Sí, tienen razón

Es urgente ratificar el Tratado para reducir la desigualdad hacia la población con discapacidad.

En seguimiento a la ratificación del Tratado de Marrakech, instrumento aprobado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en solidaridad con el derecho de las Personas con Discapacidad a la lectura, acuerda ceder los derechos de autor, para que toda literatura pueda ser producida en formatos accesibles (Sistema Braille, audio y textos aumentados) para que los no videntes, los sordos ciegos y las de movilidad reducida tengan acceso a sus contenidos y facilitar su formación académica escolar o cultural en general, asunto que en el país es urgente e impostergable.

En la encuesta de discapacidad realizada en 2005 por el Instituto Nacional de Estadística, indica que más del 90 por ciento de personas con discapacidad no concluye la educación primaria, el 94 por ciento la media y solo un número reducido alcanza el nivel superior, con un analfabetismo que supera el 52 por ciento, por la falta de materiales de estudio en medios y formatos acordes a las posibilidades del sector.

Otro de los objetivos que persigue el Tratado, es facilitar el intercambio de textos entre países para alimentar las bibliotecas de las naciones con menores recursos, lo que no viene nada mal a Guatemala, donde según se ha logrado constatar que existe apenas mil 200 textos accesibles, que no alcanzan ni siquiera el 1 por ciento de la totalidad de obras que circulan en la actualidad, con repercusiones en el derecho de las personas con discapacidad a la educación.

En la actualidad cuando la tecnología ha invadido prácticamente al mundo entero y constituye fundamental apoyo para el desarrollo humano, en Guatemala solo dos instituciones han logrado adquirir los equipos para la producción de textos en formatos  accesibles para personas con discapacidad, el Comité Pro Ciegos y Sordos y el Ministerio de Educación, siendo esta última la que ha asumido la responsabilidad de distribuirlos sin costo para estudiantes. Al haber sido contemplado este tema en la agenda legislativa el pasado 20 de enero, gracias al compromiso de legisladores consecuentes, especialmente la Comisión Extraordinaria Sobre Asuntos de Discapacidad, se generó mucha expectativa, más cuando se planteó la posibilidad de aprobar el Tratado por urgencia nacional, propuesta que no recibió el apoyo de 90 legisladores, aduciendo que solo beneficiaría a un grupo reducido de personas, porque no todas saben leer el Braille.

Sí, tienen razón, porque en el país se nos ha negado el derecho a la escuela; sí,  tienen razón, porque se carece de políticas para promover nuestros derechos en pie de igualdad; sí, tienen razón, porque quienes hacen política, no han tenido la visión de incluir a este sector en sus agendas; por eso precisamente es urgente ratificar este Tratado, de lo contrario, se seguirán marcando las desigualdades hacia la población con discapacidad, sin medios para reducir las cifras de exclusión social en la nación.