Una de las acciones que realizan las autoridades gubernamentales es devolverle a la Policía Nacional Civil (PNC) la fuerza necesaria para combatir los hechos delictivos en el país.
La institución ha ido mostrando resultados exitosos en año y cinco meses. Logros indiscutibles como el decomiso histórico de estupefacientes en 2024, la captura en lo que va de 2025 de más de 600 extorsionistas puestos tras las rejas, la desarticulación de grupos criminales, la aprehensión y luego extradición de personas requeridas por gobiernos extranjeros, así como la pronta detención de los supuestos responsables de diversos actos cometidos contra la integridad del pueblo digno, son apenas algunos ejemplos.
De todos es sabido que las fuerzas de seguridad permanecieron en abandono por mucho tiempo. La cantidad de agentes que se agregraban era poca para la demanda de efectividad que requiere la población.
Hoy está en marcha un proceso para la incorporación de 3 mil 500 nuevos integrantes y la respuesta es bastante alta. Más de 17 mil jóvenes, principalmente de la provincia, hacen las gestiones para ingresar a la PNC.
En la actualidad participan en distintas pruebas físicas, de conocimiento y sobre todo de integridad, la cual tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y de la Unidad Especial Antinarcóticos del Ministerio de Gobernación, con el objetivo de seleccionar a los mejores elementos para vigorizar el recurso humano de una entidad sumamente importante.
Los que se clasifiquen pasarán por las aulas policiales durante 10 meses a partir de septiembre próximo.
Se busca que los nuevos uniformados salgan preparados mediante un modelo educativo enfocado en generar conocimientos, habilidades y actitudes en el marco del servicio de protección ciudadana.
Como mencionan diversos analistas, el desafío es asegurar la calidad, la enseñanza y la preparación especializada que deben tener los agentes antes de salir a las calles a imponer el orden.
La Política Nacional de Seguridad, actualizada en noviembre pasado por el Gobierno, retomó los principios y pilares del modelo de protección democrática ajustado al contexto actual, el cual prioriza la interrelación de la prevención, el bienestar social y económico de los individuos.
Los principios que rigen este accionar están basados en la primacía de la persona humana, observancia de las garantías constitucionales , Estado de derecho, ejercicio de los controles, diálogo, igualdad y equidad, así como pluralidad.
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