COLUMNAS
Son los jueces militares, tan jueces, como todos los jueces
La Constitución Política de la República establece inmunidad para los jueces (protección que consiste en que no pueden ser detenidos ni enjuiciados, si previamente no lo autoriza el órgano competente para hacerlo), inmunidad para todos los jueces y no solamente para aquellos que formen parte de la carrera judicial. La Constitución, en efecto, no otorga inmunidad solamente a los jueces que formen parte de la carrera judicial, sino a todos los jueces, sean o no miembros de carrera alguna y, siendo así, constituye un disparate afirmar que el general Erick Melgar Padilla, siendo juez, juez militar, carece de inmunidad, sustentada la afirmación en que no pertenece a esa carrera. La otra razón para afirmar que carece de inmunidad, tan disparatada como la anterior, es que este juez, juez militar, no ejerce jurisdicción, afirmación que pasa por alto que cuando juzga, tal y como ocurre con todos los demás jueces, ejerce jurisdicción sobre aquello que debe conocer y sobre aquellos que se encuentren sujetos a las materias de que conozca. La existencia de los tribunales militares está reconocida por la Constitución, y sus jueces son tan jueces como pueden serlo los jueces de los tribunales civiles.
En materia de casación, la Corte Suprema de Justicia debe integrarse con jueces militares, a la par de los jueces civiles, vocales todos del tribunal, cuando se conocen asuntos de índole o con participación militar, integración que habla por sí sola: tan jueces unos, como otros. La Constitución establece que los delitos y faltas cometidos por los integrantes del Ejército de Guatemala serán juzgados por tribunales militares. El artículo de la Constitución que así lo establece –el artículo 219– (que, por cierto, forma parte de los artículos en que se regula, no el Ejército, sino el Organismo Judicial) fue reformado por el Congreso de la República, pero esa reforma no fue aprobada por el pueblo ( Consulta Popular de 1999) y, en consecuencia, sigue conservando su misma redacción original, la redacción ya citada: Los delitos y faltas perpetrados por integrantes del Ejército de Guatemala serán juzgados por tribunales militares. Pese a que el artículo conserva su redacción y que el pueblo rechazó su reforma, “interpretó” la Corte de Constitucionalidad que, a pesar de no establecer la Constitución ese límite, debía entenderse limitada la jurisdicción de los tribunales militares única y exclusivamente a delitos militares como, por ejemplo, los de deserción o rebelión, y que los delitos y faltas de otra índole –delitos y faltas no militares– debían ser juzgados por tribunales ordinarios. No dice eso la Constitución y fue precisamente ese límite lo que rechazó el pueblo en Consulta Popular pero, a pesar de ello, de no decirlo y de haber rechazado el pueblo la reforma, la Corte de Constitucionalidad “interpretó” que la jurisdicción militar debía entenderse limitada, exclusivamente, a delitos militares. Independientemente de que pudiéramos estar de acuerdo con ese límite (si llegáramos a establecerlo legalmente), lo que me permito señalar es que la “interpretación” riñe con el precepto constitucional vigente, precepto que no lo establece y con lo decidido por el pueblo en Consulta Popular: que el artículo debía conservarse sin reforma alguna. Como Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público –aún no superado el conflicto armado– tuve varias experiencias positivas en tribunales militares y, así, por ejemplo, en tribunal militar, logró el Ministerio Público el esclarecimiento del asesinato de Michael Devine y la condena no sólo de sus autores materiales sino del autor de su trama, un capitán del Ejército de Guatemala, en servicio activo. Falso, pues (otro de los mitos que nos envenenan), que no se pudiera lograr la condena de oficiales del Ejército, sí juzgados por tribunales militares. Condenados fueron también –cabo y soldado– los responsables de la masacre de Ciudad Peronia. Noel de Jesús Betera Álvarez, condenado por el asesinato de Myrna Mack, especialista que era del Ejército al momento del crimen y de alta en el Estado Mayor Presidencial, fue juzgado por tribunales civiles porque, al momento de ser juzgado, había dejado de ser especialista y, en consecuencia, ya no era integrante del Ejército. El joven oficial involucrado en lo que se denominara la masacre de Xamán, pese a ser integrante del Ejército, contraviniendo lo establecido por la Constitución y aplicando los tribunales ordinarios la limitación que fuera rechazada por el pueblo en Consulta Popular, fue juzgado por tribunales civiles cuando debió de ser juzgado por tribunales militares. ¿A quién podía importar la suerte de aquel oficial joven y el atropello que se hizo de la Constitución sometiéndosele a una jurisdicción constitucionalmente improcedente? Después siguió perpetrándose el atropello, alcanzando ya a oficiales superiores, pero de baja. ¡Ay de los vencidos –vencidos, que conste, en su caso– no militar sino políticamente! En una nueva “interpretación”, lejos cómo se encuentra del silogismo jurídico la aplicación del Derecho y sometida esta a las circunstancias sociológicas e históricas del momento en que se aplica (en otras palabras, a la oportunidad y conveniencia: la política) se informa al juzgador en el caso en el que se vincula a Erik Melgar Padilla “lo que se considera políticamente correcto”, que el general del Ejército, comandante de zona, juez militar, por no pertenecer a la carrera judicial y no ejercer jurisdicción –pese a ser juez– carece de la protección (inmunidad)que la Constitución ordena para todos los jueces.
