La llamada ley antipandillas, aprobada el martes pasado por el Congreso de la República, abre las puertas para que el Estado empiece a tratar a estos delincuentes como lo que verdaderamente son: terroristas que lucran con el dolor y el esfuerzo personal y colectivo de los guatemaltecos.
Más allá del endurecimiento de los castigos contra esos criminales, disuasivo que puede impedir a niños y jóvenes involucrarse en estas organizaciones, resalta la disposición de los parlamentarios de ponerse a la altura de las circunstancias y dotar a las fuerzas de seguridad de certeza jurídica y operativa para contrarrestar el avance de estos grupos de maleantes.
Otro aporte trascendental del decreto, avalado por abrumadora mayoría (144 de 160 votos), es que facilita y fuerza la construcción de cárceles de máxima seguridad preventiva y de cumplimiento de condenas; además, autoriza a los ministerios del Interior y de la Defensa a actuar, de manera coordinada, en la toma del control de territorios afectados por maras.
También faculta a la Cancillería, en conjunto con las carteras referidas, para que se gestione el aumento de la asistencia internacional en materia de inteligencia, seguridad y procedimientos de extradición.
La imposibilidad de que los jueces dicten medidas sustitutivas, fuera de garantizar el encierro de estos malhechores, terminará con la complacencia, propia o forzada, de liberar a pandilleros cuya trayectoria delictiva genera poca confianza en que puedan redimirse. El hecho de aislarlos permitirá la reducción de homicidios y extorsiones.
Asimismo, resalta la creación de figuras delictivas como el enriquecimiento ilícito extorsivo y el de usura, mecanismos tan despiadados como inhumanos, junto con el congelamiento de cuentas bancarias.
La ley contempla acciones preventivas, en especial, de niños y jóvenes, a quienes resguarda de reclutamientos forzados.
No hay duda de que la normativa permite a Guatemala equipararse a naciones como El Salvador, Honduras, Brasil y México, que han aprobado preceptos para combatir la delincuencia y violencia generada por estas y otras organizaciones criminales.
Finalmente, es necesario mencionar que la norma se aprueba justo cuando está por asumir el nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien, al igual que su antecesor, Francisco Jiménez, llega con el compromiso de aumentar la seguridad ciudadana y jurídica, como elementos indispensables para la construcción de un país más desarrollado e inclusivo.
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