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Puntualizó que la reforma tendrá nueve ejes; entre ellos, la seguridad alimentaria, la infraestructura hidráulica, la industrialización rural, créditos de fomento agrario, asociatividad y cooperativismo, mercados de productores y compras estatales. Inclusive mencionó un fondo para la mujer rural. Sin embargo, son muchas las dudas sobre su implementación en el clima político tenso y polarizado que vive Perú desde que Castillo asumió la presidencia, en julio. Vásquez recibió el voto de confianza del Legislativo el 4 de noviembre. Gladys Vila, activista indígena quechua, originaria del departamento centroandino de Huancavelica, la región con los mayores índices de pobreza de Perú, indicó que si bien entusiasma el anuncio de la segunda reforma agraria, le preocupan varios vacíos. Amortiguar las brechas de género. Vila puso énfasis en la importancia de tomar en cuenta las brechas de género en las zonas rurales, pues de lo contrario las mujeres agricultoras, que son motor de la economía pero sin reconocimiento ni valoración, podrían quedar excluidas de las oportunidades de la proyectada reforma. Planteó que como parte del proceso se den condiciones habilitantes como garantizar a las mujeres la seguridad jurídica de las tierras que trabajan, lo que a su vez requerirá de modificar la ley de comunidades campesinas que reconoce derechos solo al jefe de familia. “Al quedar fuera del padrón comunitario, también se limita a las mujeres su participación en las juntas directivas y en la toma de decisiones sobre el desarrollo comunal, pese a que tenemos una ley que indica que deben ocupar 30 por ciento de los cargos”, explicó.

Si las productoras agropecuarias accedieran en igualdad de condiciones que los hombres a los recursos, se incrementaría la producción.

“Las normativas sobre comunidades campesinas y participación de las mujeres en las juntas directivas no son fruto del diálogo y será una barrera para el acceso a los derechos y oportunidades que busca la segunda reforma agraria”, analizó. A nivel mundial, ONU Mujeres ha documentado que las campesinas viven en peores condiciones que sus pares hombres y que las mujeres de zonas urbanas debido a brechas sociales y de género. También ha evidenciado que si las productoras agropecuarias accedieran en igualdad de condiciones que los hombres a los recursos, se incrementaría la producción de alimentos en los países del Sur en desarrollo y se reducirá la desnutrición entre un 12 y 17 por ciento en ese grupo global. Clima con mirada femenina. Vila mencionó también la crisis climática que está poniendo en riesgo la vida de las diferentes especies y mermando derechos humanos, en particular de quienes dependen de la agricultura familiar, situación que la política anunciada no ha tomado en cuenta. “Las mujeres nos estamos adaptando al cambio climático con nuestros saberes ancestrales y con respeto a la madre tierra, resistimos y aportamos a la seguridad y soberanía alimentaria y ese conocimiento debe ser considerado en la segunda reforma agraria”, subrayó. Un ejemplo de ello es el caso de Beatriz Huisa, campesina de la comunidad de Sachac, en Quispicanchi, a más de 3500 metros sobre el nivel del mar, quien contó a IPS durante una jornada en su aldea que antes el sol la calentaba, pero que ahora la sensación es “de quemadura”. Y eso no solo sucede en su piel, sino en sus cultivos de papa y hortalizas, que sufren además la reducción de las fuentes hídricas y la aparición de plagas que antes no habían visto por sus planicies. Sin embargo, no se queda de brazos cruzados, y al igual que las mujeres apela a los conocimientos de sus abuelas y a insumos naturales para proteger su siembra. Abona la tierra con estiércol de sus animales y prepara repelentes naturales con base al ají rocoto (Capsicum pubescens) y ajos para ahuyentar a gusanos y gorgojos. Cuando se la pregunta por la anunciada segunda reforma agraria, responde que no ha escuchado mucha explicación al respecto, pero que espera que el presidente Castillo “no se olvide de las mujeres del campo”.
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/wp-content/uploads/2021/10/colaboración.png
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Thils y la Teología de las realidades terrestres (III)

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Juan Luis Lorda
Profesor de la Facultad de Teología

La tercera parte muestra el gran movimiento que va desde la creación de Dios, con el misterio del pecado y la redención, hasta la consumación en Cristo, por obra del Espíritu Santo. Allí hay que encuadrar estas realidades.

