COLUMNAS
Reflexiones sobre el uso de TIC en los juzgados
Pablo Cantillana
Investigador
A la fecha han pasado más de dos años desde la publicación de la Ley
N° 21.394 que introdujo reformas al sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, permitiendo de una buena vez, la incorporación de la tecnología en los procedimientos conocidos por los Juzgados de Policía Local en Chile.
Y decimos de una buena vez porque quizás fue lo que a muchos les faltó cuando en 2015 se celebró la entrada en vigor de la Ley N° 20.886 que modificó el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales.
A pesar de este gran avance, un número importante de casos aún debían seguir atados al sistema antiguo de tramitación de causas, a saber, las causas de competencia de los Juzgados de Policía Local.
En el papel todo parece perfecto, pero en la práctica actualmente muy pocos juzgados tienen “medios idóneos” para comparecer vía
videoconferencia.
Con todo, la Ley N° 21.394 trajo consigo buenas noticias en esta materia ya que en su artículo 9° dispone una serie de modificaciones a la Ley N° 18.287 que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local.
Entre lo estipulado por esta norma destaca la posibilidad de solicitar la notificación a través de correo electrónico; la opción de constituir patrocinio y poder a través de medios electrónicos; y instancia de comparecer a través de videoconferencia a las audiencias fijadas por el juez.
Esta última opción quedó amarrada a un requisito especial, pues sólo se podrá comparecer mediante videoconferencia en caso de que el Juzgado cuente “con los medios idóneos para ello” (parte final del Artículo 7 de la Ley N° 18.287).
En el papel todo parece perfecto, pero en la práctica actualmente muy pocos juzgados tienen “medios idóneos” para comparecer vía videoconferencia.
En el Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos desarrollando un estudio sobre el impacto de las TIC en el sistema de justicia chileno, en donde de manera preliminar hemos podido advertir que existe una clara brecha de acceso a la justicia en este punto.
Aquellos usuarios que no pueden asistir de manera presencial a una audiencia -adultos mayores, extranjeros residentes en Chile o personas con alguna condición de discapacidad- se ven privados de su derecho a defensa.
Lo anterior se agrava cuando evidenciamos que en los juzgados de policía local existe la posibilidad de que en ciertas causas (generalmente en casos de baja complejidad y cuantía Artículo 7 de la Ley N° 18.287) las personas pueden comparecer personalmente, sin la necesidad de contar con la representación de un abogado.
En estos casos, la imposibilidad de comparecer de manera virtual a las audiencias decretadas por el juez, puede ser una variable que desincentive la resolución de conflictos en los juzgados de policía local.
Las razones que justificarían la decisión de limitar la comparecencia remota en los juzgados de policía local se deben a una cuestión presupuestaria. No todas las municipalidades pueden garantizar medios para la realización de estas audiencias.
De esta forma, el no de los juzgados de policía local apunta a la desigualdad en los recursos de las municipalidades y a la falta de medios idóneos para llevar esto adelante (Unidad de investigación y coordinación del Ministerio de Justicia, 2020).
El Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas ha avanzado en este tema identificado los beneficios de los sistemas de videoconferencia en los tribunales de justicia (Informe Acceso a la Justicia y Utilización de TIC en la Justicia, 2023) por lo que su no uso en los juzgados de policía local a la fecha no tiene una justificación razonable.
Entonces, ¿por qué no?
Fernando Soto,
Director de Fomento de las Artes, Ministerio de Cultura y Deportes
Guatemaltecos, cuyos nombres han trascendido las fronteras de nuestro país por su valor artístico, forman una constelación de estrellas en el firmamento del arte nacional. Nombres como Joaquín Orellana, Carlos Mérida, Efraín Recinos o Miguel Ángel Asturias, son algunas de estas figuras del arte nacional que dan renombre a Guatemala en el universo artístico.
El Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, constitucionalmente tiene la obligación primordial de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional y, anualmente, reconoce a los artistas por medio de la entrega de los Premios por Trayectoria y Aportes al Desarrollo del Arte.
El Estado tiene la obligaciòn de proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional.
Marimba, teatro, danza, música, artes visuales y artes circenses son las disciplinas en las que se premia a mujeres y hombres guatemaltecos dedicados al arte nacional, enalteciendo, reconociendo y valorando a las y los guatemaltecos dedicados al quehacer artístico nacional.
Durante el año se entregan los premios a los artistas en cada una de las disciplinas en las que han destacado, contribuyendo al desarrollo del arte, ya sea por medio de la docencia, la proyección de su arte como destacado intérprete, o la labor creadora de obras artísticas, fruto de años de dedicación y esfuerzo, sirviendo como ejemplo a las nuevas generaciones de niños y jóvenes que inician o se están formando en el arte y, a la vez, proyectando su obra creadora a la sociedad guatemalteca, dejando un legado artístico que muestra la grandeza del arte a nivel nacional e internacional.
Educadores que transmiten a las nuevas generaciones su conocimiento y experiencia en las escuelas de arte, conservatorios o academias comunitarias que existen en el territorio nacional; dramaturgos, compositores y coreógrafos que plasman en su obra historias y vidas, paisajes sonoros, lenguajes corporales cadenciosos con el fin de transmitir una idea, un momento, un mensaje, un recuerdo o una realidad; músicos, actrices y actores, bailarinas y bailarines, escultores y pintores, payasos, acróbatas y magos que han dejado su vida en las tablas, en teatros, en galerías, en parques, iglesias, edificios, en festivales o en donde se pueda hacer un escenario o montar una exposición y presentar ante un público diverso y colorido el fruto de la obra creadora
individual o colectiva.
