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COLUMNAS

La injusta decisión de la Corte Penal Internacional

Mattanya Cohen, Embajador de Israel en Guatemala

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El viernes pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) adoptó una decisión indignante,
al indicar que la Corte tiene la jurisdicción en las áreas de los territorios en disputa entre Israel y los palestinos y, más aún, los llamó “Palestina”.
La decisión de la CPI de que la fiscal es competente en el caso palestino es profundamente errónea, y confirma las preocupaciones que desde hace tiempo Israel tiene acerca de que la Corte pueda ser susceptible a ser politizada. La CPI se creó a raíz de los horrores del Holocausto, para hacer frente a los peores casos de atrocidades masivas que conmocionan la conciencia de la humanidad, y los casos que no podían abordarse en ningún otro marco. Asimismo, solo tiene autoridad en los casos en que los Estados decidan delegar su propia jurisdicción penal en la Corte.
En pocas palabras, la CPI no posee jurisdicción universal. De hecho, la Corte carece totalmente de competencia en la denominada “situación en Palestina”. El Estatuto de Roma estipula claramente que la Corte tiene jurisdicción en los casos presentados por Estados soberanos; un Estado palestino soberano no existe, y nunca ha existido. A pesar de estos hechos, la CPI dictaminó que La Haya es competente para investigar a Israel.
Al recurrir a la CPI, los palestinos intentan convertir a la Corte en un instrumento político y empujarla a definir cuestiones políticas, que deberían resolverse a través de negociaciones directas y no mediante procesos penales. Han distorsionado el concepto de jurisdicción en pos de promover sus propios intereses políticos, corrompiendo en el proceso la integridad y la capacidad de la Corte para cumplir con su misión fundamental. Al adoptar esta decisión perjudicial, y al continuar persiguiendo a las democracias con sistemas jurídicos independientes y eficaces, los cuales están luchando contra el terrorismo en lugares tales como Irak, Afganistán y Gaza, la CPI ha sobrepasado su mandato básico. Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania y otros ya han expresado sus reservas acerca de esta decisión.
Israel tiene demandas legales válidas sobre el mismo territorio que los palestinos han tratado de someter a la jurisdicción de la CPI. El acuerdo entre Israel y los palestinos para resolver su disputa del futuro estatus de este territorio a través de negociaciones, se ha prolongado durante mucho tiempo entre las partes, y es ampliamente aceptado por la comunidad internacional cuando se trata de este asunto. Los recientes acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos, son una prueba más de que la única manera de lograr una paz auténtica es a través de negociaciones directas.
El involucramiento de la CPI en este conflicto bilateral sólo tendrá un efecto perjudicial, en la capacidad de un diálogo genuino y negociaciones entre Israel y los palestinos. El hecho de intentar “criminalizar” aspectos de la larga disputa entre Israel y los palestinos produce una mayor polarización, exacerba el conflicto y aleja el objetivo final de la paz.
La última decisión de la CPI ha convertido a la Corte en una herramienta política, la ha desviado de su misión original y ha socavado los valores para los que fue establecida.

Mattanya Cohen Embajador de Israel en Guatemala https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/wp-content/uploads/2021/02/Mattanya-Cohen-11Febrero2021.jpg
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Prevención del suicidio: una tarea que nos involucra (II)

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Patricio Ramírez Azócar

Director Centro de Apoyo al Desempeño Académico

Con estos antecedentes asociados a las edades de mayor riesgo, es evidente el relieve que toman las políticas que pueden ser estimuladas en la comunidad, especialmente, aquellas que podemos realizar dentro de los planteles de educación superior. Si bien en los estudiantes universitarios no hay más riesgo de cometer suicidio que sus pares que no están en la educación superior, la matrícula actual en estas instituciones entrega un escenario propicio para favorecer el cuidado de la salud mental de este grupo y, en específico, prevenir el suicidio en ellos.

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos.

Es más, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio de 2013 incluyó dentro de sus componentes, la implementación de programas preventivos en los establecimientos educacionales como principal estrategia para prevenir el suicidio en niños, niñas y adolescentes, considerando de manera explícita la participación de la comunidad educativa, sean estos estudiantes, sus familias, los docentes y todo el equipo de gestión de los establecimientos.

La prevención completa del suicidio en los entornos educativos debiera contemplar que se estimule un clima protector, tener un amplio programa de prevención de problemas de salud mental, realizar sensibilización y educación sobre el suicidio, detectar estudiantes en riesgo, generar protocolos para el manejo y acciones posteriores a la ayuda, y tener una coordinación con la red de salud para apoyar a los estudiantes y sus entornos cercanos.

La prevención dice relación con estar alertas, como, por ejemplo, a si el estudiante ha buscado formas de quitarse la vida, ha dado mensajes de despedida, se ha hecho lesiones. O señales indirectas, como alejarse de familia y amigos, disminuir su asistencia a clases y su compromiso con las actividades académicas, y un deterioro de su imagen personal. 