Hay un designio creador de Dios sobre la acción humana en el mundo (que prolonga su creación), hay pecado que deforma, y acción redentora que sana, y hay tensión escatológica y trascendente hacia el final: no se puede hacer un mundo que quede encerrado en sí mismo.

Y en este marco, Gustave Thils está convencido de que la acción del Espíritu Santo en el mundo no se limita a la santificación interior de las personas ni a la acción litúrgica de la Iglesia, sino que abarca a toda la creación herida por el pecado. Los cristianos deben participar en ese movimiento desde su lugar en el mundo.

Toda obra participa de la acción divina, de su causalidad, y es prolongación de su creación.

La cuarta parte, llamada “simples esbozos”, que es la más larga, aplica todo lo visto a algunas grandes realidades terrestres: la constitución de las sociedades, la cultura y la civilización, la técnica, las artes y el trabajo humano. En cada caso se trata de comprender su lugar en la prolongación de la acción creadora de Dios, pensar en cómo son afectadas por el pecado, sanadas por la redención y dirigidas por el Espíritu hacia la gloria de Dios.

Por ejemplo, sobre el trabajo. Apoyándose en santo Tomás, dice que toda obra participa de la acción divina, de su causalidad, y es prolongación de su creación. El aspecto creativo subraya que el ser humano es imagen de Dios.
Ciertamente, está tocado por el pecado, pero el trabajo no es consecuencia del pecado, solo es consecuencia su aspecto penoso.

Y precisamente por eso, también puede tener un aspecto redentor. “Restaurar una sociedad, la cultura o el arte es transfigurarla según el Espíritu Santo: esto no es solo una promesa, se realiza de verdad. […] Por eso la actividad humana que transmite la redención al mundo terrestre es por lo mismo, una actividad redentora” (191).

“Uniendo todas las formas de las actividades redentoras terrestres y uniéndolas a las actividades teologales y teocéntricas de la vida interior se logrará una vista bastante completa de lo que es la ‘vida cristiana’ en su conjunto, con toda la universalidad que posee en Dios y en el Espíritu” (194).
Continuará…

Colaborador DCA
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Decreto 93-96, desempeño social, la electrificación rural

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Ángel García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
[email protected]

Hasta ahora, estimado lector, hemos revisado en conjunto el grado en que la Ley General de Electricidad (LGE) ha alcanzado sus objetivos, así como evaluado algunos retos asociados a la matriz energética nacional, llegando a la conclusión que la LGE ha cumplido con los objetivos planteados para tan importante cuerpo legal guatemalteco y que los retos aún pendientes en la matriz energética pueden considerarse manejables, y que también pueden enfrentarse con ajustes en lo referente a la normativa, sin la necesidad de incurrir en modificaciones a dicha ley así como a sus reglamentos.

Estos proyectos deberán ser evaluados económica y
socialmente.

Entonces quedan pendientes de revisión dos retos asociados a uno de los temas más importantes del subsector de energía eléctrica nacional, como lo es la electrificación rural, y son los siguientes:

1)La calidad del servicio de electricidad que se presta al usuario puede considerarse como mala en el área rural.


2)El porcentaje aún por electrificar en la República de Gua-
temala es grande, y presenta grandes desafíos financieros en inversión y en subsidios.

Al respecto, el Decreto 93-96, Ley General de Electricidad, en el Artículo 47, indica lo siguiente:

1)Es una función estatal de naturaleza opcional: El Estado podrá otorgar recursos, cuyo objetivo sea para costear total o parcialmente la inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se desarrollen fuera de una zona territorial delimitada. 

2)Esos proyectos son objeto de subsidio: Los recursos que otorgue el Estado serán considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario. 

