COLUMNAS
Si no fuese potestad del Presidente renovar o no su mandato, la CICIG ya no existiría
En columna aparecida en el matutino Prensa Libre, edición del pasado 6 de septiembre, sostiene el columnista “con toda seriedad” que no corresponde al Presidente de la República la potestad de prorrogar o de no prorrogar el mandato de la CiCIG, siendo esta una potestad –según él– que corresponde al Congreso de la República y que, en consecuencia, la decisión del Presidente, decisión que ya fue notificada a la Organización de la Naciones Unidas, es nula y matiza que es nula “en forma absoluta”, supongo que para darle un toque de mayor “supuesta seriedad” a la disparatada afirmación que formula. Según el columnista, el Gobierno de Guatemala no es parte del Acuerdo (tratado) de su creación, contrariamente a lo que establece el propio Acuerdo y a lo que estableció –al aprobarlo– el Congreso de la República. En un “derroche de seriedad” sostiene el columnista que, siendo “nula la decisión del Presidente“, corresponde al Congreso decidir si renueva o no el mandato, lo que suena muy bien pero pasa por alto un “pequeño” detalle y es que, si estuviese en lo cierto, la CICIG ya no existiría puesto que, quien renovó su mandato –quinta renovación– fue el actual presidente, Jimmy Morales. Esto, además, no es todo, ya que si el columnista tuviera razón, la CICIG habría dejado de existir desde hace muchos años ya que el Congreso de la República jamás renovó su mandato original (mandato de dos años), habiendo sido los presidentes –y no el Congreso– quienes lo hicieron. Si nula pues, la decisión del actual Presidente de no renovar el mandato, carente de la potestad de tomar esta decisión y, por igual razón, nula su decisión de renovarlo, nulas serían, también, las prórrogas acordadas por los anteriores presidentes. Ninguno, entonces, con la potestad de hacerlo. Dice el columnista –así titula su columna con la obvia intención de dramatizar su contenido– que el presidente Jimmy Morales (en confianza le llama Jimmy, confianza un tanto abusiva) no es el Estado lo que es absolutamente cierto, como cierto es que tampoco lo es el Congreso y que no lo son la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, siendo todos tan solo órganos que lo integran órganos que deben actuar dentro del estricto ámbito de la competencia que a cada uno corresponde. Al Congreso le corresponde la aprobación de los tratados internacionales, antes de su ratificación –solo este puede hacerlo, tal y como solo el Presidente puede sancionarlos, promulgarlos y mandarlos a publicar– salvo el caso en que podría hacerlo el propio Congreso, si se da el supuesto previsto por la ley (veto del Presidente y aprobación reiterada del Congreso con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que lo integran). La renovación de un plazo, si así decidido por el Congreso, puede quedar en manos del Ejecutivo, si decidido así por el Congreso, lo que ocurrió en este caso, puesto que el propio tratado lo establece –que podría renovarse por acuerdo de las partes–, razón por la cual los sucesivos presidentes han ejercitado la potestad citada. El columnista afirma que el Gobierno de la República no es parte de este tratado, sino que lo es el Estado, pero pasa por alto que el tratado se denomina, precisamente, “Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, lo que reiteradamente vuelve a decirse en el tratado, celebrado entre la citada Organización, tal y como lo dice, y reitera, y el Gobierno de Guatemala. Si alguna duda pudiera quedar al columnista después de esta explicación, es importante señalar que el Congreso de la República –al aprobar el tratado celebrado entre las partes, la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, de conformidad con el tratado, sus únicas partes– lo hace, así, textualmente: “Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), suscrito en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006.” Tal la reproducción textual del artículo primero del Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República que aprobó el tratado: Las partes, pues, la ONU y el Gobierno de Guatemala. Básicamente lo que quiero señalar en esta columna es que no cabe en el razonamiento jurídico la incongruencia y que, cuando hay incongruencia, se le hace mucho daño siendo absolutamente incongruente sostener que el tratado pudiera tener vigencia alguna en la actualidad si fuera correcta la errada tesis de que solo el Congreso hubiera podido decidir sobre la prórroga del mismo, ya que el Congreso jamás lo ha prorrogado. Si la tesis del columnista fuera correcta, la CICIG habría dejado de existir legalmente cuando concluyó en el año 2009 su plazo original, plazo –reitero– jamás prorrogado por el Congreso. ¿Simple negligencia afirmar lo que no es (que no tiene potestad el Presidente para prorrogar o no prorrogar el mandato) o, más bien, maliciosa afirmación? Tan maliciosa como para sostener, entonces, a partir de la falsa afirmación, que todo lo actuado por esta desde entonces, desde septiembre de 2009, es nulo…
Vaya usted a saber pero, lo que es cierto, es que debemos tener mucho cuidado puesto que en la pugna que existe entre el pacto de corruptos y el pacto de farsantes (pacto este, el de farsantes, que es también tan igual como el otro, de corruptos, pero de corruptos vestidos de primera comunión) se pueden pasar llevando “ de corbata” a ciudadanos que nada tenemos que ver con uno u otro. Más allá de las pasiones, nuestra única defensa es la capacidad que tengamos de discernir y comprender. Lo incongruente, y ¡Cuidado! que, si grave es la negligencia, más aún, el dolo. La potestad del Presidente de renovar o de no renovar el mandato es incuestionable y este concluirá el 3 de septiembre de 2019, ni un día antes, ni uno después. ¿Podría este tratado reformarse? ¿Podría llegar a haber una Comisión “reformada”? ¡Qué duda cabe! pero para ello sería necesario –para esto sí, para reformarla– la aprobación del Congreso. El llamado del columnista para que se pida amparo en contra del Presidente por haber decidido la NO prórroga carece de sustentación alguna y, si se intenta ¡Vaya que se abusa de la Corte!, así habrá de declararse.
