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EDITORIALES

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Desde el gobierno del binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, hasta la administración de Joe Biden, se ha insistido en afirmar que las relaciones bilaterales entre Guatemala y Estados Unidos pasan por uno de los mejores momentos de la historia de ambos países.

Tal circunstancia, que más que discurso es una clara realidad, es propicia para replantearle a la nación norteamericana que conceda el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), un beneficio que el exmandatario Álvaro Arzú despreció en 1998, cuando la tormenta tropical Mitch devastó buena parte de los territorios de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Por cierto, las últimas naciones mencionadas optaron y se les otorgó la concesión.

Lo cierto es que desde finales del siglo pasado hasta 2023, los seis gobiernos guatemaltecos popularmente electos han solicitado el TPS, aunque a ninguno se le confirió. Sin embargo, hoy las condiciones son distintas o parecen serlo, dada la confianza que genera entre demócratas y republicanos el binomio formado por Arévalo y Herrera.

Para tramitar el Estatus, EE. UU. demanda tres condiciones: que el territorio solicitante atraviese por un conflicto armado, haya pasado un desastre natural u otra coyuntura extraordinaria que impida a sus ciudadanos volver a sus hogares.

Cifras oficiales advierten que 2 millones 800 mil compatriotas persiguieron el llamado sueño americano, quienes, en 2023, enviaron 19 mil 804 millones de dólares en concepto de remesas, dinero vital para la estabilidad macroeconómica que pregonan las autoridades monetarias y financieras locales.

En los últimos 10 años, dichos ingresos han ido en aumento, tal como ocurrió en los primeros dos meses de 2024, que superaron los registros de ese lapso del año pasado.

Estadísticas estadounidenses refieren que más de medio millón de ciudadanos de 16 naciones reciben el citado beneficio, por lo que pensar que en el futuro cercano algunos connacionales puedan acceder al TPS es una noticia que despierta esperanza y una prueba de fuego para creer, como se afirma, que los vínculos bilaterales atraviesan sus mejores momentos.

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EDITORIALES

Las mafias hicieron de la corrupción una política de Estado

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Amparados en la impunidad que aún los protege, dado el control que mantienen en las instancias encargadas de la persecución y el castigo penal, los cárteles del crimen que medraron durante el gobierno anterior crearon mecanismos que les permitieron asaltar el erario con un descaro tal que avergonzaría al más despiadado de los corruptos.

La más reciente denuncia presentada por el Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), sucedió ayer, cuando la encargada de dicha cartera, Jazmín de la Vega, informó sobre querellas elevadas ante el Ministerio Público (MP), las cuales se relacionan con 14 escuelas Bicentenario, proyecto emblema de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

El detalle de esta nueva corruptela advierte que, trágicamente, las nuevas autoridades no terminan de limpiar las gavetas y, por el contrario, las ratas siguen apareciendo convertidas en negocios sucios. “Estos establecimientos representan un hito en la evolución de la enseñanza en Guatemala”, promovían estos indecentes, quienes vieron en las necesidades de los guatemaltecos la oportunidad para enriquecerse ilícitamente.

De los 14 centros ofrecidos, cuyos valores oscilan entre los 31 millones 457 mil y los 46 millones 819 mil quetzales, 11 registran avances por debajo de los montos trasladados. La información recopilada por el Micivi evidencia los arreglos realizados para que la empresa Fame Sistema Constructivo, Sociedad Anónima, recibiera todos los negocios.

Para ello, Juan Carlos Alonzo Reyes y Oscar Guillermo Sierra Pacay, director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), exigieron, en las bases para los contratos, que el material a emplearse en los establecimientos fuera Lego PVC, cuyo único proveedor es la compañía citada.

En fin, qué se puede esperar de un desgobierno que fue capaz de aprovecharse de la salud
de los compatriotas, para saquear las finanzas públicas mediante la compra anómala de
vacunas Sputnik.

Editor DCA
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El fracaso nacional en el manejo de la basura

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El vertedero a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa) pinta de cuerpo entero el fracaso que, como país, hemos tenido en el tratamiento de los desechos sólidos. La desidia con que ministerios y municipalidades han enfrentado el tema nos
tiene en una crisis ambiental, que obliga a suspender el sagrado derecho de los niños a estudiar.

De esa cuenta, hoy, el Organismo Ejecutivo que dirigen el presidente Bernardo Arévalo y la vicemandataria Karin Herrera deberá resolver un problema que sus antecesores y los responsables de los gobiernos locales anteriores fueron incapaces de visualizar y, menos aún, resolver.

La decisión del Consejo de Ministros de declarar el estado de calamidad, que permita hacer frente a los 44 incendios activos en el todo el territorio nacional, en especial, el del vertedero de Amsa, es apenas el inicio de un proceso que, más que recursos, requiere voluntad política y determinación.

Dicha medida, necesaria por la dimensión de los fuegos y la terrible contaminación que generan, forzosamente, debe incluir la decisión de cerrar el depósito que administra la Autoridad del lago, y obligar a las comunas que se encarguen del manejo y tratamiento de los residuos, responsabilidades que en otras naciones son vistas como oportunidades de desarrollo e ingresos económicos.

Las largas que los gobiernos anteriores dieron a la situación han vuelto inmanejable el asunto y una bomba de tiempo que explotará en cualquier momento. Como antecedente, conviene anotar que el relleno de Amsa se creó en 1999 para atender a nueve municipios.

En 2007, 13 jurisdicciones trasladaban sus desperdicios, lo que provocó que se exigiera el cierre en cinco años plazo. En 2024, 34 territorios trasladan su basura, por la incapacidad de los alcaldes para atender sus necesidades.

Cerrar los ojos ante este problema sería un graso error, máxime cuando se conoce el
camino a seguir, el cual pasa, insistimos, por voluntad política para cumplir y hacer cumplir lo que establece la Ley.

Editor DCA
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Operativos que recobran la confianza ciudadana

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El despliegue de agentes realizado ayer por el Ministerio de Gobernación (Mingob), en busca de criminales que atentan contra la seguridad, dejó resultados que conviene analizar, por las implicaciones que tendrán para la buena convivencia de los compatriotas.

Lo primero que se debe destacar es el mensaje claro y contundente que se traslada a la población y a los delincuentes.

La captura de por lo menos 10 motosicarios y nueve extorsionistas advierte la firme determinación del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera de combatir la impunidad y apresar a quienes se acostumbraron a delinquir a sabiendas de que no serían perseguidos y, menos aún, castigados.

Además, los arrestos e indicios hallados acercarán las investigaciones a los jefes y cómplices que integran las bandas que asaltan, a plena luz del día, a conductores que se trasladan a sus actividades laborales, académicas o familiares, pero que, lamentablemente, son despojados de sus bienes por estos parásitos.

En su Plan de Gobierno 2024-2028, el Organismo Ejecutivo advierte que invertirá en el fortalecimiento de las instituciones, con el objetivo de que sean más contundentes en el combate de la delincuencia y tengan una mayor efectividad en la protección de los derechos ciudadanos.

De hecho, el 15 de marzo recién pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) graduó a 2 mil 431 agentes, que fueron trasladados inmediatamente a delegaciones de todo el país.

Adicionalmente, el referido plan advierte la determinación de las autoridades de apostar por la profesionalización de los servicios de inteligencia, así como para retomar el control del Sistema Penitenciario.

Estas dos estrategias facilitaron, entre finales de enero y mediados de febrero de 2024, la captura de 96 extorsionistas de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, quienes eran un obstáculo para el crecimiento integral de guatemaltecos, quienes aportan al desarrollo inclusivo de esta nación.

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