NACIONALES
Se ha atendido el 97% de suspensión de contratos
Mintrab reporta que 8,196 empresas han solicitado la medida.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), por medio de la Inspección General de Trabajo, hasta ayer había suspendido 100 mil 887 contratos laborales, de un total de 101 mil 636, que corresponden a las solicitudes de 8 mil 196 empresas que requirieron la medida, debido a problemas que enfrentan por la pandemia.
Lo anterior, informado por el Mintrab, una actualización de datos hasta el mediodía de ayer, que implica un incremento de 3 mil 215 nuevos contratos suspendidos, respecto a las cifras ofrecidas el miércoles por las viceministras Narda Ortíz, de Previsión Social y Empleo, y Rosa Amanda López Romero, de Administración del Trabajo, en reuniones con diputados del Organismo Legislativo.
La principal interrogante planteada por los parlamentarios era conocer a cuántos trabajadores se les había suspendido el contrato, para que puedan ser beneficiarios del Fondo de Protección al Empleo que administra el Ministerio de Economía (Mineco).
75
quetzales diarios recibe cada trabajador suspendido.
El total de solicitudes ingresadas, hasta el mediodía de ayer, es de 8 mil 421, para suspender a 101 mil 636 empleados, lo que implica que el 97% de dichas solicitudes ya está aprobada. Los empleadores ya fueron notificados y los expedientes se han trasladado al Mineco, entidad que autoriza el pago que luego hace efectivo el Crédito Hipotecario Nacional (CHN).
De acuerdo con el Mintrab, las empresas deben actualizar su información cada 15 días, para que continúe el pago de Q75 diarios, proveniente del Fondo de Protección al Empleo. Este requisito lo deben cumplir todas las empresas, incluso las que fueron autorizadas antes del funcionamiento de la nueva plataforma, añade la cartera.
Los empleadores, aunque ya contaran con una autorización previa al cambio de plataforma, deben ingresar de nuevo sus datos para acceder al beneficio.
Cortesía: Vicepresidencia
Durante una reunión con diputados del Congreso de la República, la vicepresidenta Karin Herrera presentó la iniciativa de reformas a la Ley del Sistema Penitenciario (SP), que busca proteger a los menores de la trata y violencia sexual.
Con estas propuestas la funcionaria, por medio de la Secretaría Contra la Violencia Sexual y Trata de Personas (SVET), pretende que el Estado aumente los cuidados en los centros de privación de
libertad.
El anteproyecto incluye medidas como la delimitación de visitas, la regulación y prohibición de ingreso de menores a los centros carcelarios.
“Es fundamental para fortalecer la prevención de que niñas, niños y adolescentes puedan ser víctimas de explotación”, comunicó, recientemente, la vicegobernante por medio de sus redes sociales.
Raúl Barrera, diputado electo por el Movimiento Semilla, explicó que han identificado que se permite, indebidamente, el acceso de menores de edad para que tengan relaciones íntimas con prisioneros, por lo que se quiere evitar la visita de quienes nos sean familiares de los reclusos.
Con el propósito impulsar la ciberseguridad para contrarrestar los desafíos perpetrados por organizaciones criminales transnacionales, representantes de los ministerios de Defensa de 15 naciones se congregaron ayer en Guatemala durante la Conferencia de Seguridad Centroamericana 2024 (Centsec), para compartir experiencias y buenas prácticas.
El ministro de la Defensa Nacional, Henry David Saenz Ramos, y la comandanta del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Jane Richardson, abrieron el evento, donde destacaron la importancia de la integración y de la necesidad de combatir las amenazas digitales.
La presencia de Richardson, quien llegó al país el lunes y se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, subraya el compromiso de EE. UU. para solventar problemas de la región, de tal cuenta que la funcionaria visitó Izabal, acompañada por autoridades del Ministerio de Gobernación, para conocer de cerca las acciones que se desarrollan en la frontera con Honduras.
Cortesía: PNC
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país, ayer se habilitó una sede de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 3 de Zacapa.
Werner Ovalle, viceministro Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, explicó que esta delegación coadyuvará a las “acciones operativas y estratégicas para cerrar las brechas e identificar a organizaciones que se dedican a estas actividades ilícitas”. El nuevo puesto policial cuenta con equipo apropiado para los 57 agentes asignados a la demarcación.
Resultados
Del 1 de enero al 14 de abril, la labor de la SGAIA ha incautado 747 millones 326 mil 874 quetzales en sustancias ilícitas, bienes, armamento y dinero en efectivo en todo el territorio nacional.
Se destaca el decomiso de 6 mil 015.41 kilogramos de cocaína, el cual supera los 2 mil 034.73 kilogramos confiscados en el mismo período en 2023.
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