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NACIONALES

“Reducir la pobreza y dar protección social son las prioridades”

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Como un mecanismo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  Guatemala ha llevado a cabo una priorización de metas, por medio de la Metodología para la integración de la Agenda 2030 en la planificación nacional, mediante la identificación de eslabones y nodos críticos, un instrumento presentado recientemente en la Organización de las Naciones Unidas por parte del titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Miguel Ángel Moir. El funcionario expone, en las siguientes líneas, los detalles de la referida herramienta.

Estuvo recientemente en la ONU, por el tema de los ODS. ¿Cuál fue el papel de Guatemala?

Participamos en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU. En ese marco, Guatemala presentó un instrumento que sirve para anclar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la planificación nacional.

Es un trabajo que elaboramos junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y lo que se pretende es llevar a los países un instrumento para que puedan adaptar la agenda internacional a la local; en nuestro caso, al Plan Nacional de Desarrollo K’atun, nuestra Guatemala 2032.

¿Qué obtienen las naciones con el mecanismo?

Se ofrece a los países una herramienta técnica para el cumplimiento de la resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015, en la cual todos los países deben adaptar el compromiso a la realidad nacional. Esta metodología permite eso, y se puso a disposición de los 193 países que conforman la instancia global.

La presentación fue valorada; y ahora las naciones pueden utilizarla como una referencia del ejercicio hecho en Guatemala, y, de acuerdo con sus propias realidades y necesidades, definir sus prioridades de desarrollo, como ya lo están en nuestro país.

¿Cuáles son esas prioridades nacionales?

Cabe indicar que se logró capitalizar 10 prioridades y 16 metas. Las prioridades son: la reducción de la pobreza y la protección social; acceso a los servicios de salud; acceso al agua y gestión de los recursos naturales; seguridad alimentaria y nutricional; empleo y promoción de la inversión; valor económico de los recursos naturales; educación; fortalecimiento institucional, seguridad y justicia; gasto social y reforma integral, y el ordenamiento territorial.

Las últimas dos son condiciones que debe tener el Estado de Guatemala. Elevar el gasto social y meterse a una reforma fiscal integral permitirá oxigenar y dar recursos a las finanzas del Estado para financiar el desarrollo. El ordenamiento territorial generará condiciones en las comunidades, ya que permitirá la alineación a las prioridades locales y la actualización de los planes de desarrollo municipal. Esas condiciones conllevarán a que los bienes y servicios lleguen a donde tienen que llegar, y comenzar así el proceso de
transición al progreso que el país necesita.

¿Y las metas?

Guatemala priorizó 129 de las 169 metas de los ODS e hizo un análisis y un ejercicio de correlación mediante la metodología mencionada. De esa cuenta, con las 80 metas de K’atun más las 129 de desarrollo sostenible priorizadas se hizo una correlación, y ahora hay una alta conciencia en 99 metas, que contienen unas a otras; algunas están en el lenguaje de desarrollo nacional, y otras en el de los ODS.

Las 99 metas se distribuyeron en las 10 prioridades, por lo cual el país tiene ahora 16 metas, las que debe iniciar su proceso de implementación mediante la institucionalidad pública, y darle seguimiento estableciendo las líneas basales y las mediciones  y los indicadores.

¿Cómo será la implementación, y quiénes participan?

Todo esto se hace mediante una estrategia de implementación, que partió con la coordinación política y técnica, en la cual participaron todos los actores y sectores que son corresponsables del desarrollo; entre estos, la iniciativa privada, la sociedad civil, los tres poderes del Estado y la cooperación internacional.

Después se plasmó en una declaración que firmaron los tres organismos del Estado, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la iniciativa privada y la cooperación internacional, para comprometernos a una agenda por el país, a una sola visión.

Se establecieron los medios de implementación y los arreglos institucionales, se hizo la metodología para adaptar la Agenda 2030 a la planificación nacional, y en eso se definieron los roles y competencias de cada sector. Asimismo, se integraron las 10 prioridades y posteriormente la planificación para el desarrollo, que es la etapa en la que actualmente estamos.

¿En qué consiste esa etapa?

No solo es actualizar el marco de políticas públicas relacionadas con las prioridades nacionales de desarrollo, sino, además, implica alinearlas a la planificación territorial en todos los niveles, definiéndolas con las diferencias y características socioeconómicas y ambientales de cada uno de los municipios. Con ello se logrará la actualización de sus líneas estratégicas de desarrollo diferenciadas.

La siguiente etapa de implementación es el financiamiento para el desarrollo. Ahí se requiere de contar con ingresos fiscales y una buena redistribución del presupuesto, y así adjudicar valor a las prioridades, en donde cada ministerio tiene rectoría y responsabilidades.

Como ejemplo están las acciones e intervenciones para la reducción de la desnutrición crónica, que, como una prioridad nacional, tiene una vinculación con una serie de programas y subprogramas, productos y subproductos que involucran a 17 instituciones, las cuales deben tener presupuesto. Lo que se busca es impactar en la reducción de 25 puntos porcentuales del padecimiento a 2032. Así como esa meta,
están definidas las demás.

