EN EL PAÍS
SOSEP abrirá seis nuevos CADI para asistir a más niños
Con el fin de ampliar la cobertura de las acciones a cargo de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), se abrirán 6 nuevos Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) en los próximos meses, informó la institución.
la institución agregó que a través de los nuevos centros se atenderá a 170 niños. La atención que se brindará consiste en el otorgamiento de alimentación y educación.
Los seis nuevos CADI se ubicarán en: Livingston, Izabal; Champerico, Retalhuleu; Pastores, Sacatepéquez; Génova, Quetzaltenango; Malacatancito, Huehuetenango y Jutiapa.
Según el director del programa, Vladimir López, el funcionamiento de los CADI será posible con apoyo de las municipalidades y organizaciones no gubernamentales.
Los primeros que se habilitarán serán los que se ubican en Livingston y Champerico, puesto que se prevé inicien a funcionar en mayo.
Por otro lado, en junio se inaugurarán los centros de Génova y Pastores, mientras que los de Malacatancito y Jutiapa comenzarán a brindar atención en el segundo semestre del 2021.
Habilitarán más centros
No obstante, la SOSEP detalló que se están realizando las gestiones correspondientes para instalar tres centros más. Estos estarían ubicados en Santa Ana, Petén; El Asintal, Retalhuleu, y San José Pinula, Guatemala.
El programa
Los centros de atención y desarrollo infantil son espacios que coordina la SOSEP, a través del programa Hogares Comunitarios.
En estos centros se brindan servicios a niños y niñas menores de 7 años, como atención integral en nutrición, salud preventiva, desarrollo psicosocial, protección y educación.
Actualmente se registra 13 mil 756 menores de edad atendidos en 603 CADI en el territorio nacional.
A un año del inicio de las acciones por preservar el Estado de derecho, el Frente Amplio por la Defensa de la Democracia, conformado por estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac), locatarios del mercado La Reformita y vecinos de la zona 12 capitalina, reconoció ayer el liderazgo de los pueblos indígenas y movimientos civiles que, por más de tres meses, se plantaron frente al Ministerio Público (MP).
Entre el 2 de octubre de 2023 y el 15 de enero de 2024, el MP fue el escenario principal de una manifestación histórica, convocada por siete pueblos ancestrales que exigían la renuncia de la jefa del ente investigador Consuelo Porras, los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana, señalados de intentar anular las elecciones que dieron el triunfo al binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
“Se hace un reconocimiento a los pueblos originarios por los 106 días de resistencia y por estar presentes en favor de la democracia”, declaró Darwin Ramírez, representante estudiantil de la Facultad de Derecho de la Usac.
Los miembros del Frente anunciaron una marcha simbólica, mañana, para conmemorar la fecha, la cual partirá de la univeridad y conectará con el Periférico, a las 15:30 horas. Desde allí, se caminará hacia la calzada Raúl Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12, uno de los puntos que fueron bloqueados como medida contra los intentos antidemocráticos del MP.
La inspección para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad en el sistema aeroportuario, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), concluyó ayer por parte de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
“Tuvimos la reunión de cierre con los delegados que practicaron la auditoría”, confirmó Azucena Zelaya, directora interina de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La funcionaria refirió que hay que esperar para conocer el informe oficial y determinar las acciones correctivas que haya que hacer. El referido documento podría estar disponible en un plazo aproximado de dos meses, afirmó.
La evaluación busca determinar si se respetan los protocolos, lineamientos, y planes nacionales, entre otros, en materia de aeronavegabilidad. Durante la auditoría se inspeccionó si, por ejemplo, se hacen patrullajes en las instalaciones internas así como en los alrededores del aeródromo y si los usuarios pasan por los escáneres, para verificar qué artículos ingresan y cómo lo hacen.
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la apelación promovida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (Usac), lo que obliga al Consejo Superior Universitario (CSU) a convocar, en un plazo no mayor de 15 días, a sesión para elegir Vocal I de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Esta decisión se da luego del fallo emitido el 23 de septiembre por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, en calidad de Tribunal de Amparo, otorgó un recurso a favor de Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y otros representantes del CSU. Esta resolución ordenaba que en un plazo de cinco días se convocara a dicha elección.
La presidenta en funciones, Karin Herrera, expresó que la decisión de la CC representa una oportunidad para fortalecer la democracia dentro de la casa de estudios. “Es tiempo de que la comunidad universitaria se reúna en torno al legado de nuestros líderes y mártires universitarios, construyendo juntos un futuro”, compartió.
