EFE. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió este viernes la excarcelación del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien pasó a arresto domiciliario, aunque calificó la medida de insuficiente al sostener que el proceso penal en su contra constituye una represalia por sus denuncias de corrupción.
El comunicador recuperó su libertad a medianoche del jueves, después de que un juez ordenó su salida de prisión preventiva en uno de los procesos que enfrentaba desde la cárcel militar Mariscal Zavala.
Para la SIP, con sede en Miami, el encarcelamiento de Zamora durante más de tres años fue “en un procedimiento ampliamente cuestionado por la ausencia de garantías plenas de debido proceso y por su carácter de represalia frente a su labor de investigación sobre corrupción y crimen organizado”.
“La organización considera que la medida sustitutiva constituye un paso necesario, aunque insuficiente, mientras persistan acciones judiciales y políticas que continúen amenazando el ejercicio libre e independiente del periodismo en Guatemala”, detalló en un comunicado.
Señaló que Zamora, de 69 años, recuperó su libertad tras más de 1 mil 295 días de detención arbitraria. El 12 de febrero, una resolución judicial le concedió arresto domiciliario, aunque deberá presentarse cada 15 días en el Ministerio Público y tiene prohibido salir del país.
La medida permite que el propietario del desaparecido elPeriódico enfrente desde su domicilio otros dos procesos penales (por supuesto lavado de dinero y conspiración para la obstrucción de la justicia) impulsados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Avance
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que “la liberación de Zamora representa un avance en la restitución de sus derechos fundamentales, pero no repara el daño causado por una persecución prolongada que buscó silenciar una voz incómoda para el poder”.
“Ningún periodista debe ser sometido a procesos penales como castigo por investigar y publicar información de interés público”, subrayó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Zamora fue detenido en 2022, acusado de supuesto lavado de dinero, en un caso considerado por amplios sectores nacionales e internacionales como una represalia por las investigaciones del medio sobre actos de corrupción durante la presidencia de Alejandro Giammattei (2020-2024) y por su cobertura de redes de poder y crimen organizado.
En 2023 fue condenado a seis años de prisión, sentencia que luego fue revocada y dio lugar a la orden de un nuevo juicio. En 2024 se le concedió arresto domiciliario, beneficio que meses después fue anulado, lo que derivó en su regreso a la cárcel en marzo de 2025.
Durante su encarcelamiento, Zamora ha sido sometido a torturas de índole psicológica y física, según relató el periodista ante la SIP. En 2024, un equipo internacional de abogados, en representación de la familia de Zamora, instó al relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura a tomar medidas para protegerlo.
Como consecuencia de la presión judicial, política y económica, elPeriódico se vio forzado a cesar operaciones en 2023, privando a la sociedad guatemalteca de uno de sus principales referentes del periodismo de investigación.
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