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El jaqueo realizado por el colectivo Guacamaya y que derivó en la filtración de decenas de miles de documentos y correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde 2016 hasta la actualidad, da a conocer la vulnerabilidad del Ejército de México en relación con la ciberseguridad y evidencia violaciones a los derechos humanos, e incluso espionaje, según expertos.
“Revela incompetencia o un descuido por parte del Gobierno en la protección de ciberseguridad de sus instituciones, pero también la información que se ha descubierto está ya contribuyendo a investigaciones que previamente íbamos haciendo (relacionadas con violaciones a los derechos humanos)”, indicó en una entrevista Luis Fernando García, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, dijo que el Ejército y el Gobierno tienen “responsabilidad por omisión por las vulnerabilidades que hay en sus redes internas, en sus sistemas de seguridad cibernética”.