Los “intérpretes” hicieron su víctima, primero, de un joven oficial (Caso Xamán); después, de oficiales superiores, pero ¡claro está! cuando ya de baja y –ahora– de los jueces militares, en el caso concreto, de un general del Ejército, en servicio activo, comandante de zona, juez militar. Estaré siempre, donde esté la ley y –cuando clara– sin necesidad de “intérpretes” ningunos. El informe remitido al juez Gálvez, en el que se niega a los jueces militares su calidad de jueces y la consecuente protección que les protege (inmunidad), protección que se conoce como “derecho de antejuicio”, no es en absoluto vinculante y habrá de sopesarlo, el juzgador, a la luz de la Constitución Política de la República, superior a toda ley y tratado y a todo acto de autoridad. Los tribunales militares están regulados por la Constitución Política de la República dentro del Organismo judicial, parte del mismo y, en consecuencia, son los jueces militares, tan jueces, como todos los jueces.
Israel Gómez Córdova
Jefe Departamento de Documentación y Divulgación
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Todo ello exige a los gobiernos visiones estratégicas, coherencia en las políticas, coordinación en su ejecución y actores sociales que operen conforme a reglas e incentivos adecuados para permitir el desarrollo de sus potencialidades y capacidades.
Además, los gobiernos gestionan las condiciones y la calidad de vida de las personas; dadas las enormes necesidades insatisfechas de la mayoría de los ciudadanos, concentran mucho de las demandas y expectativas en cuanto a su atención dentro de las instituciones públicas.
En esta misma línea, las competencias delegadas a los gobiernos son aquellas que, correspondiendo legalmente a la nación, se atribuyen para su ejecución, supervisión, vigilancia o control a las autoridades.
Actualmente los gobiernos están adoptando como política en su sistema funcional la Modernización de la Gestión Pública; a fin de caracterizarse por fomentar mecanismos para fortalecer sus capacidades en cuanto a la atención de los ciudadanos y promover la idoneidad de la gestión e imagen institucional.
Es menester que deba ir acompañada con los recursos necesarios.
En este sentido, la ciudadanía responde con satisfacción y participa activamente asegurando que las instituciones que los representan se organicen en sus aspectos funcionales para atender las necesidades de ellos basándose en los enfoques de derechos humanos.
Así también, la modernización de la gestión pública ha ido trascendiendo; en estos últimos tiempos, se ha vinculado al gobierno abierto y electrónico, promoviendo las buenas prácticas de atención a los ciudadanos.
No obstante, es sugerible analizar las conclusiones de diferentes estudios a fin de identificar los principales aportes sobre la modernización de la gestión pública y su influencia en la atención a la ciudadanía desde las instituciones públicas en los últimos años.
Es evidente que para que la modernización de la gestión pública sea eficaz, es menester que deba ir acompañada con los recursos necesarios para poder satisfacer los requerimientos en la atención a los ciudadanos.
Además, también es necesario que la política de modernización de la gestión pública sea implementada con urgencia en las instituciones y poderes del Estado que aún podrían estar en proceso, con la finalidad de que se continúe maximizando la eficiencia de la gestión pública por parte de los funcionarios públicos en todas las instituciones de la administración pública.
António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas
Sobre el autismo. El 4 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, lo cual es una ocasión para reconocer y celebrar las importantes contribuciones de las personas con autismo en cada país y comunidad.
Sin embargo, en todo el mundo esas personas siguen encontrándose con barreras que les impiden disfrutar de sus derechos fundamentales a la educación, el empleo y la inclusión social, propugnados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Como cuestión de derechos fundamentales, los gobiernos deben invertir en sistemas de apoyo comunitario más sólidos, programas de educación y capacitación inclusivos y soluciones accesibles y basadas en la tecnología para que las personas con autismo puedan disfrutar de los mismos derechos que las demás.
Para ampliar el apoyo y la inversión en países y comunidades es imprescindible trabajar hombro a hombro con las personas con autismo y sus aliados.
