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COLUMNAS

Si no fuese potestad del Presidente renovar o no su mandato, la CICIG ya no existiría

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En columna aparecida en el matutino Prensa Libre, edición del pasado 6 de septiembre, sostiene el columnista “con toda seriedad” que no corresponde al Presidente de la República la potestad de prorrogar o de no prorrogar el mandato de la CiCIG, siendo esta una potestad –según él– que corresponde al Congreso de la República y que, en consecuencia, la decisión del Presidente, decisión que ya fue notificada a la Organización de la Naciones Unidas, es nula y matiza que es nula “en forma absoluta”, supongo que para darle un toque de mayor “supuesta seriedad” a la disparatada afirmación que formula. Según el columnista, el Gobierno de Guatemala no es parte del Acuerdo (tratado) de su creación, contrariamente a lo que establece el propio Acuerdo y a lo que estableció –al aprobarlo– el Congreso de la República. En un “derroche de seriedad” sostiene el columnista que, siendo “nula la decisión del Presidente“, corresponde al Congreso decidir si renueva o no el mandato, lo que suena muy bien pero pasa por alto un “pequeño” detalle y es que, si estuviese en lo cierto, la CICIG ya no existiría puesto que, quien renovó su mandato –quinta renovación– fue el actual presidente, Jimmy Morales. Esto, además, no es todo, ya que si el columnista tuviera razón, la CICIG habría dejado de existir desde hace muchos años ya que el Congreso de la República jamás renovó su mandato original (mandato de dos años), habiendo sido los presidentes –y no el Congreso– quienes lo hicieron. Si nula pues, la decisión del actual Presidente de no renovar el mandato, carente de la potestad de tomar esta decisión y, por igual razón, nula su decisión de renovarlo, nulas serían, también, las prórrogas acordadas por los anteriores presidentes. Ninguno, entonces, con la potestad de hacerlo. Dice el columnista –así titula su columna con la obvia intención de dramatizar su contenido– que el presidente Jimmy Morales (en confianza le llama Jimmy, confianza un tanto abusiva) no es el Estado lo que es absolutamente cierto, como cierto es que tampoco lo es el Congreso y que no lo son la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, siendo todos tan solo órganos que lo integran órganos que deben actuar dentro del estricto ámbito de la competencia que a cada uno corresponde. Al Congreso le corresponde la aprobación de los tratados internacionales, antes de su ratificación –solo este puede hacerlo, tal y como solo el Presidente puede sancionarlos, promulgarlos y mandarlos a publicar– salvo el caso en que podría hacerlo el propio Congreso, si se da el supuesto previsto por la ley (veto del Presidente y aprobación reiterada del Congreso con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que lo integran). La renovación de un plazo, si así decidido por el Congreso, puede quedar en manos del Ejecutivo, si decidido así por el Congreso, lo que ocurrió en este caso, puesto que el propio tratado lo establece –que podría renovarse por acuerdo de las partes–, razón por la cual los sucesivos presidentes han ejercitado la potestad citada. El columnista afirma que el Gobierno de la República no es parte de este tratado, sino que lo es el Estado, pero pasa por alto que el tratado se denomina, precisamente, “Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, lo que reiteradamente vuelve a decirse en el tratado, celebrado entre la citada Organización, tal y como lo dice, y reitera, y el Gobierno de Guatemala. Si alguna duda pudiera quedar al columnista después de esta explicación, es importante señalar que el Congreso de la República –al aprobar el tratado celebrado entre las partes, la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, de conformidad con el tratado, sus únicas partes– lo hace, así, textualmente: “Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006.” Tal la reproducción textual del artículo primero del Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República que aprobó el tratado: Las partes, pues, la ONU y el Gobierno de Guatemala. Básicamente lo que quiero señalar en esta columna es que no cabe en el razonamiento jurídico la incongruencia y que, cuando hay incongruencia, se le hace mucho daño siendo absolutamente incongruente sostener que el tratado pudiera tener vigencia alguna en la actualidad si fuera correcta la errada tesis de que solo el Congreso hubiera podido decidir sobre la prórroga del mismo, ya que el Congreso jamás lo ha prorrogado. Si la tesis del columnista fuera correcta, la CICIG habría dejado de existir legalmente cuando concluyó en el año 2009 su plazo original, plazo –reitero– jamás prorrogado por el Congreso. ¿Simple negligencia afirmar lo que no es (que no tiene potestad el Presidente para prorrogar o no prorrogar el mandato) o, más bien, maliciosa afirmación? Tan maliciosa como para sostener, entonces, a partir de la falsa afirmación, que todo lo actuado por esta desde entonces, desde septiembre de 2009, es nulo…