3)Los proyectos de Electrificación Rural debieran ser operados por un distribuidor, al quedar ya operativos: Las obras que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario, quien en estas actividades se obliga a mantenerlas en perfectas condiciones de uso.

4)Estos proyectos deberán ser evaluados económica y socialmente. El Artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Electricidad (RLGE) manda al MEM establecer un procedimiento para la elaboración de un informe de evaluación económica y social del proyecto. Lo anteriormente indicado, con el fin de resolver la procedencia o improcedencia del mismo.

Es así, estimado lector, que de lo anteriormente expuesto concluimos que la construcción de redes destinadas a electrificar las áreas rurales no es una función prevista en la ley para los inversionistas privados; por el contrario, el marco legal lo asigna en forma directa a la gestión estatal por medio del MEM.

Se observa también que el financiamiento de la electrificación rural está previsto para ejecutarse con fondos estatales, concepto que se reafirma en el Artículo 61 del Reglamento de la LGE, el cual manda a estructurar las tarifas de modo que puedan promover la igualdad de tratamiento a los consumidores y la eficiencia económica del sector, enfatizando que en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a una categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros usuarios.

Y que dentro de todo el marco legal del sector eléctrico únicamente en dos artículos, el 47 de la ley y el 77 del Reglamento de la LGE se aborda dicho tema, se deduce que su desarrollo está todavía pendiente, constituyéndose en una necesidad y a la vez en una oportunidad para nuestra sociedad.

El único intento de legislar el suministro para pequeños consumidores se dio por medio de la ley de tarifa social, Decreto 96-2000, el cual por cubrir un rango de consumidores bastante más amplio que el que podría corresponder a la electrificación rural se desenfoca de ese objetivo. ¿Cuál podría ser su contenido para hacerla operativa? Es lo que se continuará planteando en próximas fechas.

Colaborador DCA
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La nueva variante del Covid-19 trastoca salud y comercio (I)

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Gustavo Capdevil
Agencia Internacional de Noticias Inter Press Service (IPS)
https://ipsnoticias.net/noticias/derechos-humanos/

Todo estaba advertido, tanto el brote de una variante más contagiosa del Covid-19 que desató nuevamente las alarmas sanitarias internacionales, la amenazante ómicron, como también la confirmación de la morosidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para zanjar la puja entre países ricos y pobres por el reparto de las ganancias que dejan los intercambios.

Los dos factores se conjugaron el pasado viernes 26, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “preocupante” al nuevo tipo de Covid-19 y sus mutaciones, y puso en alerta al sistema de investigación científica de la institución que indaga características y efectos de la nueva variedad.

Horas más tarde, cuando varios países, entre ellos Suiza, cancelaron vuelos a naciones de África del Sur, la OMC suspendió “indefinidamente” su 12 Conferencia Ministerial, que debía sesionar del 30 de noviembre al 3 de diciembre en territorio suizo. La índole del virus y las perspectivas de multiplicarse de manera arrolladora, como lo ha hecho hasta ahora, y de transformarse en una variante más insidiosa, como aparenta el ómicron, ya se conocían desde que China oficializó la irrupción del SARS-CoV-2 en los primeros días de enero de 2020.

La sociedad internacional había sido prevenida.

La sociedad internacional había sido prevenida de ese peligro por una comisión de científicos que encabezaba la médica noruega Gro Brundtland, exdirectora general de la OMS. Pero el sistema sanitario no estaba preparado y los primeros meses fueron caóticos hasta que mejoraron los sistemas de producción y los laboratorios descubrieron fórmulas de vacunas apropiadas.

A lo que no se encuentra solución es al vacío moral que envuelve a los centros de poder universal en materia de vacunas y de otros tratamientos anticovid, como no se cansan de repetir el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esa falencia debilita la cooperación internacional y favorece el culto a la maximización de la ganancia, los dos factores que han impedido la distribución equitativa de vacunas y demás paliativos a la pandemia y han dejado un saldo de sufrimientos y muertes.
Continuará…

Colaborador DCA
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