El Congreso de la República resaltó la postura del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) acerca de la aprobación en 2022 del Decreto 5-2022, el cual reformó la Ley de Migración y estableció penas contra el delito de tráfico de personas.
Raúl Góngora, subdirector de Control Migratorio del IGM, se refirió a las bondades de esta normativa, específicamente en las que estipulan sanciones drásticas como prisión y pago económico para quienes son sorprendidos en el traslado, de forma ilegal, de guatemaltecos y extranjeros.
Con estas acciones, los diputados de la IX Legislatura han tenido como prioridad velar por la vida de los guatemaltecos.
Este acto ilícito se ha convertido en un negocio que genera beneficios para los traficantes y el crimen organizado. Es uno de los medios por los cuales miles de personas, nacionales y foráneas son engañadas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de esclavitud.
“Con las reformas se dieron las herramientas necesarias a las entidades encargadas de velar por la población migrante, como el mencionado instituto, Ministerio Público (MP) y División de Puertos, Aeropuertos y Puntos Fronterizos (Dipafront), de la Policía Nacional Civil (PNC)”, expuso Góngora al Legislativo.
Según las estadísticas, los más vulnerables al tráfico humano por parte de los coyotes son los originarios de Huehuetenango, San Marcos y Petén. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no arriesgar su vida, su salud y economía. Actualmente, el IGM tiene 22 delegaciones en el ámbito nacional y brinda control en fronteras, aeropuertos y zonas marítimas para impedir el éxodo irregular.
