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Regular la IA en Guatemala (II)

Reflexiones tecnológicas

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Luis Assardo
Periodista e investigador
[email protected] 

Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos hacerlo como si se tratara de una sola cosa. Pero “la IA” es un paraguas que cubre tecnologías muy distintas entre sí. Y entender esa diferencia es clave si queremos discutir cómo regularla.

No es lo mismo un sistema que recomienda videos en una plataforma que uno que decide si una persona obtiene un crédito, ni mucho menos uno que genera textos, imágenes o voces sintéticas. Tampoco es lo mismo un modelo que clasifica datos que otro capaz de producir contenido nuevo. 

Por eso, regular “la IA” como si fuera un bloque uniforme suele ser un error. Algunas aplicaciones requieren normas estrictas (modelos con ciertas capacidades, nivel de entrenamiento y si se usan de forma local) porque pueden afectar derechos directamente. Otras necesitan reglas más orientadas a la transparencia y la responsabilidad.

Las malas definiciones suelen producir malas decisiones. La confusión puede afectar las libertades digitales.

El problema es que muchas discusiones legislativas empiezan al revés: primero se habla de prohibiciones o controles y después se intenta entender qué tecnología se está regulando. En un campo tan complejo, ese orden puede producir leyes ineficaces o normas que terminan afectando innovación local sin tocar realmente los riesgos más grandes.

También es importante considerar el impacto laboral. Algunas aplicaciones de IA automatizan tareas repetitivas, pero otras comienzan a transformar trabajos que hasta hace poco parecían exclusivamente humanos: redacción, diseño, atención al cliente o programación inicial. 

Considerar los abusos. Las mismas herramientas pueden utilizarse para desinformación, suplantación de identidad o manipulación política. No todas las IA generan el mismo tipo de riesgo, pero ignorar esas diferencias dificulta responder a las amenazas reales.

Si los legisladores quieren regular con criterio, el primer paso es comprender qué están regulando y luego redactar leyes. Las malas definiciones suelen producir malas decisiones. Y en el caso de la inteligencia artificial, esa confusión puede afectar la innovación y las libertades digitales.

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