Fotos: SCSPR

La próxima elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es trascendental para Guatemala. Por ello, se espera que sea transparente y limpia.

El pasado martes, el Congreso de la República convocó a conformar la Comisión de Postulación para la CSJ y Corte de Apelaciones. De acuerdo con la ley respectiva, este llamado debe hacerse seis meses antes de que los togados de turno cumplan su período, el cual vence el 12 de octubre de 2024.

“Entendemos que es un proceso fundamental, porque nos estamos jugando el futuro de la democracia del país. Con una fase sin presiones por parte de grupos criminales, vamos a tener la posibilidad de rescatar las instituciones de Justicia”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo, después de una cita en Santa Elena, con alcaldes de Petén.

“En esto, esperamos contar con el concurso de todos los actores del Estado, pero habrá que pedirles que tengan claro de qué lado están: de la democracia y el pueblo o de los corruptos de siempre”,
agregó el jefe de Estado.

Electricidad y Fonpetrol

Luego de décadas de mal servicio en el fluido eléctrico en Petén, se hicieron las pruebas finales para la construcción y conexión de una línea de transmisión que beneficiará a gran parte del mencionado departamento.

“Esta conectará a Morales, Izabal, hasta Modesto Méndez, y agregará 25 megavatios más a la potencia anterior”, expresó el gobernante.

En relación con el Fondo del Petróleo (Fonpetrol), el mandatario afirmó que el tema fue abordado con los alcaldes. “Les hicimos ver que es un fondo en el que contribuye el conjunto de la actividad petrolera del país, no únicamente un pozo como Xan que está por ser cerrado, por operar ilegalmente en una zona protegida.

En el fondo contribuyen todas las compañías petroleras, especialmente las que están empezando a encontrar gas natural en Petén”, destacó el dignatario.

Recordó que Perenco opera ilegalmente el pozo Xan, gracias a una extensión del contrato que se hizo de manera ilegal hace 15 años. “No se van a extender permisos que no estén en plena legalidad”, puntualizó.

En cobán

Más tarde, el dignatario se reunió en Cobán, con jefes ediles de Alta Verapaz. Con ellos revisó el estado de proyectos que incluyen agua y saneamiento.

El presidente aseguró que el gobierno que dirige junto a la vicemandataria Karin Herrera continuará con estrategias y programas que contribuyan a reducir los índices de desnutrición en ese departamento.

Se trabaja en estrategias con las que esperan mejorar las condiciones de vida de los altaverapacenses, concluyó.

Proyectos bajo análisis

Las obras paralizadas en el departamento de Petén fue uno de los temas abordados ayer por el presidente Bernardo Arévalo con alcaldes del mencionado departamento.

“Se les hizo ver que están en proceso de revisión los contratos para entender las razones por las que han sido suspendidos y no tienen fondos asignados.

Se define si un problema de corrupción o administrativo ha generado el retraso”, afirmó Arévalo.

En relación con algunos planes de desarrollo, dijo que no están detenidos porque se ha autorizado que esa labor que cumplen los gobernadores sea ejecutada por los directores de los consejos de desarrollo.

Wendi Villagrán

El desembolso de 22 millones 278 mil 777.1 quetzales en concepto de indemnización y pago de prestaciones a nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado malestar social y críticas entre los guatemaltecos.

El abogado Edgar Ortiz calificó esta acción como una “mala práctica” que debe ser eliminada. Según Ortiz, resulta ilógico indemnizar a funcionarios que ocupan cargos de período fijo, ya que su cese está programado y es parte inherente de su función.

“Le exigimos a la Corte Suprema que revise esos acuerdos, pues no tiene ningún sentido que los magistrados gocen de esos beneficios y debe ser algo que cambie con la actual magistratura”,
declaró Ortiz.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, respaldó estas opiniones y argumentó que las
autoridades no deberían recibir dichos privilegios, en especial, cuando existen instituciones equivalentes donde los mandos no gozan de tales ventajas.

Nueve años en el poder

El período en el que los exmagistrados ocuparon sus cargos se prolongó debido al retraso en la elección de togados a la CSJ y Salas de Apelaciones, entre 2019 y 2024.

Esta demora obligó a la magistratura designada para el período 2014-2019 a extender sus funciones, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de la prórroga.

En 2023 asumió la actual Corte, lo que desentrampó el proceso para liquidar las prestaciones e indemnizaciones a los salientes.

Desde los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad del OJ, se informó que fueron indemnizados únicamente nueve de los 13 exintegrantes de la Corte, pues uno de ellos fue reelecto y los otros tres eran suplentes.

Por indemnizaciones se entregaron 8 millones 999 mil 553.76 quetzales a los funcionarios judiciales, y por concepto de prestaciones fueron desembolsados 13 millones 279 mil 223.30.

La expresidenta de la CSJ Silvia Valdés fue la magistrada que recibió la mayor compensación, con más de 3 millones de quetzales, mientras que los otros ocho recibieron 2.5 millones de quetzales cada uno.

Luis Carrillo Fotógrafo: Archivo

Los casos por corrupción en el Estado salen cada vez más a luz. Ya se trabaja con instituciones públicas para presentar otras denuncias por actos anómalos de gran impacto.

Así lo informó Santiago Palomo, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Las acciones legales más cercanas vendrán de los ministerios de Desarrollo (Mides) y de Educación (Mineduc).

Pese a que no puede revelar detalles por cuestiones de seguridad del trabajo que se desarrolla, Palomo anticipó que vienen grandes procesos penales, que se darán a conocer en los próximos días.

“Seguimos con el firme compromiso de apoyar a las instituciones en los esfuerzos por esclarecer hechos anómalos. Una vez se desarrolle y recabe la información correspondiente se presentarán las denuncias”, dijo el funcionario.

El titular de la CNC explicó que estos tocarán temas que afectaron los servicios básicos y que son graves porque atañen a la salud de los niños, el derecho a la educación y a la infraestructura del país, como carreteras, por lo que oportunamente se dará a conocer cada detalle.

Aclaró que también se da acompañamiento y asesoría a las carteras de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Cultura y Deportes.

Por último, comentó que está por lanzarse el tablero donde estarán colgadas las denuncias presentadas en las instancias respectivas, debido a que es un compromiso del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y de la vicemandataria Karin Herrera. Será una herramienta para transparentar y dar seguimiento a los casos.

Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), calificó como positivas estas acciones, las cuales deben ser investigadas y evaluadas por el
Ministerio Público (MP).

“Vemos que actualmente la Comisión Nacional contra la Corrupción ha tenido resultados en cuanto a la funcionalidad que se le encomendó, porque hay que tener presente que fue reformada en el gobierno actual”, resaltó el experto.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Mario León