La libertad de expresión es clave para la consolidación de la democracia. Y la labor de informar es fundamental para que las personas puedan tomar mejores decisiones.
Por supuesto que los intereses son variados y cada uno prioriza lo que es de interés público según sus propios criterios. Los periodistas tenemos la labor de determinar qué es de interés público para nuestras audiencias, por eso cada medio tiene sus propios enfoques.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros. Pero si los hechos afectan el diario vivir de la sociedad, desde lo moral hasta lo político, pasando por lo económico, lo social y lo cultural, seguro que son hechos de interés público.
Claro que hay noticias que pueden ser de interés para unos y a la vez ser sin sentido para otros.
Para esta determinación también existen los factores de interés periodístico, cuyo número varía dependiendo del teórico que los mencione. Personalmente me gusta la categorización que hacen Vicente Leñero y Carlos Marín en su Manual de Periodismo.
Según ellos, el primero de los factores debe ser la actualidad pues si un suceso no tiene esa cualidad, difícilmente será de interés público ya que los hechos entre más viejos, menos importantes se van haciendo para las personas, excepto que haya elementos novedosos que les impregnen de una nueva actualidad.
Y existe un factor que quizás sea un poco polémico. Se trata del conflicto. Los autores afirman que todo lo que tiene un punto de conflicto, es decir que parte las opiniones en grupos casi proporcionales, entonces es un factor que marca interés
periodístico.
En realidad, Leñero y Marín hablan de 11 factores, aunque en su Manual de Periodismo Independiente, Deborah Potter solo menciona siete.
A mi juicio, los ya mencionados, junto con la proximidad, podrían ser los más importantes. Y es que la proximidad nos marca razones físicas y psicológicas para que alguien se interese sobre un suceso.
Es decir que puede interesarle por su proximidad física (distancia entre lugares) como por su proximidad psicológica (relación mental con el lugar del suceso).
La prominencia también es importante resaltarla porque nos indica la importancia que tiene la persona o la entidad de la que se habla. Para un alto número de guatemaltecos, por ejemplo, resultará de elevado interés lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, pues un elevado número de habitantes practica dicha religión. Así, lo que diga el Papa o haga el Vaticano, serán asuntos de interés público, no sólo en Guatemala sino en muchos otros países.
Les escribo hoy sobre este tema, porque es importante que entendamos la labor periodística desde el punto de vista de quien emite la información para que le interese a quien la recibe. Y es que es la idea de este gobierno: “Informar lo que se tenga que informar”, para que las personas estén bien informadas y puedan tomar mejores decisiones para sus vidas.
Rodolfo Zelada
Periodista
La eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista. Los números no mienten. Solo al revisar la cuantificación total de todo lo incautado, entre el 1 de enero y el 8 de septiembre último, a este sector del crimen organizado y compararlo con el mismo período del año pasado, se establece que en el transcurso de 2024 hay una diferencia de 829 millones 986 mil 505.78 quetzales, más de lo registrado en 2023.
Datos del Quinto Viceministerio Antinarcóticos, del Ministerio de Gobernación, dirigido por Werner Ovalle, detallan que, en el transcurso de este año, el avalúo total de bienes incautados a estos grupos asciende a 1 mil 740 millones 611 mil 417.26 quetzales, contra los 910 millones 624 mil 911.48 quetzales en que se valoró el rubro total de lo decomisado en el mismo lapso del año pasado.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con el apoyo de otras instituciones.
El rubro destacado en las estadísticas se centra en las 10.8 toneladas de cocaína incautadas en el presente período, cuyo valor supera los 1 mil 107 millones de quetzales; que superan por mucho las 3.5 toneladas decomisadas en 2023, las cuales están valuadas en 356.9 millones de quetzales.
