Aprobado el 16 de diciembre de 2019, el Reglamento Operativo del Fondo para la Vivienda (Fopavi) para Otorgamiento del Subsidio Directo presenta “vacíos legales y procesos débiles” que facilitan la corrupción.
Así lo dieron a conocer ayer autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), durante una conferencia de prensa en la que detallaron las anomalías descubiertas durante el diagnóstico que hicieron a esa institución.
Walter Monroy, director del Fopavi, explicó que el artículo 32 del documento, Modalidad de Pago y sus Requisitos, establece cuatro desembolsos por proyecto.
El primero, por el 30 por ciento del costo total de la obra; el segundo, por otro 30 por ciento; un tercero, por la misma cantidad y el último, por el 10 por ciento, que deben corresponder a avances físicos de las obras. Sin embargo, el diseño del Reglamento, en su artículo 45, Criterios para el Anticipo o Pago Total del Subsidio Directo, permite que cuando la obra tenga un avance físico del 70 por ciento se complete el pago en un 90 por ciento, y es cuando los contratistas abandonan la construcción.
Las autoridades indicaron que solo en una reunión, el 21 de noviembre de 2023, la administración anterior conoció el Acta 13-2023, que dio viabilidad a 10 mil 664 subsidios, por un monto de 373 millones 240 mil quetzales, comprometiendo un 50 por ciento el presupuesto del Fopavi para 2024.
Monroy resaltó que, al efectuar una revisión aleatoria de 1 mil 177 expedientes de10 mil 664, se descubrió que 459 casos tienen de una a cuatro irregularidades, por lo que no debieron ser aprobados.
Pidieron asesoría
Jazmín de la Vega, titular del CIV, informó que ya solicitaron el acompañamiento y asesoría de la Comisión Nacional contra la Corrupción, así como de la Contraloría General de Cuentas, para profundizar en las investigaciones y presentar las denuncias.
Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, esta malversación de fondos públicos ha sido posible porque los gobiernos anteriores han priorizado el saqueo de las instituciones, con personal y empresas que se prestan a esas acciones.
Recomendó depurar a quienes podrían estar involucrados en estos hechos y hacer cambios en los mecanismos internos.
Estafas a comunitarios
Entre los hallazgos que hicieron las autoridades, identificaron un supuesto proyecto en la lotificación Cañadas de Guatelinda, en el municipio y departamento de Escuintla, cuyo código no existe en los registros del Fondo para la Vivienda (Fopavi) y por el cual se estafó a 143 beneficiarios con un total de 51 mil quetzales, que fueron solicitados por personas que no pertenecían a la institución.
De igual manera, ubicaron otra lotificación inexistente que ofrecía la compra de lotes en Conguaco, Jutiapa, y por el cual fueron estafadas 215 familias, quienes hicieron depósitos bancarios por 3 mil y hasta 10 mil quetzales, a nombre de presuntos representantes de empresas constructoras avaladas por Fopavi. Por este caso ya existe una denuncia en el Ministerio Público interpuesta por los afectados.
Escuelas en el abandono
En el marco de la conferencia por las anomalías descubiertas en el Fondo para la Vivienda (Fopavi), la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega, informó que personalmente supervisó ayer los avances en el remozamiento de la Escuela Oficial Urbana Mixta 903, ubicada en la colonia Los Granizos, zona 7 capitalina, la cual no presenta avances significativos.
Se explicó que el proyecto fue asignado a la empresa ARINSA, S. A., que el año pasado recibió el 91.32 por ciento de los fondos asignados para las mejoras en el inmueble, pero no los hizo.
Según los registros de la citada cartera, esta misma compañía tiene contratos para las mejoras en otros seis centros, por los cuales también ha recibido desembolso, pero los trabajos no han sido completados.
