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EDITORIALES

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó una nueva iniciativa que permitirá al usuario contar con información detallada de las mercancías objeto de duda por parte del servicio aduanero.

Así como retirar de la aduana el producto importado, otorgando una garantía para dicho fin.
Se trata de un nuevo modelo del sistema de Duda Razonable, el cual busca agilizar los procesos en el comercio y transparentar e impulsar la competitividad del país, según las autoridades.

El plan piloto, que está en marcha en el depósito temporal de la Aduana Exprés Aérea Combex Im, permitirá ver la trazabilidad del proceso de despacho, a través de la Agencia Virtual, y aplicar voluntariamente a las opciones que le permitan disponer de sus mercancías como la rectificación, registrar garantía o presentar pruebas digitalizadas, entre otras.

Dicho proyecto tiene como otra novedad que reducirá el tiempo y los costos, ya que anteriormente se tenían 10 días para notificar la diferencia, otros 10 para presentar las pruebas y otros más para emitir la resolución, si se aceptaban pruebas o se desvanecía el ajuste.

Con la nueva modalidad, los 25 o 30 días de almacenaje en la aduana se reducirán a 2 o 3 días. Además, si al importador le urge retirar la mercancía, puede presentar una garantía por la importación y sacar el producto, mientras el proceso administrativo sigue.

Todo lo anterior está simplificando el procedimiento, automatizando y eliminando la discrecionalidad o actuación de las personas, porque todo se está haciendo con la información que se tiene en la base de valor, lo cual transparenta el proceso.

El proyecto cuenta con el respaldo del sector empresarial, como el caso de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, que considera la iniciativa como un gran avance.

En síntesis, este tipo de herramientas que impulsa la SAT da certeza jurídica, transparencia, agilidad, reducción de costos y hace más competitivo al país.

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EDITORIALES

Unidos para proteger a los adultos mayores

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La protección de los adultos mayores es una prioridad para el Gobierno de la República, que no se ha detenido en la búsqueda de más y mejores beneficios para la citada población.

En seguimiento a las acciones en favor de las personas de la tercera edad, la administración del presidente Alejandro Giammattei ha intensificado el trabajo para alcanzar a más favorecidos con los programas sociales.

Ayer, el mandatario anunció que 1063 adultos mayores fueron incorporados al Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor que ejecuta el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Los beneficiados son de San Rafael Pie de la Cuesta y de la cabecera departamental de San Marcos, quienes fueron notificados por el jefe de Estado, durante una gira de trabajo realizada en esa región.

Pero no se trata únicamente de incorporar a más personas al mencionado programa, sino también de buscar ajustes en los beneficios económicos. Por ello, los organismos Ejecutivo y Legislativo accionaron para incrementar el aporte monetario a los adultos mayores inscritos.

De esa cuenta, el Congreso de la República aprobó esta semana el Decreto 4-2022, que reforma la Ley del Programa Económico del Adulto Mayor, con el objetivo de dotarlo de más recursos y mejorar los mecanismos administrativos de atención.

La citada modificación permitirá que, a partir de febrero próximo, los favorecidos reciban un aumento de Q100. Es decir que, a partir de finales de febrero y en adelante, el aporte será de Q500.

El Gobierno trabaja para que los apoyos se dirijan a los municipios que menos inscritos tienen en el programa, como es el caso del municipio marquense de San Rafael Pie de la Cuesta.

Asimismo, se continuará con el trabajo de verificación y estudios sociales de nuevos solicitantes, con la intención de expandir el beneficio, el cual es gratuito y no se debe pagar para acceder al mismo.

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Lucha contra el Covid-19, sin detenerse

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Las jornadas de vacunación masiva contra el Covid-19 y la realización de hisopados para detectar la enfermedad, son dos acciones permanentes del Gobierno de la República para continuar con el combate de la pandemia en el país.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó que, hasta el mediodía de ayer, Guatemala había administrado 13 076 307 inyecciones contra el coronavirus, entre primera, segunda y tercera dosis.

La cobertura más alta en esquema completo es del grupo etario de 60 a 69 años, lo cual refleja el interés de la citada población por protegerse de la enfermedad, un ejemplo que debe seguir el resto de la población.

Se hace un llamado a los guatemaltecos de todas las edades que están habilitados para recibir el biológico, para que se acerquen a los puestos de inmunización y reciban la inyección, pues de esa forma evitarán complicaciones en caso de ser contagiados.

El MSPAS está satisfecho por el avance del Plan Nacional de Vacunación, el cual ha tenido éxito gracias al apoyo interinstitucional e intersectorial, en especial del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Educación y del sector privado organizado.

En todo el país hay 29 áreas de Salud y se cuenta con personal suficiente para liderar la inoculación masiva. Además se dispone de suficientes inmunizadores, lo cual permite la cobertura de las regiones más apartadas.

Las autoridades aconsejan a los guatemaltecos realizarse la prueba de Covid-19, en caso experimenten algún síntoma de la enfermedad. Acudir a las clínicas para efectuarse el análisis y asistir a los puestos de vacunación es un acto de responsabilidad consigo mismo, con la familia, los compañeros de trabajo y demás personas que se aprecia.

Editor DCA
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Garantizar la movilidad humana y comercial

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La Constitución Política de la República establece de manera clara los derechos a los cuales tiene acceso la ciudadanía, así como las acciones que debe tomar la autoridad cuando las garantías son violentadas.

Entre los citados derechos está la libre locomoción de los guatemaltecos, en todo el territorio nacional, así como el derecho a manifestar, siempre y cuando se haga en pleno respeto del orden y de la propiedad pública y privada.

En los recientes días, el país se vio afectado por una serie de medidas de hecho por parte de grupos de transportistas que bloquearon por más de un día las principales carreteras del territorio nacional, lo que imposibilitó el libre tránsito de personas y vehículos, así como de mercancías y de instituciones humanitarias y de socorro.

Esa situación causó caos y la inconformidad de millones de guatemaltecos, que necesitaban trasladarse a sus actividades laborales o acudir a realizar alguna diligencia importante.
Por ello, la Corte de Constitucionalidad (CC) aprobó un amparo interpuesto por la Cámara de Comercio, con el fin de garantizar la libre locomoción.

En cumplimiento de lo resuelto, las fuerzas de seguridad procedieron a desbloquear los puntos, recurriendo al diálogo con los manifestantes.

La institución encargada de ejecutar la disposición de la CC fue el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), que desde la madrugada de ayer comenzó a liberar las vías por donde transita gran parte de la actividad social, comercial y turística de Guatemala.

Los transportistas que bloquearon las carreteras exigían la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 17-2020, que autoriza la contratación de un seguro para terceros, pero que está suspendido por el Organismo Ejecutivo desde hace meses.

Las diligencias de ayer, para desbloquear las rutas, se llevaron a cabo en el marco del respeto a los derechos humanos. En ese sentido, los agentes de la PNC recurrieron al diálogo, lo que finalmente dio como resultado el despeje de las vías y la reactivación de las actividades socioeconómicas.

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