Vaya usted a saber pero, lo que es cierto, es que debemos tener mucho cuidado puesto que en la pugna que existe entre el pacto de corruptos y el pacto de farsantes (pacto este, el de farsantes, que es también tan igual como el otro, de corruptos, pero de corruptos vestidos de primera comunión) se pueden pasar llevando “ de corbata” a ciudadanos que nada tenemos que ver con uno u otro. Más allá de las pasiones, nuestra única defensa es la capacidad que tengamos de discernir y comprender. Lo incongruente, y ¡Cuidado! que, si grave es la negligencia, más aún, el dolo. La potestad del Presidente de renovar o de no renovar el mandato es incuestionable y este concluirá el 3 de septiembre de 2019, ni un día antes, ni uno después. ¿Podría este tratado reformarse? ¿Podría llegar a haber una Comisión “reformada”? ¡Qué duda cabe! pero para ello sería necesario –para esto sí, para reformarla– la aprobación del Congreso. El llamado del columnista para que se pida amparo en contra del Presidente por haber decidido la NO prórroga carece de sustentación alguna y, si se intenta ¡Vaya que se abusa de la Corte!, así habrá de declararse.

Acisclo Valladares Molina
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COLUMNAS

Por la seguridad nacional

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En lo que a la seguridad interna, externa y las relaciones internacionales se refiere, el recuento indica logros y avances alcanzados por la carteras de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores, que han trabajado para cumplir con las metas trazadas en el Programa de Gobierno del presidente Jimmy Morales.

Con la suma de nuevos agentes, la Policía Nacional Civil ahora cuenta con 41 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, para quienes se han construido nuevas comisarías y sedes policiales, con la intención de que cuenten con mejores condiciones de trabajo.

Se puede observar en los informes que las acciones para la seguridad interna han dado buenos resultados, como la disminución de la tasa de homicidios, que registró el año pasado 22.4 por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, el Ejército realizó mas de 1,550 acciones de asistencia humanitaria entre rescates, evacuación de damnificados y asistencia en construcción de recintos, además de jornadas médicas en los 22 departamentos, así como las acciones de aire, mar y tierra para control de fronteras. A ello hay que sumar la labor de construir y mejorar caminos en el interior.

Las acciones conjuntas de los ministerios de la Defensa y Gobernación dieron cuenta de los mayores decomisos de droga, que sumaron tonelas de cocaína sacadas del mercado internacional, y del segado de amapola y marihuana.

Hay que reconocer también los buenos resultados de los programas para jóvenes que estas instituciones han encaminado, para hacer conciencia ciudadana y alejarlos de la tentación de participar en grupos delincuenciales.

La cartera de exteriores ha atendido a los guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde se crearon tres centros para impresión de pasaportes, con el propósito de agilizar este trámite. También se instalaron más de 240 consulados móviles para atender trámites de los connacionales.

El tema de los niños migrantes detenidos mientras acompañaban a sus padres es atendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la primera dama Patricia Marroquín, quien se ha dado a la tarea de visitar los centros donde se encuentran ubicados los menores, para constatar sus condiciones de vida y apoyar a las familias.

Redacción DCA
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COLUMNAS

Logros 2018

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Una sana práctica es que toda persona o entidad, haga un análisis de las principales acciones que ejecutó durante un año de trabajo que se concluye.

Un ejercicio que le permitirá replantear aquellas que no pudo realizar por diversas razones y apuntalar o fortalecer las que logró llevar a buen término. A través de ello, podrá hacer un balance de la labor que efectuó para el cumplimiento de sus fines y objetivos, especialmente en pro de la población a la cual se debe.

En el caso de las personas con discapacidad, alcanzó importantes logros a través de las organizaciones que les representan y del mismo Conadi. Sin embargo, son acciones que no resuelven los índices de marginación que enfrentan en el día a día, pero constituyen fuertes bases para las tareas que a futuro se deban y puedan ejecutar.

