La Superintendencia de Competencia (Sicom) proyecta contratar intendentes, directores e investigadores especializados en esta temática para que aporten en el eje de educación y capacitación, no solo con el fin de crear una cultura de competencia, sino para que las empresas conozcan cuales son las prácticas anticompetitivas, pues en noviembre del año venidero espera comenzar con las sanciones.
El presidente de esta entidad, Javier Bauer, explicó los detalles de los primeros pasos hacia lograr la organización en 2026. Entre ellos, mencionó un factor clave, la asignación presupuestaria, ya que con ello podrán principiar con la contratación del personal básico, además de la búsqueda de una sede propia, pero también integrar capacidades con las cuales capacitar a los trabajadores, dado que ello servirá para el desarrollo de un sistema informativo “que nos ayude a generar esa promoción y defensa de la competencia”.
Apoyo inicial
Bauer enfatizó que la promoción es uno de los elementos en los que se han centrado, porque es la parte vigente de la ley.
“El próximo año va a haber un enfoque muy específico en explicar a los ciudadanos de qué se trata la libre competencia, por qué este es el sistema que genera los mejores beneficios para todos, incluyendo a las empresas y los ciudadanos”, subrayó.
El Ministerio de Economía (Mineco) ha sido un apoyo importante para la institución, y ahora por falta de oficinas, las instalaciones del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) han sido el punto de reunión de los directores y el superintendente.
“La SAT también nos ha ofrecido salas temporales y veremos cuál es la planeación del superintendente para ver dónde nos ubicamos”, expresó. El Mineco seguirá dando apoyo, detalló el director titular nombrado por el Presidente de la República. “El presupuesto determinó que esta cartera nos dará asistencia técnica y de personal durante los primeros seis meses del próximo año”.
Funciones principales
La Superintendencia de Competencia se creó en la Ley de Competencia, Decreto 32-2024, “encargada de la defensa y promoción de la libre competencia, prevención, investigación y sanción de las prácticas anticompetitivas con facultades” en el país.
Entre los mandatos de la norma se encuentra la emisión del reglamento interno que establecerá su organización, y le faculta a crear las intendencias, dependencias, unidades administrativas; “en especial, la Unidad de Asuntos Internos”, así como las demás oficinas técnicas que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.
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