La Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó ayer al Gobierno declarar nulo el contrato suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal, tras develarse que la concesión del usufructo por 34 hectáreas en Puerto Quetzal fue negociado mediante un soborno de US $30 millones (Q231.9 millones).
“La PGN no puede presentar ninguna demanda sin la autorización de la Presidencia, por eso estamos a la espera de la decisión que tome el mandatario. Pero tenemos conocimiento que tres diputados de la bancada Encuentro por Guatemala solicitaron ante la Sala Sexta de lo contencioso administrativo la anulación del contrato”, manifestó María Eugenia Villagrán, titular de esa entidad.
Por su lado, Jorge Briz, titular de la Cámara de Comercio de Guatemala, se unió a esta petición e indicó que la otra opción es que el Ejecutivo saque una nueva licitación para poner a funcionar la citada terminal. Pero recalcó que están en contra de todo mecanismo de contrataciones de servicios u obra estatal, que favorezca mecanismos opacos motivados por la corrupción.
Deja un comentario