Los resultados de las acciones antinarcóticas también reflejan números superiores a los del año anterior en cuanto a la confiscación de marihuana, crack, dinero en efectivo, especialmente en dólares y euros; vehículos, embarcaciones y armas de fuego.
Además, la cifra de personas detenidas alcanza los 971 casos, 292 más que en 2023 cuando ocurrieron 679 aprehensiones. En este último renglón cabe resaltar que entre los capturados hay 13 con fines de extradición a Estados Unidos.
Mientras tanto, en materia de erradicación de plantaciones ilícitas, los registros dan cuenta de 1.4 millones de matas de marihuana y 1.5 millones de matas de amapola, en 2024, mientras que en el período anterior fueron 1.1 millones de marihuana y 667 mil 398 de amapola.
Estos números son reflejo de esfuerzo, dedicación y trabajo honesto, que también ha contado con apoyo de otras instituciones del Estado, así como de organismos internacionales y coordinación bilateral con fuerzas antinarcóticas de otras naciones, respaldo que da sustento y credibilidad a lo actuado por el Quinto Viceministerio y al Ministerio del Interior en general.
Las cifras descritas anteriormente, así como otras muchas que se manejan en los registros sirven para que agencias antinarcóticas internacionales, así como tanques de pensamiento puedan evaluar la gestión de las autoridades.
Sin embargo, existen personas y grupos, especialmente opositores al actual gobierno, que aseguran que no hay datos oficiales. Puede ser por desconocimiento o ignorancia. Lo cierto del caso es que acá puede aplicarse el dicho que reza: “No hay peor ciego que quien no quiere ver” y en este caso específico, como lo digo al principio de la columna, la eficiencia en el combate al narcotráfico del actual gobierno salta a la vista.
Por lo mismo, considero preciso, por medio de este espacio, reconocer la labor realizada hasta el momento, esperando que conforme transcurra el tiempo los logros puedan hacerse más evidentes, incluso con el apoyo de la ciudadanía, con el afán de hacer valer el actual eslogan de las fuerzas antinarcóticas: “Una Guatemala libre de drogas, es tarea de todos”.
Natalia González Bañados
Directora Centro de Derecho Regulatorio y Empresa
Preocupa el rumbo que está tomando la reforma de pensiones tras la firma del protocolo de acuerdo. Los datos de la Superintendencia de Pensiones muestran una caída de los cotizantes del sistema de AFP, encontrándose la mayor baja interanual en los diversos segmentos de cotizantes jóvenes.
A diferencia de lo que plantea la ministra del Trabajo que ha expuesto, sin antecedentes, que esa caída se debe a que las administradoras estarían deslegitimadas, los expertos asignan esa baja a los mayores niveles de informalidad en el empleo y al estancamiento de la situación económica.
Hay quienes sostienen que la reforma tendría un costo fiscal enorme.
Al mismo tiempo, los datos revelan que la población chilena está en un acelerado proceso de envejecimiento, lo que impacta en el número de ocupados jóvenes. Por ello, no se entiende que la reforma busque poner las fichas en ese grupo etario para sostener la solidaridad que se pretende bajo la figura de un empréstito, en que parte de la cotización adicional de las generaciones jóvenes no se destinaría a sus cuentas individuales de ahorro para la vejez, sino que sería prestada al Estado durante 20 años.
Hay quienes sostienen que postergar la reforma de pensiones tendría un costo fiscal enorme dada la necesidad de reforzar el pilar contributivo, pero lo que no se entiende es cómo sería sostenible el sistema que se propone si la primera y pesada piedra se carga a una generación de personas que es cada vez menor en número y con altos y crecientes niveles de informalidad laboral, situación respecto de la cual no solo parece hacerse poco y nada, sino que se legisla para agravarla. Tampoco se entiende que bajo este “seguro social” se regrese a la idea de introducir un componente de reparto en el sistema con otro formato y con visos “nocionales” (modelo antes desechado y fuertemente criticado por la oposición).
El hecho de que sea “transitorio”, por 20 años y, en principio, más acotado en cuanto a los beneficiarios, no hace más leve la falta, considerando que la experiencia muestra que no hay nada más permanente que las políticas transitorias y nada más creciente que lo que en principio intentó focalizarse. Pero, además, la tasa de interés a la que los jóvenes prestarían recursos al Estado sería más baja comparada con otras a las que este se endeuda y con la que ofrece el sistema de AFP.
Ello deviene en que la propuesta de un gobernante joven sea, paradojalmente, muy injusta para los propios jóvenes que, cuando se jubilen, no recibirán
beneficios.