Hoy y todos los días, unámonos para hacer realidad sus derechos y lograr un mundo inclusivo y accesible para todos.
Sobre la Madre Tierra. Dependemos de la naturaleza que nos da los alimentos que comemos, el aire que respiramos y el agua que bebemos.
La humanidad se comporta como ”hijo ingrato“ de la Madre Tierra.
Sin embargo, hemos sumido al mundo natural en el caos, envenenando nuestro planeta con la contaminación, aniquilando con gran liviandad especies y ecosistemas y desestabilizando el clima con las emisiones de gases de efecto invernadero. La humanidad se comporta como “hijo ingrato” de la Madre Tierra
Estas acciones perjudican a la naturaleza y a la humanidad. Estamos poniendo en peligro la producción de alimentos, contaminando el aire y los océanos, creando un medioambiente más peligroso y menos estable, y frenando el desarrollo sostenible.
Juntos debemos restablecer la armonía con la naturaleza, adoptar modalidades de producción y consumo sostenibles y protegernos de los peligros, al tiempo que creamos empleo, reducimos la pobreza y promovemos el desarrollo sostenible.
Esto significa poner freno a la pérdida de biodiversidad, poner fin a la contaminación y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.
Significa apoyar a los Pueblos Indígenas, a las comunidades locales y a las personas más afectadas por las crisis de la contaminación, el clima y la biodiversidad.
Significa ofrecer justicia climática a los países que se están llevando la peor parte del caos climático y movilizar rápidamente los fondos y la ayuda que necesitan para tomar medidas sobre el clima, proteger la naturaleza y promover el desarrollo sostenible.
Los países deben elaborar nuevos planes nacionales sobre el clima acordes con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados centígrados, que pueden servir también como planes nacionales de transición o de inversión y que apuntalen el desarrollo sostenible para las generaciones futuras.
Por su parte, el G20 debe liderar la eliminación rápida, justa y financiada a nivel mundial de los combustibles fósiles, de forma progresiva, y poner fin a las subvenciones que destruyen la naturaleza, como las que financian la producción desenfrenada de plásticos que asfixian el planeta.
Reparar las relaciones con la Madre Tierra es la madre de todos los retos de la humanidad. Debemos actuar, y rápido, para crear un futuro mejor para todos.
(La Asamblea General designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra a través de una resolución adoptada en 2009. También la fecha coincide con la Resolución 73/284, Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, 2021-2030).
Mathieu González
Facultad de Artes Liberales
Predeciblemente, frente a esta situación la población rusa ha aumentado su racismo y su maltrato a las minorías étnicas y los emigrantes. Ante este panorama político y militar, ¿cuáles son los escenarios posibles? Junto a los problemas políticos internos en ambos bandos, especialmente en lo que concierne a las capacidades políticas para movilizar a la población, está el papel de otros países; en primer lugar, China, que si bien ha apoyado a Rusia, lo ha hecho de forma moderada.
China no ha aplicado hasta ahora sanciones económicas contra Rusia, aprovechando así las oportunidades de negocios abiertas, pero por otro lado no le ha proporcionado ayuda militar ni reconocido las anexiones de regiones ucranianas (esto último, por razones de política interna, ya que una modificación de fronteras sería perjudicial para la posición china en Taiwán y en el Tíbet).
Si China mantiene esta ambigüedad estratégica, las noticias son positivas para Ucrania, ya que a largo plazo ni Corea del Norte ni Irán tienen la capacidad de satisfacer las necesidades rusas.
Una política más asertiva por parte de China le daría a Putin medios de los que hoy en día no dispone.
En cambio, una política más asertiva por parte de China le daría a Putin medios de los que hoy en día no dispone, si bien aumentaría la dependencia de su régimen al gigante chino.
En segundo lugar están las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Un triunfo de Trump iría en interés de Putin, ya que una presidencia republicana reduciría, tal vez completamente, la ayuda a Ucrania.
Esto obligaría a los países europeos a aumentar aún más su ayuda, lo que, en las condiciones políticas actuales, no es seguro que pueda hacerse. En cambio, una reelección de Biden, sobre todo si va acompañada de un control demócrata del Parlamento, aseguraría por un tiempo más la ayuda desde Norteamérica.
Finalmente, en cuanto a la situación del frente, lo más probable es que en los próximos meses se presenten modificaciones locales que no tengan mayor importancia estratégica.
Como ya indicamos, los cambios en el frente serán producto de lo que se produce cuando uno de los bandos logra sobrepasar al otro en la capacidad de regenerar su fuerza, a partir de las capacidades de las que dispone.
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