Estar atentos a esas alertas implica interesarse por todos con quienes se interactúa dentro de la comunidad universitaria, involucrarse activamente, no dudar en activar los protocolos que, por cierto, deben ser lo suficientemente discretos y cuidadosos de la intimidad personal.

Universidad del Desarrollo
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Estado y democracia (III)

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Cristian Otoniel Montufar Vásquez

Coordinador de Programas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. 

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Otra de las formas de gobernar es la llamada Aristocracia, en
la cual el poder de administración del Estado radica en un grupo social “privilegiado”, que posee algún linaje o vínculos con la realeza, el cual teóricamente ostenta las mejores facultades y competencias académicas, intelectuales o morales para ejercer dicho poder. En Hispanoamérica, fue el modelo que se utilizó para ejercer el poder luego de los procesos de independencia, debido a que los primeros funcionarios públicos que se encargaron de la administración política y económica de los territorios eran descendientes directos de los primeros terratenientes, quienes tuvieron vínculos con las monarquías europeas.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia, la cual es una forma de gobierno que se caracteriza por dar preponderancia a la soberanía popular; es decir, al derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes; en este caso, a través del sufragio, por lo cual se dice que, el poder radica en el pueblo. Sumado a esto, se estipula que los asuntos públicos del país deben ser decididos por la ciudadanía, a través de mecanismos de participación directa o indirecta, los cuales se han definido previamente. Existen básicamente tres tipos de democracia:

Democracia representativa. En este tipo de democracia los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes ejercerán el poder en nombre de dichos electores, los cuales por supuesto, tendrán siempre la responsabilidad de velar por que sus representantes cumplan con el compromiso adquirido.

Otra manera de administrar el Estado es a través de la Democracia.

Democracia participativa. En este otro tipo, se construyen marcos jurídicos que faciliten la organización ciudadana, de tal manera que ejerzan una influencia más directa e inmediata para la toma de decisiones gubernamentales. Algunos de los mecanismos legales de participación en este tipo de democracia son los referéndums, las propuestas de ley, los plebiscitos, las apelaciones de sentencias, las consultas populares y, en algunos casos, la revocación de mandato. Democracia directa. En esta variante, las decisiones gubernamentales se toman por medio del voto popular, a través de mecanismos como los referéndums vinculantes, elecciones primarias, asambleas de ciudadanos, etc. En el caso de Guatemala, el sistema de gobierno es republicano, democrático y
representativo.

Colaborador DCA
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Aspectos relevantes del Decreto Número 5-2021

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Aída Gabriela Morales Chamalé

MSc. Aída Gabriela Morales Chamalé

Directora de la Unidad de Asesoría Jurídica

El Estado de Guatemala posee como fin primordial el bien común, que engloba grandes aspectos de desarrollo y evolución para el país, que permitan a la administración pública brindar un servicio eficiente y efectivo, considerando a su vez la necesidad de mejorar la organización y funcionalidad interna de las entidades gubernamentales; también es el encargado de asegurar el desarrollo y evolución tecnológica a nivel nacional, así como promover la aplicación e implementación de la ciencia y tecnología, tomando en cuenta su aplicabilidad dentro de la administración pública. Es por lo que el 01 de junio del presente año se publicó el Decreto Número 5-2021 que se refiere a la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, con el objetivo principal de modernizar de la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y dependencias del Estado.

Se debe modernizar la gestión administrativa, simplificando los tramites.

En dicha normativa se contempla que la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico es el ente encargado de impulsar la simplificación de trámites administrativos, misma atribución que posee el Ministerio de Economía, pero específicamente en trámites vinculados a la facilitación del comercio exterior, atracción de inversión y registros públicos a su cargo. Siendo su ámbito de aplicación y obligatoriedad de la ley para todas las dependencias que conforman el Organismo Ejecutivo, en relación con los trámites administrativos que se llevan a cabo en la administración pública; pero las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas o que pertenezcan al Organismo Legislativo y Judicial, pueden adherirse o sumarse a la modernización de la gestión administrativa, por decisión de su autoridad máxima.

Otro aspecto importante es la relevancia que se le da a la Firma Electrónica Avanzada. Y, por último, la presente normativa establece que todas las dependencias a quienes les aplica esta ley deben ajustar sus procedimientos administrativos, planes y políticas internas, creando un plan de simplificación de trámites y servicios administrativos, cumpliendo con los plazos que se regulan en la misma, y tomando en cuenta el Principio de Legalidad regulado en el artículo 5 del Decreto referido, ninguna dependencia del Organismo Ejecutivo puede oponerse a la simplificación de procedimientos o a la utilización de medios electrónicos fundamentándose en normativas anteriores, normativas jerárquicamente inferiores o documentos administrativos internos.

Colaborador DCA
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