó la suya.

¿Por qué uno sí y otra no? ¿Tema de género, otra vez? ¿Por qué Jacobo Árbenz Vilanova, sí, pero Zury Ríos, no? ¿Por varón y por mujer? Y, así, con estas incongruencias pretendemos que los ciudadanos jóvenes puedan confiar en la administración de justicia? ¿Un “lapsus” de autoridad, la inscripción de aquel? ¡Por favor!

Rechazo también, categóricamente, cualquier imputación de intencionalidad política en los magistrados Bonerges Mejía y Francisco De Matta Vela, decanos que fueron de mi alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala ¿A cuenta de qué tenerla? magistrados con quienes guardo no una amistad personal, pero sí institucional, tal y como la tengo con la magistrada Gloria Porras, amistad institucional forjada en el fin común de que el Estado y el Derecho respondan a la justicia, con pleno respeto de nuestras posibles divergencias.

Conozco menos al magistrado Mynor Par Usen, pero tampoco encuentro razón para una intencionalidad política de su parte en el fallo pronunciado (fallo sobre la “foto” de un momento cambiante y que ha cambiado), así como en el que pueda pronunciarse. 

Gloria Porras representa una forma de ver la aplicación del Derecho, que es distinta a la mía; la mía, la del estricto silogismo jurídico, todo válido –salvo excepciones que a todos se nos ocurren– para lograr la emisión de la norma pero, una vez emitida, se aplica y punto; forma peligrosa, la suya, la aplicación de la norma atendiendo a circunstancias sociológicas e históricas del momento en que se aplica (cercano esto a la oportunidad y conveniencia), sobre todo en personas sin la suficiente formación jurídica que la repiten como loros, incluso con el concepto de Constitución “viviente”, desconocedores de la Constitución , incluso estática.

Estaré siempre, donde esté la Ley y abogo no sólo en este caso, sino en el caso de todos los candidatos y candidatas presidenciales, amenazados y amenazadas con zancadillas y triquiñuelas, sean del género que sean, para evitar su participación política, siendo mi criterio –criterio sustentado en ley– que los asuntos electorales deben ser resueltos única y exclusivamente por los votos y que no son las autoridades electorales quién para suplantar las instituciones de la inhabilitación y de la inhabilitación especial, instituciones que se dan tras el debido proceso.

Este domingo, a las doce de la noche, quedará la suerte echada en cuanto a la inscripción de candidatos, se doblará la página –tal la preclusión jurídica– y estaremos ya en otra etapa del proceso electoral, la campaña, campaña que no debe ser objeto de distractor alguno y espero que al cerrar esta página, la de las inscripciones, lo hayamos podido hacer ajustados a la ley, ajenos a cualquier infamia.  

No pertenezco a ningún pacto, ni el de los corruptos, ni el de los farsantes (corruptos vestidos de primera comunión) y espero que no sean estos absurdos –buenos y malos–, como géneros humanos distintos, “honrados” (dime de qué presumes y te diré lo que te falta) y corruptos, otros dos géneros también inexistentes, lo que se vocifere y grite en la campaña, sino que se aborde en ella la percepción que tengan los candidatos de los problemas nacionales y las propuestas que hagan para solventarlos: Qué harán y cómo.

¿Quiénes son? Bueno es que lo catalogue por sí mismo el elector (“Por su obras, les conoceréis…”).

La Constitución, el pacto de paz social, en manos de la Corte de Constitucionalidad; en sus manos, conocer ese pacto y actuar en consecuencia.

La palabra final de las inscripciones, y el pacto de paz social entre nosotros, en sus manos.

¿Preeminencia de la Constitución? Claro que sí, como debe ser y como la propia Constitución lo manda: Preeminencia del pacto de paz social entre nosotros.

Acisclo Valladares Molinahttps://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/wp-content/uploads/2018/12/Acisclo-Vallades.jpg
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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