Edgar Ortíz Romero
Abogado constitucionalista
Recientemente se instalaron las nuevas Salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2024-2029. Al no lograr consenso interno, la presidencia fue asumida interinamente por el vocal I, el magistrado Carlos Lucero, quien dirigió un discurso.
Una parte de su intervención destacó: “Hemos escuchado el clamor de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca con relación a que ya estamos hartos de la confrontación y de la persecución política, pues se cree o se sospecha que la justicia se ha politizado y que la política se ha judicializado. Yo creo que es tiempo de acabar con esos estereotipos que solo nos han llevado a la confrontación y desestabilización…”.
La justicia en Guatemala ha sido claramente politizada y utilizada como herramienta para silenciar a opositores, periodistas críticos y operadores de justicia.
La justicia en Guatemala ha sido claramente politizada y utilizada como herramienta para silenciar a opositores, periodistas críticos y operadores de justicia que han investigado a figuras políticas influyentes. Para lograr esto, se han apoyado en ciertos juzgados y fiscalías específicas.
Irónicamente, el mismo día de la juramentación de las altas cortes, el Ministerio Público consiguió una orden de captura contra Ramiro Muñoz, registrador de ciudadanos que se disponía a ser magistrado de la Corte de Apelaciones.
No es necesario debatir los méritos de la acusación, ya que la detención parece un castigo por no haberse sumado en 2023 para cancelar el partido del gobierno, en medio de intentos de algunos operadores de justicia de desconocer las elecciones de 2023.
Al intentar pagar la fianza impuesta por el juez décimo, Ramiro Muñoz fue detenido nuevamente y trasladado al Juzgado Tercero Penal, donde se emitió otra orden de captura por abuso de autoridad con propósito electoral, incumplimiento de deberes y resoluciones inconstitucionales. Este proceder es una maniobra para castigar a quienes no se alinean con ciertos intereses gubernamentales, evidenciando así un uso parcializado y político de la justicia en casos específicos.
En contraste, la reciente liberación del periodista Jose Rubén Zamora se ha visto como una bocanada de oxígeno frente a la repetida embestida judicial contra críticos de la agenda antidemocrática, y ojalá sea una señal de cambio en la dinámica judicial.
Ojalá las palabras del presidente en funciones de la Corte sean escuchadas. Asimismo, el diputado Luis Aguirre y otros políticos han pedido frenar la politización, lo que sería el primer paso para restaurar la confianza en una justicia con muchas deudas pendientes con la población.
