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EDITORIALES

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El trabajo coordinado entre Gobierno e iniciativa privada en la lucha contra el ingreso ilícito de mercancías ha permitido controlar estructuras criminales que golpean a empresarios que laboran honradamente y, por consiguiente, afectan la productividad y la generación de empleos.

Esa alianza, integrada en los Puestos de Control Interinstitucional (PCI), permitió que entre 2020 (cuando las instancias fueron creadas) y 2023 se evitara la entrada de contrabando valorado en Q135 millones.

Dichos centros también refuerzan las políticas gubernamentales que buscan persuadir y evitar la migración irregular, fenómeno que ha crecido en el ámbito mundial, dado los réditos que deja la explotación de quienes ilusionados por alcanzar otros espacios de superación caen en manos de forajidos que han hecho de estas operaciones su forma de vida.

Pero volviendo al tema de los esfuerzos para evitar la introducción de productos que no cumplen con el pago de impuestos, conviene recordar que los PCI están estratégicamente ubicados y aplican mecanismos de supervisión que imposibilitan el trasiego de artículos que
compiten de manera desleal frente a compañías debidamente establecidas.

Los contundentes resultados en la materia también envían mensajes claros a quienes consideran invertir en el país, pues advierten de que en Guatemala se respeta el Estado de Derecho y las reglas comerciales que rigen en todas las partes.

En este punto conviene advertir que estos planes de Estado responden a la Política General de Gobierno 2020-2024, la que en sus ejes 1 y 3 orienta el camino al impulso de la Economía, Competitividad y Prosperidad y a la consolidación de una nación de Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo, elementos indispensables para alcanzar la prosperidad integral de los
guatemaltecos y un destino que sea apetecido por capitalistas nacionales y extranjeros.

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EDITORIALES

“Se puede hacer lo que hay que hacer, pero como debe ser”

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La titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, dejó una frase que advierte sobre las convicciones del Gabinete de Gobierno.

En el marco de una rendición de cuentas que realizaron cuatro ministros de Estado, a propósito de los primeros 95 días de gestión, la funcionaria resumió las directrices que han recibido por parte del presidente Bernardo Arévalo y la vicegobernante Karin Herrera: “Hacer lo que hay que hacer, pero como debe ser”.

Lo cierto es que el evento, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala, permitió reiterar los avances en materia de seguridad, finanzas, comunicaciones e infraestructura y economía.

De la Vega recordó la entrega de 11 mil 200 pupitres a 149 escuelas de 17 departamentos, así como las 500 viviendas terminadas, las cuales se lograron pese al desorden en que encontró la institución.

Los logros mostrados por el aludido despacho adquieren un cariz especial, si se toma en cuenta que es una de las carteras que más denuncias penales ha presentado ante el Ministerio Público, debido a los saqueos que se le señalan a la administración de Alejandro Giammattei, aunque las querellas parecen dormir el sueño de los justos en el ente a cargo de la investigación.

Por citar un caso, dijo que entre junio de 2023 y del 1 al 14 de enero recién pasados, el gobierno anterior llevó a cabo ejecuciones irregulares por 2 mil millones de quetzales, desembolsos que coincidieron con los comicios generales y los últimos días de la referida gestión.

El encargado del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, también tuvo la oportunidad para resaltar algunos esfuerzos para lograr el buen vivir de los guatemaltecos y recuperar los espacios comunitarios y puestos fronterizos.

En el encuentro, Finanzas remarcó que no se aumentarán ni crearán impuestos, porque la recaudación programada alcanza para hacer lo que hay que hacer, como debe ser.

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La elección de cortes debe ser limpia y sin presiones de las mafias

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Revisar nuestro pasado reciente bastaría para coincidir con la opinión del presidente Bernardo Arévalo, cuando afirma que con la elección de jueces y magistrados se pone en juego la democracia guatemalteca.

La impunidad y corrupción desmedidas, que se cometieron durante el gobierno de Alejandro Giammattei, ponen en evidencia un sistema creado para saquear el erario, el cual contó y cuenta con el apoyo de algunos fiscales, jueces y contratistas que facilitaron el actuar de las mafias de cuello blanco y conciencia negra.

Así las cosas, es cierto que la próxima selección de candidatos a dirigir la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones es un proceso fundamental, que debe ser observado por los diferentes liderazgos sociales, a los que les tocará exigir procedimientos que garanticen la independencia y probidad de los llamados a impartir justicia.

Un eventual fracaso en estas nominaciones representaría que sigamos en manos de los criminales, quienes han hundido en la pobreza y el subdesarrollo a una nación que merece otro destino. Por eso no extraña que el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, anunciara ayer que “se vienen grandes casos” de corruptela, los cuales serían denunciados desde los ministerios de Desarrollo Social y Educación.

Estas y otras querellas que se analizan en las carteras de Comunicaciones, Cultura y Agricultura, se sumarían las presentadas por la compra anómala de vacunas Sputnik, las escuelas Bicentenario o las múltiples obras de infraestructura que se pagaron casi en su totalidad, aunque los avances físicos no superan el 40 por ciento.

Insistir, promover y exigir la asunción de magistrados honestos y comprometidos con la justicia es lo mínimo que nos merecemos como sociedad y es la única garantía que tendremos para evitar los asaltos a las finanzas públicas, vía indemnizaciones cuestionadas y otras formas truculentas.

Editor DCA
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Giammattei y su gabinete deben rendir cuentas

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Poco a poco, las máscaras de la supuesta decencia empiezan a caer y la verdad comienza a evidenciar el desgobierno de la administración anterior.

Es difícil recordar un día, en los 93 transcurridos en esta nueva gestión, que no se hayan denunciado supuestos asaltos al erario, perpetrados por el equipo que lideraban el exmandatario Alejandro Giammattei y Miguel Martínez.

Las evidencias constatadas en los innumerables casos presentados dejan pocas dudas en cuanto a la corruptela que imperó del 14 de enero de 2020 al 14 de enero de 2024, por lo menos entre una buena parte de la ciudadanía que demanda justicia y castigo.

Lastimosamente, los procesos chocan contra las instituciones llamadas a investigar las querellas, por lo que los responsables de los presuntos malos manejos se mantienen impunes.

En este juego de ideas, ayer el ministro de Salud, Oscar Cordón, afirmó que la acusación que el Organismo Ejecutivo hizo contra Amelia Flores, su antecesora en el cargo, se ampliará a otros integrantes del gabinete de Giammattei, algo que los connacionales reclaman, dadas las sospechas de que los autores intelectuales del fraude cometido en la compra de las vacunas Sputnik
tenían jerarquías superiores a los exencargados de las carteras y secretarías de Estado.

De momento, todo apunta a que la denuncia incluirá a Pedro Brolo, que en su carácter de ministro de Relaciones Exteriores de Giammattei lideró las conversaciones con la empresa rusa
que vendió las Sputnik o contra quien facilitó los recursos para la transacción.

Adicionalmente, en una entrevista con la agencia EFE, el comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, comunicó que los desfalcos que se cometieron durante el gobierno recién pasado se estiman entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares, dinero que le permitió a los ahora exfuncionarios obtener voluntades en diferentes organismos del Estado y asegurar una vida dispendiosa, aunque ello haya implicado ofensivos retrocesos en materia de desarrollo humano.

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