EN EL PAÍS
Refuerzan seguridad fronteriza para prevenir el tráfico ilícito de personas
El Gobierno de Guatemala, por medio de la Coordinadora Multisectorial del Ministerio de Gobernación (Mingob), con apoyo del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) y del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), ejecuta el Plan Interinstitucional de Seguridad, para prevenir la migración irregular y fortalecer el combate al tráfico ilícito de personas y la trata en sus distintas modalidades.
El plan estratégico está conformado por 11 puestos de control en los que hay presencia de distintas entidades gubernamentales. Estos puntos están instalados de manera estratégica por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala en zonas fronterizas y principales rutas de Izabal, Zacapa, Petén, Chiquimula, Suchitepéquez, Huehuetenango, San Marcos y Guatemala.
El titular del Mingob, David Napoleón Barrientos, indicó que el tema de la migración se debe abordar de una manera integral. Por tal motivo, el Gobierno impulsa muros de prosperidad, con la finalidad de generar oportunidades laborales e inversión internacional en el país.
El funcionario enfatizó en la importancia de hacer un llamado en el ámbito regional para homogenizar el abordaje del fenómeno migratorio, con la finalidad de salvaguardar la soberanía y brindar una protección adecuada a quienes transitan por el país y son víctimas del delito de tráfico ilícitos de personas. Por ello, se unifican esfuerzos interinstitucionales para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas al coyotaje.
En esta línea de trabajo, las fuerzas de seguridad verifican que las personas que ingresen al territorio nacional cumplan los requisitos migratorios establecidos por las autoridades guatemaltecas.
También solicitan solvencias a guatemaltecos y extranjeros que transitan a bordo de vehículos, motocicletas y buses de transporte colectivo. Además, se asegura que no se trasladen objetos ilícitos que puedan vulnerar la seguridad nacional.
La inspección para verificar si el país cumple con las medidas de seguridad en el sistema aeroportuario, especialmente en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), concluyó ayer por parte de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).
“Tuvimos la reunión de cierre con los delegados que practicaron la auditoría”, confirmó Azucena Zelaya, directora interina de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La funcionaria refirió que hay que esperar para conocer el informe oficial y determinar las acciones correctivas que haya que hacer. El referido documento podría estar disponible en un plazo aproximado de dos meses, afirmó.
La evaluación busca determinar si se respetan los protocolos, lineamientos, y planes nacionales, entre otros, en materia de aeronavegabilidad. Durante la auditoría se inspeccionó si, por ejemplo, se hacen patrullajes en las instalaciones internas así como en los alrededores del aeródromo y si los usuarios pasan por los escáneres, para verificar qué artículos ingresan y cómo lo hacen.
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar la apelación promovida por Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos (Usac), lo que obliga al Consejo Superior Universitario (CSU) a convocar, en un plazo no mayor de 15 días, a sesión para elegir Vocal I de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Esta decisión se da luego del fallo emitido el 23 de septiembre por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que, en calidad de Tribunal de Amparo, otorgó un recurso a favor de Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y otros representantes del CSU. Esta resolución ordenaba que en un plazo de cinco días se convocara a dicha elección.
La presidenta en funciones, Karin Herrera, expresó que la decisión de la CC representa una oportunidad para fortalecer la democracia dentro de la casa de estudios. “Es tiempo de que la comunidad universitaria se reúna en torno al legado de nuestros líderes y mártires universitarios, construyendo juntos un futuro”, compartió.
Derivado de la denuncia ciudadana, se originó un enfrentamiento armado entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y presuntos ladrones de automóviles, que dejó como cauda la muerte de uno de los sospechosos y la captura de un menor de edad herido.
Con la pronta acción de los agentes del orden, se logró frustrar el robo de una camioneta tipo agrícola azul policromado, en la calzada Atanasio Tzul y 46
calle, zona 12 capitalina.
El automotor había sido robado en las afueras de un centro comercial de la zona 11 y, tras recibirse el reporte, policías de la Comisaría 14 efectuaron un operativo que logró localizar y detener a los sospechosos. Al intentar interceptarlos, se produjo una balacera que dejó fallecido a Kevin Eduardo Vásquez Coro de 22 años. Durante la acción, la PNC incautó un revólver calibre 38.
