Contra el tiempo se encuentran las dos comisiones de postulación que deberán presentar al Congreso de la República los listados de candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia, CSJ y de Corte de Apelaciones.

De no haber sido por la insistencia -llegando a la terquedad- de un grupo de comisionados que desde el inicio se opusieron a que la sede para trabajar fuera la Universidad Rafael Landívar, ambas comisiones postuladoras no estarían ahora con el tiempo en su contra.

Evidente que la intención desde el inicio fue perder tiempo, con el propósito de que las nóminas de candidatos no estuvieran listas y con ello permitir que los actuales magistrados siguieran en sus puestos más allá del 13 de octubre, que es cuando por ley deben asumir las nuevas autoridades judiciales.

Cuando aún estaba en la Dirección de Comunicación del Congreso, participé en la primera reunión donde el rector de la Universidad Landívar, el padre Míquel Cortés -quien preside comisión para CSJ- mostró con gran entusiasmo cómo habían acomodado un espacio grande en esa casa de estudios, para albergar a los comisionados. “Miren, qué bonito, contamos con espacios amplios, con el equipo de tecnología, con parqueos, con lugares para que la Prensa y los ciudadanos interesados, puedan observar el desarrollo del trabajo encomendado; estamos listos”.

Esa reunión era para establecer en qué podía ayudar el Congreso, dado que es el que convoca a la integración de esas comisiones y más adelante con nóminas de candidatos en mano, deberá elegir a los futuros magistrados. Solicitaron Constituciones de la República, impresoras, detectores de metales y personal de protocolo.

No sabía el padre Míquel que desde la primera reunión, un grupo de comisionados, encabezados por actuales magistrados y otros del Colegio de Abogados, a puro tubo querían que la sede fuera la Corte Suprema de Justicia. Peor aún, se opusieron a avanzar en la agenda hasta que no se resolviera su deseo.

Tuvo que salir el presidente de la CSJ, Oscar Cruz, a decir que no contaban con la infraestructura necesaria para ser la sede de las postuladoras. También, se evaluó el edificio del Legislativo. Fue hasta el 17 de agosto que por fin y tras someter a votación, acordaron que siempre sí, la Universidad Landívar.

Fueron más de 1 mil 500 expedientes de aspirantes los que contrarreloj debieron entrar a evaluar los comisionados, todavía el pasado fin de semana estaban conociendo las tachas planteadas en contra de postulantes. Entre todo este estira y encoge, cabe resaltar la observación asidua del Movimiento Pro Justicia, de la Prensa, de Guatemala Visible, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el papel fundamental que siguen teniendo en favor de la justicia los pueblos originarios.

“Recibí una petición por escrito de un representante que viajó 11 horas desde Ixcán, un hombre de la tercera edad como yo; eso habla de que el pueblo quiere cambio y cambio queremos todos” dijo a Plaza Pública, Raúl Arévalo, quien preside la Comisión de Postulación de Apelaciones. De su experiencia dirigiendo ese ente integrado en su mayoría por abogados, manifestó a ese medio digital “Aquí puede pasar cualquier cosa, la ley no es lo que dice la ley, sino lo que se interprete de ella”.

Los ojos y esperanza están puestos, de momento en el trabajo de las postuladoras y dentro de poco en el Congreso de la República. La justicia nos ha estado debiendo a todos los guatemaltecos, se necesita y urge un cambio.

Jorge Castillo

Atrás quedarán siglos de marginación y olvido para los pueblos originarios. Las bases para lograr cambios sustanciales se están sentando. Prueba de ello son los cinco acuerdos que la administración del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera han firmado con comunidades indígenas, para promover el desarrollo integral tomando en cuenta las demandas de dichos sectores.

Impulsar proyectos de desarrollo económico, de infraestructura, salud, educación y medio ambiente, dando la importancia que merece la pertinencia cultural, son algunos de los acuerdos alcanzados con representaciones de los pueblos xinka, ixil, sacapulteco y comunidades indígenas aliadas de Chichicastenango, Quiché, con los que, de momento, el Gobierno se ha comprometido por medio de diálogos directos y permanentes.

