La iniciativa 6594, que impulsa la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), avanza luego de obtener el dictamen favorable de la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso. El proyecto, que moderniza la protección a la niñez, fortalece la defensa del Estado y actualiza el marco legal vigente desde 1948, espera su primer debate en el Pleno.
El objetivo es crear una estructura eficaz para atender desafíos actuales: violencia contra menores y litigios que comprometen recursos públicos. La propuesta coloca la atención social como eje estratégico para asegurar tutela oportuna y resultados visibles.
Uno de los pilares es el fortalecimiento de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia. La norma amplía sus facultades para dirigir investigaciones, coordinar intervenciones urgentes y representar legalmente a menores sin tutor o en peligro.
El documento señala que el trabajo actual “muchas veces se ve limitado”, por lo que se requieren acciones ágiles en abandono, trata o agresiones dentro del hogar. Con ello, la PGN podrá garantizar respuestas rápidas y acompañamiento integral.
Defensa y modernización
El segundo se enfoca en resguardar bienes públicos y el patrimonio nacional. El proyecto agiliza procesos con plazos ampliados para contestaciones y la no obligación de fianzas. Además, prohíbe condenar a la PGN en costas judiciales y ratifica que el Estado es agraviado en delitos de corrupción, lo que permite reclamar reparación y evitar nuevas irregularidades.
El tercer componente plantea reorganización interna con seis órganos principales bajo la dirección del Procurador General. El diseño incorpora jerarquía y división del trabajo para ampliar presencia territorial. La ley fija un plazo máximo de seis meses para emitir el reglamento, con el fin de asegurar una transición ordenada.
La descentralización facilitará atender casos en municipios alejados y acercar servicios en todo el territorio. En conjunto, la propuesta representa un cambio estructural alineado al mandato constitucional de protección estatal.
La actualización normativa responde a un país con mayores demandas sociales y necesidad de acciones más firmes en justicia.
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