Asegurar la libre oferta y demanda de productos, así como servicios sensibles con precios justos para los consumidores es parte del contenido de la Ley de Competencia, aprobada por 122 diputados.
Parlamentarios, analistas y autoridades consultados coincidieron en que uno de los beneficios de la norma será su impacto en los costos de insumos esenciales como los medicamentos.
Aunque el resultado no es inmediato, esta legislación abre el camino a un mercado equitativo y justo, que favorecerá el bolsillo de los guatemaltecos.
¿Cómo lograrlo?
La pieza clave para alcanzar los objetivos será la Superintendencia de Competencia, que el Decreto crea como un órgano autónomo encargado de supervisar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como garantizar un entorno comercial más equilibrado y dinámico detallaron los expertos y politicos.
La entidad está obligada a rendir informes anuales al Congreso y fomentar una cultura de competencia mediante campañas de divulgación pública.
La norma promete beneficiar tanto a las empresas como a los usuarios, por medio de la regulación de mercados, la promoción de precios justos y la atracción de inversiones extranjeras en un ambiente de negocios con certeza jurídica.
Precios justos e inversión
Samuel Pérez, congresista del Movimiento Semilla, reiteró que uno de los beneficios de la ley será su impacto en los precios de artículos esenciales, que incluyen los fármacos.
“Actualmente, pagamos hasta cinco veces más por las medicinas , debido a acuerdos entre empresas. La Superintendencia podrá verificar estas prácticas y asegurar que las compañías no fijen costos elevados que afecten a las familias”, explicó el parlamentario.
Pérez señaló que la herramienta legal facilitará combatir la corrupción en las licitaciones públicas, al evitar que firmas se pongan de acuerdo para ofrecer obras sobrevaloradas.
“Esto genera un ambiente más justo, donde los recursos públicos se gestionan con transparencia y eficiencia”, aseguró.
La ministra de Economía, Gabriela García, destacó que la citada ley refuerza la certeza jurídica, un factor clave para atraer inversión extranjera. “Esta normativa garantiza reglas claras y condiciones de negocios transparentes. Posiciona a la nación como un destino confiable para inyectar capital extranjero, que encontrará un entorno fuerte y equitativo para operar”,
comentó.
García añadió que hacer negocios de manera sana beneficiará directamente a quienes requieren servicios, pues podrán acceder a productos de mayor calidad y a precios asequibles. Resaltó que las pequeñas y medianas empresas podrán comerciar en mercados tradicionalmente dominados por grandes actores.
Antonio Romero, viceministro de Inversión y Competencia, destacó el papel de la Superintendencia en la creación de un mercado más equilibrado.
“La supervisión (a cargo de dicha instancia) garantizará precios justos, evitará abusos de poder económico y fomentará la innovación. Generará beneficios tanto para los consumidores como para los empresarios, al permitir transacciones basadas en la calidad y no en prácticas desleales”, señaló.
Romero agregó que la ley facilitará la entrada de nuevos actores al mercado, al eliminar barreras regulatorias y fomentar una mayor oferta de bienes y servicios, lo cual repercutirá en valores más bajos, mejor calidad y mayor diversidad de opciones para los adquirientes.
Mejores oportunidades
Rubén Morales, exministro de Economía, destacó que las pequeñas y medianas empresas serán de las beneficiadas con esta normativa, ya que podrán trabajar en igualdad de condiciones, tendrán acceso a proveedores más competitivos y optarán a expandirse en nichos antes inaccesibles, lo que reducirá costos y mejorará sus condiciones comerciales.
Morales también subrayó que se mejora la competitividad de Guatemala en el ámbito internacional. “Ahora contamos con un marco jurídico que nos coloca a la par de otros Estados de América Latina, lo que atraerá inversiones y fortalecerá nuestra economía”, refirió.
Aunque los resultados de la norma no serán inmediatos, Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explicó que en el mediano plazo se observarán mejoras significativas en los mercados.
“La implementación efectiva de esta legislación permitirá precios más competitivos, mayor calidad en los productos y mejores condiciones para las empresas. Sin embargo, esto dependerá de la capacidad técnica y el respaldo político de la Superintendencia”, señaló.
Coyoy resaltó que sectores clave como las telecomunicaciones y los medicamentos serán objeto de una vigilancia especial, con el fin de evitar abusos de poder económico. La clave será monitorear y corregir desequilibrios, eliminando barreras que impidan la competencia justa, especificó.
Economía moderna
La Ley de Competencia no solo representa un avance en la protección del consumidor, sino también un paso hacia la modernización de la economía. La combinación de regulación, supervisión y fomento a la competitividad promete transformar los mercados, generar empleo y mejorar el bienestar de las familias, aseguró Samuel Pérez, del Partido Movimiento Semilla.
“Esta ley, además de beneficiar a las grandes compañías, también apoyará a los pequeños empresarios y a los consumidores. Nos está preparando para un futuro más equitativo, transparente y con mayor fortaleza”, expresó Antonio Romero, viceministro de Economía.
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