Las acciones del Ejecutivo superan con creces los intentos de administraciones anteriores. Y es que estas solamente quedaron en buenas intenciones, ya que, según analistas, las ideas que plantearon carecían de estrategia y una ruta metodológica que les permitiera avanzar en la oportunidad de construir el desarrollo en las diferentes regiones.

Además de promover el desarrollo, las comunidades también requieren que se impulsen proyectos encaminados a combatir la violencia y discriminación contra las mujeres e inversiones para el manejo de residuos, entre otros, para lo cual, se hace necesario el involucramiento de ministerios, viceministerios, direcciones, oficinas y delegaciones estatales a lo largo y ancho del territorio nacional.

De hecho, los espacios de diálogo y consenso por parte del Gobierno no se han dado solo con autoridades o representantes de los pueblos originarios. Las acciones de Arévalo y Herrera los han llevado a reunirse también con los alcaldes de los 340 municipios de los 22 departamentos del país. Para el Gobierno, la importancia de estos acercamientos radica en el hecho de poder conocer las necesidades de los municipios, lo cual facilita la coordinación de esfuerzos y el establecimiento de prioridades claras.

El camino se está allanando y la disposición a concretar cambios sustanciales es latente. Ahora queda darle el seguimiento adecuado a estrategias y programas, y que tanto el Gobierno como la propia sociedad pongan el empeño para que todo lo acordado se haga realidad.

Editor DCA

Los corruptos avanzan. Las comisiones de postulación no logran frenar sus embates. Varios de los popularmente señalados pasaron a la siguiente fase, favorecidos por sus compinches del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Podrán decir de todo. Podrán argumentar lo que sea. Pero el actuar de estos personajes no necesita de ninguna evaluación profunda para encontrarlos culpables de cometer actos evidentes que han atentado contra nuestra débil democracia.

Sus casos armados sin fundamento lógico ni legal son suficientes como para que cualquiera, con dos dedos de frente, los hubiese dejado fuera del proceso de escogencia.

Claro, los coyotes de la misma loma siempre se protegen entre sí. Para dejar fuera a estos personajes no era necesario tomar en cuenta que tienen prohibido el ingreso a más de 30 países en el mundo. Que son reconocidos en todos ellos como agentes corruptos que atentan contra la democracia guatemalteca.
Es suficiente con revisar los argumentos que presentan en sus casos, sin pies ni cabeza para entenderlos.
Por supuesto que quienes les dan la razón son personajes de su mismo bando. Personajes que pululan en el lado oscuro de la fuerza y conducen las riendas de juzgados comprometidos con el mal y la corrupción, capaces de emitir sentencias con esos argumentos que hasta los que no somos abogados nos damos cuenta de que carecen de peso. Pero allí siguen escalando.

Las Comisiones de Postulación no han logrado mantener viva esa esperanza que muchos teníamos de que el cambio comenzara por esa instancia. Demostrado está que entre sus miembros siguen dominando los corruptos.

Habrá que esperar si finalmente en el Congreso de verdad está la luz y el grupo de legisladores que en las últimas instancias ha estado votando a favor de leyes que beneficien a la población en general, nos da la grata sorpresa de elegir magistrados que no estén vinculados con las mafias y peor aún sean parte de ellas.

El tiempo avanza y las cosas se comienzan a poner color de hormiga. La ley indica que el 13 de octubre deben tomar posesión de sus cargos los nuevos magistrados de la CSJ, así como los de las Cortes de Apelaciones y, por lo que se ve, el avance de los malos sigue con fuerza.

Urge reformar la ley de Comisiones de Postulación y muchas más, porque mientras el control de la mayoría de instituciones esté en manos de los abogados, al menos de esos tramposos y marrulleros que hacen y deshacen a su antojo lo que quieren con nuestro Estado de derecho, parece que el caso de Guatemala es de desahucio.

Colaborador DCA