EDITORIALES
Hay discursos que golpean las conciencias. Que ponen nuestra historia en perspectiva. Puede afirmarse que las verdades no necesitan maquillaje, mientras que las mentiras lo siguen siendo por más bonitas que se presenten.
De esa cuenta, el concepto de seguridad ciudadana durante un sistema democrático es diametralmente distinto al que se tiene en los gobiernos autoritarios. O en tiempos en los que pulula la corrupción.
Para los primeros, el tema está ligado a los derechos humanos, con las garantías individuales y colectivas de toda una nación. No solo para las élites ni exclusivamente para determinados estratos sociales. Los otros ven el asunto como otra manera de saquear el erario. De negociar con los grupos criminales, locales y externos.
Aquí radican las diferencias. Las nuevas formas de gobernar. Reforzar la seguridad en los cascos urbanos es ir por el camino correcto, siempre y cuando no se olviden las poblaciones rurales, las comunidades más apartadas del país, las que han sido invisibilizadas de las políticas públicas.
Hoy, el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación (Mingob), tiene un panorama claro sobre lo que requieren y demandan los ciudadanos. Ahora existe un plan definido que, además, ofrece resultados positivos. Aunque no se quieran ver, pese a los discursos populistas de quienes fracasaron por acción o pasividad.
Abrir la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa, ejemplifica cuando el discurso es consistente con los hechos. Habilitar esa sede policial forma parte de una estrategia que ha sido pensada para fortalecer la seguridad en las urbes y en los pueblos originarios. De custodiar a quienes tienen más recursos económicos, pero también a aquellos que carecen de dinero.
Poco a poco, las poblaciones remotas constatarán que valen tanto como cualquiera. Es cuestión de tiempo para que la seguridad deje de ser un privilegio y se torne en un derecho. Llegará el momento en que el Estado vele por todos y todas.
En medio del recato que le caracteriza, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, envió ayer un par de mensajes. Aunque el funcionario no señaló a nadie, es fácil deducir quiénes son los destinatarios.
Las consideraciones de Díaz surgen en el marco de la ampliación de las pesquisas que el ente recaudador efectúa en el caso denominado B410, que evidenció un sistema que defraudó 300 millones de quetzales al fisco, durante el gobierno de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez. En dos platos, el responsable de la SAT informó que se interpusieron denuncias contra 206 empresas, las que se suman a las 35 iniciales.
Además, detalló los avances que permitirían llegar a los autores que ejecutaron los robos, así como a aquellos que tuvieron la planificación de los saqueos. Treinta compañías inhabilitadas para emitir facturas, 32 que no tienen acceso al Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y el decomiso de 106.4 millones de quetzales y 440 mil dólares son las cartas que presenta la Superintendencia.
Tras la presentación de estos números, Díaz lanza el primer llamado. Urge emitir órdenes de captura. La lógica del aludido, misma que comparte la mayoría de guatemaltecos, es que ello permitirá entrevistar a los presuntos culpables, para que cuenten quiénes los contactaron y por qué. Y agrega: “Mientras eso no suceda tenemos delimitado nuestro campo de acción”. Cuánta razón y lógica tiene.
El otro golpe llega cuando refiere los amparos provisionales recibidos por 10 firmas señaladas (una medida fue revocada), las que la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria permite continuar operando, pese a su presunto accionar en el fraude.
“No podemos permitir que una compañía que se ha quedado con el IVA siga trabajando”, advierte, previo a concluir que eso hace presumir que continúe quedándose con los impuestos. No cabe duda de que Díaz tiene razones de sobra para exigir que las instituciones asuman sus responsabilidades y dejen de proteger a ese pacto de corruptos que se atrinchera en un barrio de la zona 1.
Las angustias de doña María, uno de los personajes centrales del Reporte especial publicado ayer por este diario, deben terminar. Su narrativa, que refleja las preocupaciones que viven miles de guatemaltecos en la búsqueda de medicamentos a precios accesibles, debería ser suficiente para llamar la atención de todos. Sin demoras.
De acuerdo con el trabajo periodístico citado, en El Salvador se encuentran los mismos fármacos que se comercializan en Guatemala hasta un 70 por ciento más baratos. ¿Por qué ocurre tal situación? ¿Qué influye para que haya tanta diferencia en los precios? ¿Qué tiene que hacer el país para que esto ya no siga pasando?
Las explicaciones a estas interrogantes abundan. Y la mayoría de autoridades de los distintos organismos del Estado lo tiene claro, aunque opten por callar. Por dar largas. O, tal vez, porque sus capacidades económicas o las prerrogativas que ofrecen sus cargos les impiden pasar por estas penas. Lo cierto es que se han vuelto insensibles ante el dolor de los connacionales, irónicamente, quienes los eligen o pagan sus salarios.
Pero no todos cierran los ojos. No todo está perdido. Hay algunos que han puesto manos a la obra y enfrentan a ese monstruo de mil cabezas que camina a placer. A sus anchas, sin que nadie les haya plantado cara. Lo expuesto por el presidente Bernardo Arévalo pone en perspectiva el afán del Ejecutivo de frenar esos abusos. De parar la indolencia de quienes tienen la responsabilidad de minimizar la congoja de los enfermos.
Un buen inicio en este largo camino por recuperar la esperanza pasa por identificar el origen del problema y ofrecer soluciones. La génesis de la contrariedad la resumió Arévalo de esta forma: “El mercado está controlado monopólicamente y de manera corrupta”. En cuanto a las salidas, el Gobierno también presenta avances mediante la diversificación del mercado y la compra de fármacos a organismos internacionales, lo que permitirá abaratar las curas y ampliar la oferta.
Priorizar la salud es un compromiso de todos. Evitar que se siga comercializando con el pesar ciudadano es innegociable. Aliviar estas angustias debe convocar a todos. El Gobierno ha puesto el ejemplo. Ahora resta que el Congreso haga lo propio. Por humanidad. Por doña María.