Resultado del trabajo en el nivel local, en el 2018 se logró la apertura de 30 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) con recursos de cada municipio. 4 en Petén, 2 en Izabal, 2 en Zacapa, 2 en Chiquimula, 3 en Jalapa, 4 en Jutiapa, 3 en El Progreso, 3 en Alta Verapaz, 2 en Baja Verapaz, 2 en Escuintla, 2 en Guatemala y 1 en Chimaltenango. Acciones que muestran la capacidad de incidencia del Conadi, pero asimismo, la voluntad política de las autoridades locales.

En observancia de las recomendaciones a Guatemala en materia de derechos de las personas con discapacidad por el Comité de Expertos de Naciones Unidas, se planteó una reingeniería de la institucionalidad de discapacidad que actualmente se tiene en el país. Un esfuerzo en el que se definen las funciones y competencias de las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del Estado y el equipo técnico, administrativo y ejecutivo del Conadi.

Así mismo, se inició el proceso de armonización de la Política Nacional de Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Nuestra Guatemala K´atún 2032. Una propuesta que ha sido entregada a la Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia para su revisión y aprobación final.

Otro de los temas que debe resaltarse del trabajo realizado en el 2018, fue la participación del Conadi en el proceso de construcción de la Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue aprobada en la XXVI Cumbre de la Organización de Estados Iberoamericanos el 15 de noviembre en la Antigua Guatemala. Una oportunidad en la que el Conadi tuvo una activa participación, tanto como país ponente como en la entrega del instrumento a los mandatarios.

Así como estos, hay muchos logros más, que seguramente guiarán el trabajo para los siguientes años, por lo que el movimiento nacional de personas con discapacidad debe apropiarse del contenido de estos logros, hacerlos valer cuando corresponda.

Sebastián Toledo
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El discurso populista (II)

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La semana pasada hablábamos sobre el discurso populista como el instrumentopredilecto de la fauna política. Alrededor de ocho organizaciones políticas han presentado a sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. A decir verdad, van desde los más descoloridos hasta los más desteñidos. Creo que hasta el chucho de mi vecina está lanzando su candidatura. Eso sí, todos, absolutamente todos quienes han salido hasta ahora, enarbolan la bandera del discurso populista, con cero visiones de país, y ni siquiera conocimiento de lo que significa una campaña
política.

Por supuesto que esta pésima costumbre de recurrir al populismo como fórmula mágica para alcanzar el poder no es exclusiva de los políticos guatemaltecos, aunque hay que reconocer que, salvo honrosas excepciones, nuestro país ha sido, por mucho, el caldo de cultivo para estas prácticas insanas en la amañada política latinoamericana. Un expresidente dijo que, si no se miente, no se gana. La gente se traga promesas, pero no digiere soluciones. Así de simple lo ven los políticos.

Latinoamérica está plagada de estos discursos populistas. La tónica general ha sido que, líderes provenientes de sectores pudientes de la sociedad, se lancen a la arena política, y de la noche a la mañana, aparecen como los salvadores de la ciudadanía que a diario busca el sustento con su trabajo y esfuerzo. Pasan por un proceso de entrenamiento discursivo (Media Training) que les permite conocer “el lenguaje de los pobres” y el uso correcto de los medios de comunicación, con el propósito de sacarles el mejor provecho posible.

En el mundo de la comunicación política existen expertos en entrenamiento discursivo que incluye, no solo elaboración y pronunciación de mensajes verbales (orales o escritos), sino el manejo de los lenguajes no verbales (colores, olores, objetos, distancias, gestos, formas, desplazamientos, vestuario, etc.) que constituyen en su conjunto, el mayor soporte comunicativo. Está demostrado que aproximadamente el noventa por ciento de lo que decimos, lo hacemos a través del lenguaje no verbal.

Las frases talismán refuerzan el discurso y se acude a ellas para parecer que el líder es parte del pueblo y no alguien ajeno a este. El secreto del buen discurso populista es la capacidad de manipulación de los sentimientos de la ciudadanía a través de frases incendiarias, pero que, en esencia, no proponen soluciones concretas y alcanzables para resolver los problemas nacionales, por lo cual no es más que un universo discursivo vacío, sin contenido. Las próximas elecciones se teñirán, sin duda, de esta argamasa discursiva que va, desde lo jocoso, hasta los actos de extremo dramatismo, como besar niños con mocos, abrazar campesinos, comer en los mercados cantonales, calzar zapatos rotos, entre otros actos visibles de pobreza extrema.

Carlos Interiano
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Gobierno de Guatemala

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