Sobre la metodología, ¿hubo interés particular de algún país?

En la actividad paralela que organizaron Guatemala y la Cepal, los países mostraron su interés para dar cooperación sur-sur y asistir técnicamente a encaminar su proceso de alineación, priorización y jerarquización de necesidades. Tenemos dos demandas puntuales, de El Salvador y Perú, que han requerido una colaboración desde la Segeplan, para aplicar la metodología, la cual es un aporte que Guatemala está haciendo al mundo, para que los países encuentren la mejor ruta hacia su propio desarrollo.

Selvyn Curruchich
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Equipos especializados buscan a subinspector prófugo y a ciudadano

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Foto: PDH

Tres equipos especializados iniciaron ayer la búsqueda de Edy Leonel Vásquez Rabanales, subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), prófugo tras un incidente ocurrido el 18 de abril en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde un canadiense perdió la vida.

Además, se espera dar con el paradero de un guatemalteco desaparecido en conexión con el caso.
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, aseguró que se han desplegado todos los esfuerzos para localizar y capturar a Vásquez Rabanales, y destacó la colaboración con el Ministerio Público y la Interpol.

Custodio Boteo hizo un llamado al prófugo para que se entregue y colabore con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Además, destacó la participación de equipos multidisciplinarios, incluyendo a la comunidad, en la búsqueda del ciudadano.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, condenó los acontecimientos y aseguró que se utilizarán las capacidades disponibles para llevar a los responsables ante la justicia. “Estos malos agentes le fallaron a una comunidad de bien”, destacó, pero recalcó que no representan a la totalidad de los uniformados de la institución policial.

Durante la inauguración de una subestación de PNC en Monjas, Jalapa, el presidente Bernardo Arévalo reafirmó el compromiso de su gobierno por la seguridad ciudadana y rechazó cualquier tipo de abuso por parte de unos pocos agentes. “Es fundamental que la Policía esté, verdaderamente, al servicio de la población”, resaltó el mandatario, quien confiró en la integridad y compromiso de la gran
mayoría de policías.

Luis Carrillo
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Sala Legislativa busca mejorar acceso a medicamentos

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Con la finalidad de unificar seis iniciativas de ley sobre medicamentos, las cuales se han presentado desde hace algunos años por distintas bancadas, la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República trabaja para efectuar un solo dictamen.

La Sala Legislativa, presidida por Evelyn Morataya, indicó que se tiene una discusión seria, debido a que no quieren aprobar una norma que no sea la que la población requiere en estos momentos para tener acceso a medicinas de buena calidad y a buen precio, aunque agregó que no tienen una fecha estimada para presentar la iniciativa, ya reunida.

Se trata de las propuestas 6051 para el control de la calidad y precios de los fármacos, presentada en marzo de 2022; la 5901 de medicinas a precio justo, de abril 2021, y la 6336 de ahorro y salud hoy, febrero 2024.

También la 6350 de Liberación de medicamentos, y 6353 de Control de inventarios para adquisiciones en el sector salud de Guatemala; ambas, de marzo 2024, y la 6366 para el Acceso a medicamentos en el sector salud, abril 2024.

Los anteproyectos buscan obtener mejores servicios de adquisición, evitar que los centros asistenciales tengan desabastecimientos, discutir la competencia, el registro sanitario, equipo médico quirúrgico, exoneraciones, importaciones, recetas, compras, entre otras.

“La comisión mandó a que emita un dictamen único, con la consigna que se tomen las contribuciones que coincidan o aporten a un solo proyecto de ley”, refirió Otto Seisick, asesor del grupo
legislativo.

Giovanni Pérez Fotógrafo: Mariano Macz
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Afectados por delitos contarán con asistencia psicológica

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Víctimas de delitos recibirán atención psicológica y médica inmediata con la habilitación de la Clínica Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que comenzó a funcionar ayer en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial (OJ).

Ingrid Romero, directora general del Inacif, explicó que esta iniciativa representa un espacio dedicado a brindar un servicio oportuno y profesional a aquellos que han sufrido violencia delincuencial.

El nuevo recinto brinda desde medicina forense hasta análisis y acompañamiento emocional con un enfoque integral que, además, busca asegurar la preservación de evidencia crucial para investigaciones
judiciales.

Por su parte, Oscar Cruz, presidente del OJ, destacó que las acciones apoyan a la justicia, ya que proporcionan pruebas científicas que pueden ser utilizadas en los tribunales para esclarecer los hechos y responsabilidades en casos criminales.

Resaltó que la presencia de esta clínica dentro de las instalaciones del OJ simplifica el proceso de recolección de pruebas y agiliza los procedimientos legales, contribuyendo así a una administración más eficiente y transparente.

El togado resaltó que con el nuevo espacio, el OJ continúa su misión de garantizar el acceso a la justicia de manera oportuna, y sobre todo facilita la protección y el apoyo a las víctimas.

Luis Carrillo Fotógrafo: Danilo Ramírez
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