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El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) comprende la tercera parte del territorio nacional. Es decir, el 32 por ciento de toda la extensión de nuestro país, según datos oficiales. Las zonas bajo resguardo, en las que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas(Conap) y otras instituciones afines a la protección del medioambiente tienen incidencia, guardan riquezas incalculables de flora y fauna. Todo ello hace necesario su preservación y cuidado, ya que, lamentablemente, existen acciones por parte del ser humano que atentan contra la biodiversidad que cohabita en medio de la naturaleza. En esa tarea entra en acción un grupo de personas, cuyo trabajo es aún desconocido por gran parte de la población. Se trata de los guardarrecursos, quienes realizan labores de protección y resguardo de los bosques y la diversidad biológica. Su compromiso con la naturaleza, como educadores ambientales, es de gran importancia, ya que su trabajo, ejemplo y enseñanza, en relación con la necesidad de cuidar dicha riqueza, incide en las acciones de las presentes y futuras generaciones. Según el Conap, la institución cuenta con 400 mujeres y hombres dispersos a lo largo y ancho del país, quienes realizan actividades de protección de los recursos naturales, previenen hechos ilícitos, realizan control, vigilancia y monitoreo, y brindan atención a los visitantes de los parques ecológicos. Debido al trabajo que desempeñan, los guardarrecursos han sido blanco de amenazas, agresiones y hasta víctimas de asesinato, de acuerdo con lo documentado por la entidad en referencia. A pesar de ello, los encargados de vigilar los espacios naturales más importantes de Guatemala no bajan la guardia y mantienen el espíritu de servicio a la comunidad, conscientes de que de ellos depende el futuro de sus hijos. En honor a ellos, cada segundo viernes de septiembre se reconoce su esfuerzo y compromiso con Guatemala. Felicidades a los guardianes de las áreas protegidas, el país valora su aporte.
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Garantizar la movilidad humana y comercial

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La Constitución Política de la República establece de manera clara los derechos a los cuales tiene acceso la ciudadanía, así como las acciones que debe tomar la autoridad cuando las garantías son violentadas.

Entre los citados derechos está la libre locomoción de los guatemaltecos, en todo el territorio nacional, así como el derecho a manifestar, siempre y cuando se haga en pleno respeto del orden y de la propiedad pública y privada.

En los recientes días, el país se vio afectado por una serie de medidas de hecho por parte de grupos de transportistas que bloquearon por más de un día las principales carreteras del territorio nacional, lo que imposibilitó el libre tránsito de personas y vehículos, así como de mercancías y de instituciones humanitarias y de socorro.

Esa situación causó caos y la inconformidad de millones de guatemaltecos, que necesitaban trasladarse a sus actividades laborales o acudir a realizar alguna diligencia importante.
Por ello, la Corte de Constitucionalidad (CC) aprobó un amparo interpuesto por la Cámara de Comercio, con el fin de garantizar la libre locomoción.

En cumplimiento de lo resuelto, las fuerzas de seguridad procedieron a desbloquear los puntos, recurriendo al diálogo con los manifestantes.

La institución encargada de ejecutar la disposición de la CC fue el Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil (PNC), que desde la madrugada de ayer comenzó a liberar las vías por donde transita gran parte de la actividad social, comercial y turística de Guatemala.

Los transportistas que bloquearon las carreteras exigían la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 17-2020, que autoriza la contratación de un seguro para terceros, pero que está suspendido por el Organismo Ejecutivo desde hace meses.

Las diligencias de ayer, para desbloquear las rutas, se llevaron a cabo en el marco del respeto a los derechos humanos. En ese sentido, los agentes de la PNC recurrieron al diálogo, lo que finalmente dio como resultado el despeje de las vías y la reactivación de las actividades socioeconómicas.

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Más oportunidades laborales

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La unidad es importante para el Gobierno de la República, pues con ella se logran objetivos favorables para la población, especialmente la vulnerable a problemas socioeconómicos, cuya atención no se había dado en años.

Asuntos como la falta de empleo que afecta a miles de guatemaltecos, son de alta prioridad para las autoridades del Ejecutivo, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei,
quien ha dado directrices a donde corresponde para buscar soluciones a estas situaciones.

Desde que se inició la presente gestión gubernamental, se ha hecho hincapié en la búsqueda de puestos laborales para los interesados. Afortunadamente, el sector empresarial y las municipalidades se han coordinado para llevar a cabo actividades en las que se ofrecen oportunidades de trabajo.
En ese sentido, la primera Feria Nacional de Empleo 2022 se inició ayer, con el objetivo de generar oportunidades de trabajo digno e incentivar el desarrollo personal y familiar de los
guatemaltecos.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) inauguró la citada actividad en el municipio de Villa Nueva, donde más de 25 empresas ofrecieron contratar a vecinos de la localidad.
La feria se realizó de manera simultánea en la Región 1 y, posteriormente, se hará en el resto del territorio nacional, de acuerdo con las autoridades del Gobierno.

El programa comenzó ayer en los departamentos de Guatemala, Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez, y continuará hoy en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché y Petén.

Mañana y pasado mañana se realizará en Chiquimula, El Progreso, Izabal, Jalapa, Zacapa, Escuintla, Jutiapa, Santa Rosa y Suchitepéquez. Finalmente, el próximo viernes la feria llegará a Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Totonicapán, para así abarcar todo el país.

Una de las novedades de la Feria de Empleo es que se firma un convenio interinstitucional con las comunas, que permite implementar la Ventanilla Única Municipal de Empleo (VUME), la cual facilita las oportunidades laborales para los guatemaltecos.

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Acciones que benefician a los más necesitados

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En entrevista proporcionada al Diario de Centro América, Vinicio Arreaga, viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), destacó que en 2021 los programas de la cartera llegaron al área rural, garantizando con ello la provisión de alimentos y la producción agrícola a la población en situación de pobreza en el país.

El viceministro Arreaga destacó que, de acuerdo a los lineamientos solicitados por el presidente Alejandro Giammattei y el titular del MAGA, José Ángel López, el ministerio tiene el compromiso de mejorar la capacidad de producción e impactar en la seguridad alimentaria de los sectores con mayor vulnerabilidad en el área rural. El año pasado, por medio del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), el MAGA entregó 581 089 raciones de alimentos por medio de sus tres programas, que incluían a quienes fueron afectados por la emergencia sanitaria del Covid-19, el denominado Asistencia Alimentaria y el de Alimentos por Acciones (APA).

Entre las acciones destacan la instalación de huertos familiares y huertos escolares que actualmente producen alimentos para el autoconsumo y para la comercialización de los excedentes. Como valor agregado, se inició la producción de especies animales, incluso la producción piscícola.

Los programas de ayuda alimentaria y fortalecimiento de la producción agrícola familiar se implementan a escala nacional. Cabe destacar que existen 114 municipios con mayor atención y que integran la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. La cartera también tiene presencia en las áreas que conforman el Corredor Seco, y las familias que se atienden son las que se encuentran en vulnerabilidad alta a la inseguridad alimentaria.

En 2021 fueron varias las comunidades afectadas por las tormentas Eta e Iota, por lo cual el MAGA entregó  montos de Q1000, denominados Estipendios por Acciones, esto a cambio de reestablecer las capacidades productivas que fueron afectadas por las inundaciones o deslaves.

La cartera agrícola, con el apoyo de cooperantes, benefició a 33 mil familias, quienes trabajaron en la conservación de suelos y limpieza de canales de riego, en Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango y Quiché.

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