Mientras sigamos reconociendo y valorando a nuestros artistas, seguiremos llenando de estrellas el firmamento artístico de nuestra Guatemala.
El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial destaca las principales amenazas que enfrentará el mundo. Entre las más urgentes para los próximos dos años se encuentran la desinformación, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social, ciberataques y los conflictos armados.
La desinformación, entendida como información falsa difundida sin intención y como aquella creada deliberadamente para engañar, destaca como una de las amenazas más preocupantes. Dentro de este fenómeno, se incluyen las deepfakes: videos o audios generados con inteligencia artificial que imitan a personas reales diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural.
Estas herramientas, que utilizan modelos de aprendizaje profundo para crear contenido casi indistinguible de la realidad, están ahora al alcance de cualquiera con acceso a un software básico, convirtiéndose en una poderosa arma de manipulación.
En un país como Guatemala, donde persiste la polarización política y la desconfianza en las instituciones, las deepfakes representan un riesgo enorme.
La rapidez con la que se difunde la información a través de plataformas como Facebook, WhatsApp o TikTok, sumada a la tendencia de la población a consumir información superficial sin verificarla, crea un terreno fértil para el éxito de este tipo de
manipulaciones.
Crear un deepfake no requiere de equipos sofisticados; basta con programas accesibles y suficiente material visual de la persona que se desea imitar. Casi cualquiera con intenciones maliciosas puede producir contenido para difamar a figuras públicas, marcas o influir en decisiones políticas y sociales. En un país donde muchos ciudadanos se quedan en la superficie de lo que ven o escuchan, las consecuencias pueden ser tremendas.
Vivimos en una era de sobrecarga de información y contenido instantáneo, donde la veracidad de los hechos importa menos que las emociones que estos generan.
Campañas de desprestigio y contenidos falsos no solo capturan la atención del público y manipulan sus percepciones, sino que también distorsionan la verdad y alimentan la polarización social, aumentando el clima de desconfianza.
A nivel global, estudios como los del MIT han demostrado que las noticias falsas y los deepfakes, se difunden más rápido y llegan más lejos que las noticias verdaderas, especialmente en el ámbito político. Esto se debe a su novedad, apariencia y a su capacidad de generar emociones fuertes como miedo, disgusto y sorpresa, haciéndolas más propensas a ser compartidas en redes sociales.
No se trata solo de una amenaza tecnológica, sino también de un reto cultural. Las redes sociales, que surgieron como espacios para la libre expresión, hoy pueden adormecer el razonamiento crítico, convirtiendo a los usuarios en presa fácil de la manipulación. En lugar de profundizar y cuestionar, muchos se quedan en la superficie de los titulares y contenidos virales, adoptando posturas emocionales antes que basadas en hechos.
Como ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad ante esta amenaza. No debemos consumir toda la información que nos llega sin cuestionarla. Necesitamos practicar un escepticismo saludable, fomentar la alfabetización mediática, la cultura de verificación y análisis crítico educándonos para identificar y combatir la desinformación.
Si no aprendemos a discernir entre la verdad y la manipulación, seguiremos siendo vulnerables y presas fáciles. Solo con una ciudadanía informada y crítica podremos proteger nuestro derecho a tomar decisiones .
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas
CONADI, Guatemala.
En Guatemala, se estima que 1,025,465 personas viven con al menos una dificultad, lo que equivale al 9.53% de la población total. Durante muchos años, las personas con discapacidad en nuestras comunidades han sido olvidadas y excluidas de diversos ámbitos sociales.
Este es un tema de preocupación para el Comité de Expertos de las Naciones Unidas, que, desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Guatemala, ha emitido 83 observaciones y recomendaciones al Estado guatemalteco.
Las OMD representan el enlace entre las personas con discapacidad y las entidades municipales.
Para cumplir con estas recomendaciones el CONADI, cuenta con el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad. A través de sus delegados departamentales trabaja con organizaciones e instituciones dedicadas a las personas con discapacidad.
El objetivo es influir en la voluntad política de las autoridades para que integren la temática de discapacidad en los Planes, Programas, Proyectos y Políticas municipales.
En seguimiento a este mandato, CONADI colabora activamente en la Comisión Departamental de Discapacidad (CODEDIS) y con la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS); y a partir de la publicación del Acuerdo Gubernativo 137-23024, el pasado 2 de septiembre en el Diario Oficial, el CONADI podrá participar con voz y voto en los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (CODEDES).
Estos esfuerzos buscan fomentar la participación ciudadana y crear espacios específicos para la instalación de Oficinas Municipales de Discapacidad en los municipios del país.
Hasta la fecha, se han establecido 131 Oficinas Municipales de Discapacidad (OMD) y 2 Direcciones Municipales de Discapacidad (DMD), que sirven como enlace directo entre las personas con discapacidad y sus familias en cada municipio.
Las aperturas más recientes incluyen las oficinas de Santa Catarina Mita, Jutiapa; Melchor de Mencos, Petén; Samayac, Suchitepéquez, San Rafael las Flores, Santa Rosa; Olopa y Quezaltepeque en Chiquimula; así como en Jocotenango y Pastores en Sacatepéquez.
