La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, advierte sobre los desafíos que enfrenta el país en derechos humanos, en un contexto de debilidades en la institucionalidad democrática y cuestionamientos a la independencia del sistema de justicia.
La funcionaria analizó el papel del Ministerio Público y el Organismo Judicial, así como la importancia de garantizar procesos transparentes en la elección del fiscal general y de altas autoridades, como condición clave para combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho, en entrevista con Diario de Centro América, cuando se efectuaba el 195 Período de Sesiones del ente en Guatemala.
¿Cuál es el principal desafío en materia de derechos humanos que enfrenta Guatemala?
El principal desafío que enfrenta Guatemala desde hace varios años es el debilitamiento de su institucionalidad democrática. No es posible garantizar el respeto a los derechos humanos si no existe una democracia sólida y funcional. Para ello no solo se requieren procesos electorales libres y transparentes, sino también instituciones independientes que actúen con
autonomía y se controlen entre sí.
En el caso guatemalteco persiste la preocupación de que varias instituciones continúan cooptadas por intereses que no responden al bien común, sino a agendas particulares, lo cual limita su capacidad para cumplir con su función democrática y afecta directamente la vigencia de los derechos fundamentales.
Desde su rol como relatora para Guatemala, ¿qué avances y retrocesos identifica en los últimos años?
Entre los avances se puede destacar que algunas autoridades han comenzado a reconocer la existencia de problemas estructurales, como la desigualdad histórica que afecta a amplios sectores de la población. Asimismo, se ha observado cierta apertura al diálogo con comunidades vulnerables, lo cual es un paso importante.
Sin embargo, estos avances contrastan con retrocesos significativos. La CIDH continúa advirtiendo que las respuestas institucionales son insuficientes frente a los desafíos existentes. Además, persiste una práctica preocupante de criminalización contra personas que ejercen legítimamente sus derechos humanos.
¿Qué aspectos considera prioritarios para fortalecer el Estado de derecho en el país?
Uno de los aspectos fundamentales es garantizar una justicia verdaderamente independiente. Esto implica que las instituciones encargadas de impartir justicia no deben responder ni al poder político, ni a intereses económicos o fácticos, de ciertos poderes corruptos que siguen imperando en Guatemala.
La Comisión Interamericana advierte con muchísima preocupación la impunidad que impera frente a graves casos de corrupción y al mismo tiempo cómo el sistema penal y el sistema judicial en su conjunto suelen ser articulados e instrumentalizados para perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos, a pueblos indígenas, a periodistas, a referentes sociales. Es inadmisible en una democracia que las personas se enfrenten a un proceso penal por el mero hecho de ejercer sus derechos.
Desde su perspectiva, ¿qué papel desempeñan el Ministerio Público y el Organismo Judicial en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad en Guatemala?
De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han documentado diversos casos que evidencian una práctica preocupante de persecución contra operadores de justicia independientes, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, líderes sociales y pueblos indígenas.
Estos hallazgos permiten observar con claridad el papel que han desempeñado tanto el Ministerio Público como ciertos sectores del Organismo Judicial en el contexto actual. Por ello, para la Comisión ha sido fundamental dar seguimiento a los procesos de designación de altas autoridades judiciales, como los realizados el año pasado y los que actualmente están en curso, incluidas la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral y la futura designación del fiscal general.
La Comisión Interamericana no responde a intereses particulares ni promueve candidaturas específicas. Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de una justicia independiente. En ese sentido, Guatemala requiere que tanto el Ministerio Público como las autoridades judiciales estén encabezados por personas probas, honestas y designadas con base en el mérito, a través de procesos transparentes, como condición indispensable para garantizar los derechos humanos y combatir la impunidad.
En el contexto actual, Guatemala se encuentra en proceso de elección del fiscal general. ¿Cuáles deberían ser los criterios fundamentales para garantizar un proceso transparente?
El proceso debe ser transparente en todas sus etapas, desde la postulación hasta la designación final. Esto implica que las decisiones deben ser públicas, debidamente fundamentadas y sujetas a escrutinio ciudadano.
Además, es fundamental que las personas postuladas sean intachables; es decir, que no tengan antecedentes ni señalamientos vinculados a violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. También deben contar con la experiencia técnica necesaria, demostrar idoneidad para el cargo y presentar un plan de trabajo que responda a las necesidades del país en materia de política criminal.
En Guatemala se ha debatido ampliamente sobre la idoneidad y la honradez de los candidatos. ¿Cómo valora estos criterios el sistema interamericano?
Ambos son esenciales. No basta con que una persona tenga experiencia o una trayectoria profesional destacada, también es indispensable que cuente con integridad ética. La idoneidad no solo debe evaluarse en términos técnicos, sino también en los que se relacionan con conducta y compromiso con los valores democráticos.
En contextos como el de Guatemala, donde existe una crisis de confianza en las instituciones, es especialmente importante que las personas designadas no solo sean éticas, sino que también generen confianza en la ciudadanía. La credibilidad del sistema de justicia depende en gran medida de ello.
Guatemala precisa recomponer la credibilidad en la justicia y recomponer la legitimidad del Ministerio Público. Para eso la persona que asuma al cargo de un organismo tan importante tiene que ser una persona intachable. Y depende de la Comisión de Postulación que así se garantice.
¿Qué recomendaciones ha planteado la CIDH para asegurar que la elección del fiscal general contribuya al fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público?
La CIDH ha reiterado la necesidad de que el proceso de selección sea transparente, con reglas claras y estables, y con mecanismos de rendición de cuentas en cada etapa. Asimismo, es fundamental que se evalúen de manera rigurosa los antecedentes de los candidatos y su compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Este proceso representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad y recuperar la credibilidad del Ministerio Público, por lo que es fundamental que se lleve a cabo con responsabilidad y apego a los estándares internacionales.
¿Qué impacto tiene la elección del fiscal general en la investigación de violaciones a derechos humanos y en la lucha contra la impunidad?
Es determinante. El Ministerio Público tiene la facultad de orientar la política criminal del Estado y de decidir qué casos se investigan y cómo. Esto influye directamente en la vida de las personas y en la vigencia de sus derechos.
La CIDH ha constatado que, en el contexto actual, existen comunidades indígenas que viven con temor, periodistas que han limitado su labor y operadores de justicia que se encuentran en el exilio. Esta situación evidencia cómo un Ministerio Público que no actúa con independencia puede afectar profundamente el tejido social y democrático.
Este Ministerio Público está funcionando de manera antidemocrática y es momento de corregirlo. No depende solo del titular o de la nueva titular, depende de que todos los integrantes del Ministerio Público asuman que como organismo del Estado tienen responsabilidad en respetar los derechos humanos.
¿Qué papel juega el Ministerio Público en la independencia judicial y en el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos?
El Ministerio Público tiene un rol fundamental, ya que está en sus manos la investigación de los hechos. Sin embargo, su actuación no es neutral: cuando se investigan denuncias sin fundamento, se destinan recursos a casos sin pruebas o se acusa sin sustento; se está tomando una decisión que puede ser contraria a los principios democráticos.
Si la política criminal se orienta a perseguir a sectores vulnerables y se deja de investigar a grandes estructuras de corrupción, lavado de dinero o graves violaciones a derechos humanos, se incurre en una distorsión grave del sistema de justicia.
Por ello, la CIDH ha reiterado que el Ministerio Público debe ser un órgano autónomo e independiente, que no responda al poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial, ni tampoco a intereses económicos o redes de corrupción. Recuperar esa independencia es fundamental para Guatemala.
¿Qué rol deben desempeñar la sociedad civil, la comunidad internacional y las instituciones del Estado en este proceso?
En Guatemala, los procesos de designación de autoridades judiciales han dejado de ser temas aislados y se han convertido en asuntos de interés público.
La sociedad civil debe mantenerse vigilante, exigir transparencia y rendición de cuentas. Por su parte, la comunidad internacional ha desempeñado un papel importante al dar seguimiento a estos procesos, dada la relación entre independencia judicial y estabilidad democrática. Este acompañamiento debe continuar para fortalecer la institucionalidad del país.
¿Cuál es la valoración de la CIDH sobre el mecanismo de comisiones de postulación en Guatemala?
Las propias autoridades y la sociedad guatemalteca deberán evaluar si este mecanismo funciona o requiere reformas. No obstante, la CIDH ha advertido que, en distintas ocasiones, este sistema ha sido vulnerable a la manipulación.
Se trata de un procedimiento complejo que, a lo largo del tiempo, ha evidenciado irregularidades. Ningún mecanismo de elección es perfecto, pero el objetivo debe ser siempre garantizar que las personas designadas sean independientes, objetivas e intachables.
En cuanto a la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en la que participan el Congreso, el Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿cómo valora la CIDH la legitimidad y ética de estos procesos?
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos advertido en las últimas semanas diversas irregularidades en los procesos de nominación, postulación y selección, particularmente en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
La Comisión ha llamado la atención sobre situaciones ocurridas en el Colegio de Abogados, donde, a partir de decisiones judiciales, se modificaron condiciones de participación electoral, así como sobre un operativo del Ministerio Público durante la segunda vuelta que interrumpió temporalmente la votación y generó incertidumbre.
Asimismo, el día en que el Congreso debía elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad, se registraron operativos en las afueras del Legislativo que también provocaron preocupación. A esto se suman denuncias de distintos sectores sobre posibles injerencias indebidas y presiones externas en el proceso de elección.
La CIDH también da seguimiento a la situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estas irregularidades son motivo de preocupación, ya que cuando un proceso de selección presenta vicios o falta de transparencia, la legitimidad de las autoridades electas puede verse comprometida.
Con relación a las víctimas del conflicto armado interno, ¿cómo evalúa la CIDH los programas de resarcimiento?
Las políticas de reparación siguen siendo insuficientes. Es necesario fortalecer los programas para garantizar una reparación integral, que no solo incluya compensaciones económicas, sino también medidas simbólicas, recuperación de la memoria histórica y acceso a la justicia. Mientras persista la impunidad en casos graves, no puede hablarse de una reparación completa para las víctimas.
¿Qué mensaje final envía a las autoridades y a la ciudadanía guatemalteca?
El mensaje es claro: sin democracia no hay garantía de derechos humanos, y sin justicia independiente no hay democracia.
La Comisión Interamericana no responde a intereses políticos ni partidarios; su misión es alertar sobre la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas. Guatemala tiene una oportunidad importante para hacerlo, y es fundamental que todos los actores asuman ese compromiso.
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